El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha anunciado que en las próximas semanas tiene previsto intensificar las reuniones con los profesionales sanitarios con el fin de estudiar diferentes fórmulas que permitan mejorar sus condiciones laborales.
El consejero extremeño, que participó en la pasada semana en un encuentro organizado por Exceutive Forum España, confirmó que por el momento no se plantea recuperar la jornada de 35 horas semanales de los empleados públicos, a la vista de la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar el decreto impulsado en esta línea por la consejería andaluza.
Por otra parte, el consejero extremeño ha rebajado el tono en contra del nuevo reglamento del Consejo Interterritorial. En su intervención, se mostró favorable a su aplicación en casi todos sus aspectos esenciales. “No entiendo un Consejo Interterritorial que no sea ejecutivo. Debe estar impregnado de dos leyes que son la de Cohesión y la 40/2015. Es decir, hay que tratar de llegar a acuerdos por consenso pero si no, se aplica esta segunda legislación para que si la mayoría apoya una determinada actuación ésta sea vinculante. No nos podemos permitir 17 modelos de sanidad diferentes”, señaló.
Este cambio de postura —que el consejero niega y asegura haber mantenido siempre la misma posición— desencalla los principales problemas que encontraba el Ministerio de Sanidad con las comunidades regidas por gobiernos socialistas. Solo faltaría, según Vergeles, que la ministra de Sanidad ceda y no considere al Consejo Interterritorial como una conferencia sectorial.
Por otra parte, el consejero también criticó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por sus intromisiones en políticas sanitarias. Además, también mostró su disconformidad con el trabajo realizado por el comité de expertos en financiación autonómica emanado de la Conferencia de Presidentes. “Si finalmente se le da valor a ese documento yo entrego las llaves de la sanidad extremeña al Ministerio de Sanidad porque mi comunidad autónoma recibiría unos 200 millones de euros menos”, indicó.
