El futuro de miles de proyectos de investigación biomédica en Estados Unidos ha quedado atrapado en una batalla judicial sin precedentes. El Tribunal Supremo decidió la semana pasada que los tribunales de distrito no podrán restituir las subvenciones canceladas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), aunque sí mantienen la anulación de las directrices internas que impulsaron esos recortes. En la práctica, la resolución introduce un complejo escenario en el que los investigadores pueden cuestionar la legalidad de las políticas, pero no recuperar fácilmente los fondos que sustentaban sus proyectos.
Las directrices del NIH respondían a órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump firmadas a comienzos de 2025. Entre otras medidas, prohibían financiar investigaciones vinculadas a diversidad, equidad e inclusión (DEI), identidad de género o COVID-19, y vetaban que los criterios raciales influyeran en la concesión de becas. En este sentido, el Tribunal de Distrito de Massachusetts consideró estas normas como arbitrarias y discriminatorias, de tal modo que estarían provocando la cancelación masiva de subvenciones a estudios sobre VIH, Alzheimer, salud cardiovascular o prevención del suicidio.
En este contexto, el Tribunal Supremo decidió partir en dos la respuesta judicial. Por un lado, avaló que los tribunales de distrito puedan seguir revisando si las directrices del NIH violaron la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Eso significa que esas normas siguen anuladas de forma provisional y no se pueden aplicar mientras continúe el litigio en apelación. Por otro, sostuvo que las reclamaciones para recuperar los fondos cancelados deben presentarse en el Tribunal de Reclamaciones Federales, un foro especializado en disputas contractuales con el Gobierno de Estados Unidos que no siempre ofrece vías efectivas para restituir el dinero perdido.
En este sentido, la decisión refleja fuertes discrepancias dentro del propio Tribunal Supremo. Cuatro magistrados conservadores habrían dado la razón completa al Gobierno y permitido mantener tanto las cancelaciones como las directrices. Otros cuatro jueces, encabezados por la magistrada Ketanji Brown Jackson, denunciaron que la mayoría está creando un laberinto procesal que deja a los científicos sin un remedio real y que pone en riesgo avances esenciales en salud pública. La juez Jackson alertó de que, con esta fórmula, la investigación biomédica podría quedar paralizada y miles de ensayos clínicos interrumpidos de forma irreversible.
En el centro del debate se encuentran los llamados fondos DEI, que durante años permitieron impulsar programas de equidad en la investigación y garantizar representación de minorías en estudios clínicos. Su supresión masiva, ejecutada en menos de tres meses, supone un golpe para universidades, hospitales y centros de salud comunitarios en todo el país. Ahora, mientras los tribunales resuelven si el Gobierno de Estados Unidos actuó dentro de la ley, el desenlace marcará no solo el futuro de estos proyectos, sino también la relación entre la ciencia y el poder político en Estados Unidos.
