La propuesta en Reino Unido de retrasar intervenciones quirúrgicas a personas obesas y a fumadores ha reabierto un viejo debate cargado de polémica. La iniciativa se ha retirado pero los estados continúan a la búsqueda de fórmulas para suavizar el gasto sanitario, una de ellas es la corresponsabilización y el empoderamiento del paciente.
En un país como España el coste de la obesidad supone cerca del siete por ciento del gasto sanitario, según un estudio de 2014 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En todo el mundo, la cifra podría alcanzar al 2,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. El tabaquismo supondría un coste de en torno a 8.000 millones de euros al año, como refleja el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo.
A pesar de las cifras los expertos consideran que las medidas para reducir el gasto sanitario y el empoderamiento del paciente deben seguir otra vía. “Tanto el tabaquismo como la obesidad son factores de riesgo importantes para la salud, hasta cierto punto dependen de la persona, es decir, son reversibles si se cambia el comportamiento”, explica la presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), Beatriz González López-Valcárcel, en un comunicado.
La tesis de González es que los pacientes no son al 100 por 100 culpables del problema. “Las causas de su mal llamado estilo de vida se encuentran en los determinantes sociales de la salud, en los condicionantes del entorno físico y social en que vive esa persona, y no los ha elegido”.
Fernando Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) también defiende esta tesis. Artalejo argumenta que la medida sólo se basa en “criterios económicos” y es “injusta”. El catedrático subraya que “la dependencia nicotínica y la obesidad son enfermedades y aunque pueden hacer algo, no son totalmente responsables”.
Duda también de la eficacia de esta medida a largo plazo. “La mayoría no van a dejar de fumar y perder peso. Lo único que van a conseguir es diferir la cirugía y los costes. El impacto presupuestario es mínimo porque al final se va a tener que operar al paciente”, explica.
Falta de prevención
El Comisionado para la Equidad de la Alianza General de Pacientes (AGP), Ángel Gil, incide también la injusticia de una iniciativa de estas características. “Los gobiernos y las instituciones tienen que adoptar medidas en educación, formación, etc., y luego pueden exigir. Cuentan con un gran número de herramientas para evitar que el fumador y el obeso lleguen a esa situación”, destaca Gil.
El Comisionado para la Equidad reclama la necesidad de aprobar iniciativas orientadas a la mejora de los estilos de vida en el ámbito escolar y en los centros de trabajo. Gil advierte de que esta formación debería comenzar en la infancia. “Hay que intentar que las escuelas sean centros saludables. Se debería crear una estrategia para que se acreditara a los centros escolares con un sello de calidad en salud”, propone.
Una de las iniciativas que podrían dar resultado sería incrementar la inversión en prevención y en promoción de la salud, que en la actualidad supone el dos por ciento del gasto sanitario. Gil entiende que esta cifra debería ser de al menos el cinco por ciento para que las medidas contra la obesidad y el hábito tabáquico sean efectivas. “El gasto sanitario se reduce invirtiendo más en prevención y en promoción de la salud”, añade Gil.
El problema radica en la situación económica del Sistema Nacional de Salud (SNS). Antes del comienzo de la crisis, el gasto sanitario ascendía al 6,9 por ciento del PIB. Los recortes de las diferentes administraciones han llevado a situarlo en el 5,9 por ciento.
Este tipo de medidas cuentan con una ventaja en un entorno de contención del gasto como el actual. “Las medidas de prevención y formación son mucho más baratas”, insiste el Comisionado para la Equidad de la AGP.
Responsabilidad relativaEl presidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES), José María Abellán, se manifiesta en la misma línea. El Estado debe establecer mecanismos que ayuden a los colectivos afectados. “Si bien la exigencia de una cierta responsabilidad individual es insoslayable en aquellas sociedades que ofrecen una cobertura social a sus ciudadanos, no es menos cierto que dicha responsabilidad (o la falta de ella) no parece razonable que deba emplearse de forma categórica para establecer prioridades, sin antes haber intentado ayudar a los colectivos afectados”, advierte.
Abellán coincide en que la responsabilidad del paciente ante la obesidad y el alcohol es relativa. “Una de las dificultades que afronta la utilización del argumento de la responsabilidad individual como elemento para discriminar o priorizar entre pacientes, radica precisamente en la complejidad que entraña discernir hasta qué punto la enfermedad a tratar se ha producido a consecuencia de causas endógenas y controlables por el sujeto, o bien por razones exógenas (como puede ser, por ejemplo, un componente hereditario o el impacto traumático que ha podido tener un determinado evento)”, afirma el presidente de AES.
Ante esta situación, Abellán incide en la necesidad de buscar alternativas para priorizar y ordenar las listas de espera. “En este terreno, lo que evidencian los estudios disponibles, es que la gravedad es un argumento de primer orden para otorgar prioridad dentro de la lista, así como el hecho de que haya otras personas que dependan del paciente (descendientes o ascendentes), el estatus socioeconómico (dando prioridad a los más desfavorecidos frente a los más pudientes) o incluso la edad (en el sentido de otorgar prioridad a la infancia frente a la vejez, es decir, prioridad entre polos opuestos, pero no entre edades intermedias)”, explica. Ángel Gil sostiene que este problema de ordenación depende también de los recursos humanos, tras los recortes de plantillas que han sufrido los servicios sanitarios en los últimos años.
Fernando Artalejo subraya que la dependencia a la nicotina y la obesidad son enfermedades
AES tampoco cree que se pueda responsabilizar al paciente, pero pide que se prioricen las listas de espera
