Falta de especialistas y reconocimiento profesional, un freno para la Salud Pública en España

Arce (C. Madrid), Torres (Canarias), Cremades (C. Valenciana) y Olmeda (UCM) destacan la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica, la interoperabilidad de sistemas y la especialización profesional para responder eficazmente a nuevas amenazas sanitarias.

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En un contexto marcado por desafíos epidemiológicos globales y locales, la mesa "Recursos y sistemas de información de vigilancia en Salud Pública. Presente y futuro", que se llevó a cabo en el II Foro de Universidad, Administración y Salud Publica, reunió a destacados expertos de diferentes ámbitos —administración sanitaria, universidad y salud pública— para debatir sobre la evolución y los retos pendientes de los sistemas de vigilancia en España.

En este debate, apoyado por CSL Seqirus, participaron Araceli Arce Arnáez, subdirectora general de Vigilancia en Salud Pública de la Comunidad de Madrid; Sonia Olmeda García, subdirectora de Investigación de la Fundación Complutense y profesora titular de la UCM; Álvaro Torres Lana, jefe de Vigilancia Epidemiológica del Gobierno de Canarias; y Alejandro Cremades, jefe de Sección de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Generalitat Valenciana. La mesa fue moderada por Jorge del Diego, asesor del Ministerio de Sanidad y ex Director General de Salud Pública de la Junta de Andalucía.

Sistemas de vigilancia: avances y limitaciones

El debate comenzó abordando la capacidad de los sistemas de vigilancia actuales para detectar y responder a amenazas sanitarias. Araceli Arce reconoció que, aunque se han producido mejoras significativas, aún persisten limitaciones: "Hemos mejorado bastante en sistemas de información, en estrategia, en coordinación. Pero las mejoras las catalogaría como más necesarias que logradas. Todavía tenemos sanitarios picando datos, dedicando hasta un 60-70% de su tiempo a obtener información para incorporarla a sistemas que deberían ser más eficientes".

Arce enfatizó la necesidad de digitalización y de que los profesionales de salud pública se centren en la interpretación de datos de calidad para la toma de decisiones: "Lo que necesitamos no es solo inteligencia artificial, sino digitalización real, que nos permita dedicar nuestro tiempo al análisis y la coordinación, y no a la obtención de datos".

Araceli Arce Arnáez, subdirectora general de Vigilancia en Salud Pública de la Comunidad de Madrid

Por su parte, Álvaro Torres destacó los avances derivados de la pandemia de COVID-19, aunque subrayó las desigualdades territoriales: "Cuando me incorporé a la salud pública en Canarias, más del 90% del personal estaba en comisión de servicios y sin formación especializada. Existe mucha rotación, porque al primer indicio se van al hospital. Esto nos obliga a formar continuamente, y aunque hay gente joven con ilusión, no podemos depender solo de voluntarismo".

Asimismo, Torres también subrayó la importancia de la integración entre la vigilancia y la asistencia sanitaria: "La pandemia nos enseñó que incorporar profesionales de hospital y de primaria en vigilancia ha fortalecido la comunicación".

Digitalización e interoperabilidad

La discusión se centró en la relevancia de los sistemas de información, especialmente para el registro y seguimiento de vacunación. Alejandro Cremades recordó la importancia de la interoperabilidad: "El registro de COVID demostró que se podía hacer seguimiento de vacunas y de nuevas enfermedades. Los retos ahora son tecnológicos y legales, pero estamos próximos a lograr una centralización que permita consultar datos dinámicamente, aunque las competencias sigan siendo autonómicas".

Alejandro Cremades, jefe de Sección de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Generalitat Valenciana.

La brecha digital entre comunidades autónomas fue un punto recurrente. Torres explicó que "la digitalización puede aumentar la inequidad territorial. Las comunidades punteras seguirán avanzando, pero las rezagadas se quedarán atrás. Incluso dentro de mi propia dirección general, hay quienes cuestionan la necesidad de personal en vigilancia porque 'todo vendrá automáticamente'".

Álvaro Torres Lana, jefe de Vigilancia Epidemiológica del Gobierno de Canarias

La necesidad de un lenguaje común entre profesionales sanitarios y técnicos de sistemas fue destacado por Cremades: "Uno de los retos principales es traducir lo que los sanitarios necesitamos a los informáticos. La experiencia ayuda, pero la figura de un intermediario que entienda ambos mundos acelera los procesos y evita errores de interpretación en la información que recibimos".

El valor de la investigación universitaria

Sonia Olmeda abordó la perspectiva universitaria y científica, resaltando la importancia de vincular investigación y servicio público: "La universidad tiene que ejercer un servicio a la sociedad. Muchas veces no somos conscientes de la repercusión de nuestra investigación hasta que aparece un problema real, como los primeros casos de enfermedad de Lyme en 2016. Es imposible aclarar estas situaciones sin la experiencia acumulada durante años".

Olmeda criticó los criterios de evaluación académica que desincentivan la investigación aplicada en salud pública: "Estamos publicando información útil en páginas web ministeriales, pero eso perjudica nuestro currículum. Deberíamos encontrar la manera de que la investigación con impacto social también cuente para la carrera académica y sea atractiva para jóvenes investigadores".

Sonia Olmeda García, subdirectora de Investigación de la Fundación Complutense y profesora titular de la UCM

La investigadora también subrayó la importancia del enfoque One Health, que integra salud humana, animal y ambiental: "Desde la universidad hemos superado la concepción clásica de la salud pública. Los alumnos entienden desde el inicio la relación entre higiene del ganado y salud del pueblo. Sin embargo, la implementación práctica aún enfrenta dificultades, especialmente en la coordinación multisectorial".

Recursos humanos y especialización

Uno de los temas más debatidos fue la escasez de profesionales y la dificultad para atraer talento a la salud pública. Torres afirmó: "La última OPE en Canarias fue en 1993, por eso la única forma de dotar de personal es mediante la Agencia Canaria de Salud Pública, que permitirá autonomía de objetivos, financiera y de recursos humanos. De otra manera, no podemos hacer atractiva la profesión".

En esta línea, Araceli Arce señaló en que la creación de agencias no garantiza automáticamente mejores recursos: "Durante unos años existió una agencia de salud pública en Madrid, que duró 3-4 años y luego se disolvió. El problema de fondo no es la forma jurídica, sino que la especialización en salud pública no se reconoce adecuadamente, y los profesionales reciben menor remuneración y reconocimiento que en el ámbito hospitalario".

El déficit de especialistas en medicina preventiva y salud pública también fue destacado como un freno a la profesionalización: "Tenemos una especialidad creada en los años 80, pero hoy solo se reconoce en servicios hospitalarios, no en salud pública autonómica ni en el Ministerio. Esto limita nuestra capacidad de respuesta y nos impide aprovechar al máximo la formación disponible", añadió Arce.

Coordinación territorial y centralización

La mesa abordó la coordinación entre el nivel central y las comunidades autónomas. Arce defendió un equilibrio entre servicios potentes a nivel autonómico y una coordinación estatal eficiente: "El riesgo ocurre en un sitio físico, y la respuesta debe darse con los medios de esa comunidad. El Estado debe ofrecer protocolos, conocimiento y coordinación, pero no puede sustituir la respuesta territorial. Potenciar la salud pública requiere servicios sólidos en las comunidades y buena transmisión de los mínimos acordados a nivel europeo".

Así, Torres complementó añadiendo que "la pandemia nos enseñó que podemos adaptarnos rápidamente a enfermedades nuevas si contamos con protocolos y expertos locales. La clave es combinar humildad para aprender de los expertos con experiencia previa en enfermedades conocidas, adaptando la respuesta al contexto territorial".

Los expertos coincidieron en que los sistemas de vigilancia en España han avanzado, pero que los retos siguen siendo considerables. Los principales desafíos que se identificaron:

  • La digitalización completa de los sistemas de información y la interoperabilidad entre comunidades autónomas.
  • La formación y retención de profesionales especializados, con reconocimiento y remuneración adecuados.
  • La coordinación efectiva entre universidad, administración y servicios de salud, para aprovechar la investigación y la experiencia científica en la vigilancia y prevención.
  • La equidad territorial, asegurando que todas las comunidades puedan acceder a herramientas y recursos de alta calidad.
  • La adaptación a nuevas amenazas sanitarias, desde enfermedades emergentes hasta riesgos ambientales, mediante protocolos flexibles y capacidad de respuesta local.

Como subrayó Araceli Arce: "Tenemos que tener unos servicios de salud pública potentes y hacer una buena coordinación, unos buenos protocolos y una transmisión eficiente de los mínimos europeos. Pero la respuesta la tenemos que dar desde el territorio y adaptarla a la realidad local".

Para Álvaro Torres, la integración entre vigilancia y asistencia, junto con la formación continua y la incorporación de perfiles tecnológicos y sanitarios, es clave para fortalecer la salud pública: "Hay que formar equipos multidisciplinarios que traduzcan el lenguaje entre sanidad e informática, y asegurar que el personal joven encuentre la profesión atractiva y profesionalmente reconocida".

Finalmente, Sonia Olmeda recordó la importancia de la colaboración con la universidad y la investigación aplicada: "La salud pública no es solo acto sanitario; incluye muchos factores sociales, ambientales y animales. La universidad tiene que ayudar a traducir esa información a la práctica y a los decisores para mejorar la respuesta a los riesgos reales de la población".

La mesa evidenció que la salud pública en España cuenta con bases sólidas, pero que su fortalecimiento depende de inversiones estratégicas en digitalización, personal y coordinación territorial, así como del reconocimiento de la especialización y del valor de la investigación aplicada. El consenso entre los expertos es claro: sin reforzar estos pilares, la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas sanitarias seguirá limitada.


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