La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles en el Pleno del Congreso que la falta de médicos en el Sistema Nacional de Salud «no se resuelve con un solo botón» y ha apelado a la colaboración de todas las administraciones para afrontar el déficit de profesionales sanitarios.
En respuesta a una pregunta de la portavoz de Sanidad de ERC, Etna Estrems, García ha recordado que la formación de un médico requiere «como mínimo 10 años» y ha vinculado la situación actual con «10 años de recortes». Según ha señalado, durante los gobiernos del Partido Popular se ofertaban alrededor de 6.000 plazas de formación sanitaria especializada para médicos, frente a las más de 9.000 actuales.
La ministra ha subrayado que el Gobierno ha incrementado un 40% las plazas de formación sanitaria especializada y que también ha impulsado el aumento de plazas en universidades públicas de Medicina. En concreto, ha cifrado en un 15% el incremento de plazas universitarias, con una inversión estatal de 58 millones el primer año y 28 millones en cada uno de los dos ejercicios siguientes, pese a que —ha remarcado— no se trata de una competencia directa del Ministerio de Sanidad.
Estrems había denunciado la situación en Cataluña, donde, según expuso, muchas plazas de Medicina son ocupadas por estudiantes «de paso», mientras jóvenes catalanes no pueden acceder a universidades de su territorio. La diputada republicana criticó el modelo de distrito universitario único y defendió que los estudiantes puedan formarse y trabajar «en su casa» y en su comunidad.
En su réplica, García admitió que existe un problema de arraigo territorial en el acceso a Medicina y se mostró abierta a estudiar medidas junto al Ministerio de Ciencia. No obstante, advirtió de que algunas comunidades autónomas «están rompiendo la baraja» al «asfixiar» a las universidades públicas.
«Hay comunidades que están reduciendo sus plazas y hay comunidades que están privatizando ese acceso, esa igualdad de oportunidades», afirmó la ministra.
García defendió que cualquier reforma debe garantizar tres principios: «Equidad en el acceso, igualdad de oportunidades y arraigo territorial». «Claro que los estudiantes deberían poder quedarse a estudiar en el sitio donde están arraigados, donde tienen su casa, su familia», concluyó.
