Ayer se publicó en el BOE el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que garantiza la atención sanitaria a las personas extranjeras sin residencia legal en España. Una iniciativa que generó críticas por parte de la Oposición acerca de la viabilidad de su aplicación y del impacto negativo en las listas de espera y la atención en el SNS. Un día después, el Ministerio de Sanidad ha dado un nuevo paso con la firma de una orden ministerial por la que se crea la Mesa de análisis para la implementación del Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, un órgano con el que el departamento que dirige Mónica García busca hacer seguimiento de la aplicación de la norma y reforzar la coordinación con las comunidades autónomas.
En este sentido, la creación de este nuevo órgano en la necesidad de homogeneizar la aplicación de la normativa en el Sistema Nacional de Salud y de detectar problemas en su desarrollo, para lo que apuesta por un cauce «estable y estructurado» de diálogo entre el Ministerio, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y las organizaciones sociales.
De este modo, según la información difundida por Sanidad y el texto de la orden, la nueva mesa nace con la misión de analizar cómo se están aplicando las normas, un principio que el Ministerio sitúa como uno de los fundamentos del sistema público. El documento enmarca esta iniciativa en la necesidad de reducir las diferencias territoriales detectadas en la aplicación de la normativa sobre cobertura sanitaria, especialmente en relación con la población extranjera que se encuentra en España sin residencia legal.
La orden establece que este órgano impulsará un análisis periódico sobre la aplicación de las normas de acceso en los servicios autonómicos de salud y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). También tendrá funciones de asesoramiento para el diseño e implantación de mecanismos que favorezcan la accesibilidad universal al sistema, así como de evaluación de las medidas adoptadas para mejorar ese acceso.
Entre sus cometidos figura, además, la puesta en marcha de medidas divulgativas y acciones de comunicación para informar y orientar tanto a profesionales sanitarios como a la población general sobre las vías de acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. A ello se suma la colaboración en iniciativas formativas y el impulso al intercambio de buenas prácticas entre administraciones en materia de cobertura sanitaria.
En cuanto a su composición, la mesa estará presidida por la Secretaría de Estado de Sanidad y contará con representantes de todas las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla que deseen participar, además de varias direcciones generales del ministerio y del INGESA. La orden incorpora también ocho vocalías para organizaciones sociales con experiencia en el derecho a la salud y el acceso al sistema sanitario, de las cuales al menos dos deberán corresponder a entidades de población migrante residente en España.
El pleno de la mesa se reunirá al menos dos veces al año y podrá crear grupos o subgrupos de trabajo para abordar cuestiones concretas relacionadas con la cobertura sanitaria. Sus acuerdos, no obstante, no tendrán efectos directos sobre terceros, ya que se configura como un órgano colegiado de análisis, diálogo y colaboración adscrito al Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría de Estado. La orden añade que su creación no supondrá incremento de gasto público y que producirá efectos desde el día siguiente al de su firma.
