Hoy la ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido ante la Comisión de Sanidad del Congreso para explicar los cambios en la convocatoria anual de formación especializada y las líneas de trabajo del Ministerio en el presente año, como avanzamos en Gaceta Médica. En ese marco, la titular del departamento ha aprovechado su intervención para anunciar un nuevo paso en relación con la implantación del registro de objetores de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Durante su discurso, García ha defendido que la legislación española «reconoce el derecho individual de los profesionales directamente implicados a ejercer la objeción de conciencia», pero ha subrayado que ese derecho «no puede impedir el acceso efectivo de las mujeres a la prestación». En esa línea, ha reivindicado el registro de objetores como «una herramienta organizativa básica» para que el sistema sanitario pueda planificar la prestación y garantizar su ejercicio también dentro de la sanidad pública.
La ministra ha enmarcado este movimiento en la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva de 2023 y en el protocolo común aprobado por el Consejo Interterritorial en diciembre de 2024 para la creación de estos registros en todo el territorio. Según ha explicado, el siguiente paso del Ministerio será remitir «en los próximos días» una carta a todas las comunidades autónomas para solicitar información detallada sobre cómo están organizando esta prestación, qué centros con servicios de ginecología y obstetricia realizan interrupciones voluntarias del embarazo, cuál es la distribución de profesionales objetores y qué medidas de gestión están adoptando para garantizar que el servicio se presta de forma efectiva.
En su intervención, García ha sostenido que todas las comunidades autónomas han ido dando pasos para aplicar ese acuerdo «salvo una»: Madrid. La ministra ha señalado expresamente que en la región el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo continúan derivándose a clínicas privadas, y ha vinculado esa situación con la actuación posterior del Ministerio de Sanidad para activar los mecanismos legales previstos con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley.
A partir de ahí, la ministra ha endurecido el tono político contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta haya reiterado su rechazo a aplicar el registro. «El empeño personal de esta ministra es otro: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres», ha afirmado García, que ha insistido en que «en España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién. Se cumplen. Punto. Y las resoluciones judiciales, exactamente igual: se acatan».
Asimismo, ha recordado que el ordenamiento jurídico español prevé responsabilidades para las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a cumplir resoluciones judiciales u órdenes de la autoridad competente. Con esa referencia, la ministra ha cargado contra la posición de la Comunidad de Madrid y ha advertido de que «Madrid no puede seguir siendo un territorio donde el derecho al aborto quede bloqueado por la cerrazón ideológica de su presidenta».
García ha cerrado este bloque de su comparecencia asegurando que las mujeres madrileñas «tienen exactamente los mismos derechos que las mujeres del resto del país» y que el Ministerio seguirá trabajando «con todas las herramientas legales y políticas a su alcance» para que ese derecho pueda ejercerse de manera real también dentro del sistema sanitario público madrileño.
Los últimos movimientos en Madrid
En los últimos días, el foco se ha situado en la respuesta de la Comunidad de Madrid a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ordenó al Ejecutivo autonómico iniciar de inmediato los trámites para poner en marcha el registro de objetores de conciencia en el ámbito de la IVE. El Gobierno regional trasladó entonces que la decisión judicial afectaba a la medida cautelar, pero no suponía todavía un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Tras esa resolución, la Comunidad de Madrid anunció que presentaría recurso contra la cautelar. Fuentes del Ejecutivo madrileño defendieron ante Gaceta Médica que la región ya está cumpliendo tanto con la garantía del derecho de objeción de conciencia de los médicos como con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo, por lo que la batalla jurídica seguirá abierta en los tribunales.
A ese escenario se sumó después la reafirmación pública de Isabel Díaz Ayuso en su rechazo al registro ante la Asamblea de Madrid el pasado jueves. En concreto, la presidenta madrileña insistió en que no va a «señalar a nadie» y defendió que en Madrid sí existe acceso al aborto, en un contexto de fuerte choque político con el Ministerio y de creciente presión judicial sobre la implantación del registro.
