La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta anunciara que su Gobierno recurrirá el real decreto que garantiza la atención sanitaria a extranjeros sin residencia legal en España aprobado recientemente por el Ejecutivo central. En este sentido, Ayuso había justificado el recurso asegurando que está «en contra del turismo sanitario» y también «en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventar los servicios públicos». Motivo por el que, según dijo, la Comunidad de Madrid volverá a acudir a los tribunales contra el decreto.
Frente a ello, la ministra ha querido desmontar ese planteamiento y ha subrayado que «el derecho a la atención sanitaria a las personas que viven ya en nuestro país, está reconocido desde el año 1986». Desde esa premisa, ha defendido que el nuevo real decreto se limita a «eliminar las trabas burocráticas» que, según denunció, habían sido impuestas entre otros por el propio Ejecutivo madrileño.
En un tono especialmente duro, García ha afirmado que a Ayuso «le molesta que quien tiene derecho a la atención sanitaria la reciba» y ha advertido de que el Ministerio no permitirá que «su racismo se interponga y contamine nuestra sanidad pública».
Además, la titular de Sanidad ha insistido en que el recurso anunciado por la Comunidad de Madrid no supone realmente un pulso con el Ministerio o con el Gobierno de España, sino un ataque directo a la propia sanidad pública. A su juicio, lo que está en juego es un modelo de país «que no deja a nadie atrás» y que reconoce la atención sanitaria a quienes residen y trabajan en España, también en la región madrileña.
Además, ha rechazado que la presión sobre los servicios públicos tenga su origen en la atención a personas migrantes. Según su argumentación, «lo que de verdad está desguazando nuestra sanidad» no es cuidar de esos pacientes, a los que ha definido como «nuestros vecinos y nuestras vecinas que son parte de Madrid», sino «los chanchullos del entorno de la señora Ayuso con el grupo Quirón».
La ministra también ha utilizado precedentes judiciales para cuestionar la viabilidad de la ofensiva anunciada por la presidenta madrileña. En concreto, ha comparado este nuevo recurso con el conflicto abierto anteriormente por la Comunidad de Madrid en torno al registro de objetores del aborto. García ha recordado que Ayuso «ya se dio de bruces» cuando intentó negarse a crear ese registro y, según ha remarcado, la Justicia terminó obligando al Ejecutivo autonómico a cumplir la ley.
Con esa referencia, la ministra ha querido trasladar la idea de que el anuncio de la presidenta madrileña puede acabar teniendo el mismo recorrido que aquella batalla judicial. De hecho, se ha mostrado convencida de que volverá a suceder: «En este caso, estoy segura de que va a ocurrir lo mismo». En este contexto, la ministra ha trazado una línea roja al asegurar que «la ley y la sanidad universal no se tocan».
