El sistema sanitario de Galicia da un paso firme y ambicioso en la protección de sus profesionales. El Consello de la Xunta acaba de aprobar el proyecto de Ley de modificación de la Ley de salud de Galicia, una reforma integral cuyo objetivo es reforzar la protección del personal sanitario ante la creciente tendencia de violencia en este ámbito.
La Xunta ha declarado la “tolerancia cero con las conductas violentas” que pongan en riesgo la integridad del personal, tanto en centros públicos como privados. Tal y como explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, esta modificación implica la puesta en marcha de nuevas medidas clave que repasamos en este artículo.
Además, el Consejero de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó que, ante la tendencia creciente de violencia, la ampliación de acciones era necesaria, especialmente con medidas de carácter preventivo diseñadas para evitar la aparición de nuevos episodios de agresión. "Queremos poner los medios y recursos para prevenir y atajar todo acto violento contra las personas que cuidan y velan por nuestra salud", señaló el Consejero, recordando la necesidad de adaptar la normativa actual, que databa de 2008, a la realidad de hoy.
Ampliación histórica de la protección: todos los profesionales, dentro y fuera
Una de las modificaciones más significativas es la ampliación de la definición de personal del ámbito sanitario a efectos de violencia, extendiendo la protección a prácticamente todo el personal que interactúa con el sistema de salud.
La ley concreta que la protección se extiende a todo el personal que realiza actividad sanitaria de carácter asistencial, o con funciones de administración, admisión, inspección, o traslado de pacientes. Se incluye a cualquier profesional que, sin ser estrictamente asistencial, tenga relación con la actividad en centros sanitarios, domicilios del paciente o dispositivos de transporte sanitario o de atención urgente.
Además, el texto extiende todas las medidas de prevención y protección a todo el sistema sanitario de Galicia, sin importar si la titularidad del centro es pública o privada.
Galicia, pionera en la defensa del 061
Un punto crucial que marca un hito a nivel nacional es la inclusión específica de los técnicos de emergencias sanitarias. Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma en establecer sanciones por agredir a los técnicos de emergencias sanitarias del 061. Esta medida responde a un compromiso de la Consellería de Sanidade con las asociaciones que representan a estos trabajadores, quienes presentan un "alto nivel de exposición" a los riesgos de agresiones.
Respuesta a las nuevas formas de violencia: la amenaza digital
El proyecto de ley se adapta a la realidad de hoy en día al incluir la violencia digital como una conducta reprochable y sancionable, además de la tradicional violencia física y verbal. Esta violencia digital incluye aquella ejercida por pacientes, familiares o acompañantes contra los profesionales de la sanidad.
Asimismo, el concepto de agresión se extiende para aplicarse también a las agresiones que ocurran fuera de los recintos sanitarios, siempre que estas tengan lugar con ocasión de la prestación de asistencia o del desempeño de las funciones de los profesionales. Complementando esto, la ley introduce un nuevo deber para la ciudadanía, que es el de respeto de la honra y el prestigio profesional del personal de salud, estableciendo el incumplimiento de este deber como una infracción.
Sanciones y movilidad
La nueva normativa introduce un cambio significativo en el capítulo de infracciones y sanciones para dar un tratamiento específico a las agresiones y actitudes violentas.
Para los supuestos de infracción grave o muy grave cometida en el sistema público de salud gallego, podrán acordarse sanciones accesorias. Como medida novedosa para proteger al profesional agredido, a la persona infractora podrá serle asignado un profesional sanitario distinto o su adscripción a un centro sanitario diferente dentro de la misma localidad, por un plazo que no superará los cinco años.
Apoyo integral
La ley también refuerza las garantías y la protección de los profesionales que son víctimas. La ley prevé la posibilidad de articular medidas de movilidad laboral si así lo desean.
Además, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ofrecerá apoyo psicológico al personal agredido en la sanidad pública y pondrá a su disposición un servicio encargado de tramitar las denuncias. En los casos que se precise, la víctima podrá contar con la representación y defensa por parte de los letrados de la asesoría jurídica de la Xunta.
Regulación de las grabaciones sin consentimiento
El Consejero de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, fue muy claro al explicar la regulación de una práctica cada vez más habitual: las grabaciones sin consentimiento en las consultas. Gómez Caamaño indicó que el proyecto de ley "regula las grabaciones sin consentimiento en consultas".
Estas grabaciones o coacciones al profesional serán entendidas como una quiebra de la relación de confianza. Si esto ocurre, el profesional tendrá la potestad de suspender la asistencia, dejando constancia de la situación en la historia clínica. No obstante, el Consejero enfatizó que, "quedando en todo caso garantizada la atención sanitaria del usuario".
Plan de prevención y registro de actos violentos
Para formalizar la estrategia de protección, se introducen dos herramientas clave: un plan de prevención contra la violencia y un registro de actos de violencia en el ámbito sanitario. El Plan Gallego de Prevención contra la Violencia en el Ámbito Sanitario será el instrumento que garantizará el derecho de todos los profesionales a recibir asistencia y protección de las administraciones públicas y servicios de salud. El Plan incluirá medidas organizativas dirigidas a evitar situaciones de violencia y atenuar sus efectos, y será de aplicación en todos los centros asistenciales de la sanidad pública.
En cuanto al Registro Gallego de Actos de Violencia Externa en el Ámbito Sanitario, se crea para evaluar la situación e inscribir todos los actos de violencia que resulten sancionados.
Además de estas herramientas, la ley hace hincapié en la prevención mediante la formación específica, que incluye actividades conjuntas con interlocutores policiales y sanitarios y la creación de cursos específicos.
Estas modificaciones legales, cuya redacción tuvo en cuenta numerosas aportaciones de profesionales, asociaciones y representantes de los trabajadores, buscan prevenir ante todo los actos de violencia que puedan sufrir aquellos que tienen la labor esencial de cuidar de la ciudadanía. El texto será ahora remitido al Parlamento para su tramitación y posterior entrada en vigor.
Si antes los profesionales dependían de defensas puntuales contra agresiones, ahora Galicia les proporciona un escudo completo que no solo castiga las ofensas ya cometidas, sino que también asegura que la víctima reciba soporte inmediato y que el agresor sea apartado para proteger la integridad del equipo sanitario.
