El Ministerio de Sanidad ha dado un paso más en su pulso con las comunidades gobernadas por el Partido Popular. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el inicio de un procedimiento legal contra la Junta de Andalucía y otros ejecutivos autonómicos por no remitir los datos de los programas de cribado de cáncer. «Hoy iniciamos el procedimiento legal que se resume en un requerimiento formal y legal que le hacemos a la Junta de Andalucía y al resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular», explicó García.
El requerimiento, amparado en la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, exige la revisión inmediata de los indicadores del programa poblacional de cribado de cáncer, que, según recordó la ministra, fueron pactados con todas las comunidades autónomas. Según Sanidad, se trata de una medida amparada también en la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley General de Salud Pública, que obligan a las administraciones a cooperar y facilitar la información necesaria en materia de salud pública. «En este país la ley se cumple y punto», recalcó.
«Si no recibimos los datos, lo siguiente es un recurso contencioso-administrativo«
García advirtió que, si las comunidades del PP no remiten la información requerida, el Gobierno acudirá a la vía contencioso-administrativa. «Si no recibimos esa información en un plazo, la siguiente acción legal es un recurso contencioso-administrativo», señaló. La ministra insistió en que el objetivo del Ejecutivo es defender el derecho de la población a una prevención eficaz del cáncer, recordando que los datos «no son de los gobiernos, son de la ciudadanía”.
La titular de Sanidad acusó directamente al presidente andaluz, Juanma Moreno, de «negligencia y mala gestión» en el programa de cribado de cáncer de mama. «Desde el año 2021, estas mujeres llevan denunciando y sufriendo la incompetencia del señor Moreno Bonilla», afirmó, en referencia a su reciente encuentro con la asociación de mujeres AMAMA en Sevilla. «Cuando falla un programa de cribado no se pierden datos, se pierden vidas», añadió, advirtiendo que los fallos en Andalucía «no comenzaron el año pasado, sino hace más de tres años».
Un mes de plazo para responder al requerimiento
García precisó que, tras el requerimiento formal, «tienen un mes las comunidades autónomas para contestar y para remitirnos la información que se desprende de las diferentes leyes». La ministra de Sanidad subrayó que se trata «de un problema de salud pública» y que el Ministerio tiene «la obligación de hacer una vigilancia en salud pública».
Además, García advirtió que después del plazo entrarían «en un recurso contencioso-administrativo», un procedimiento al que también podría enfrentarse la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «si no cumple en el plazo de dos semanas con la Ley del Aborto y con el registro de objetores de conciencia».
«El PP debe abandonar este modelo de gestión»
En un tono firme, García denunció que «el Partido Popular debe abandonar este modelo de gestión de sus propias crisis, basado en el desprecio a las víctimas, las mentiras y los ataques». A su juicio, los gobiernos autonómicos del PP «tienen que decidir si están del lado de la transparencia o de la deslealtad institucional». Y añadió: «O están encubriendo al señor Moreno Bonilla o encubren su propia negligencia. En cualquier caso, están fallando a la ciudadanía y poniendo en riesgo la confianza en el sistema sanitario».
La ministra insistió en que el Ministerio «no va a permitir» que las omisiones autonómicas afecten a la salud de las mujeres. «Las mamografías en este país son sagradas. La salud de las mujeres en este país es sagrada. Nuestro sistema sanitario es sagrado», declaró, visiblemente contundente. A ello, añadió que «no hay ningún cálculo electoral ni interés partidista que esté por encima de la sanidad pública».
«Privatizar genera desconfianza en la sanidad pública»
García aprovechó su intervención para criticar el modelo de gestión sanitaria del Partido Popular, al que acusó de «descapitalizar y trocear la sanidad pública». «Hay gobiernos que no creen en el modelo público y lo han ido rompiendo, privatizando y troceando, ya sea dando 5.000 millones a Quirón o externalizando los servicios de mamografía», sostuvo.
La ministra subrayó que uno de los mayores peligros del modelo liberal defendido por el PP es que genera desconfianza en el sistema público.»Una de las cosas en las que se apoya la privatización tiene que ver con la desconfianza en la sanidad», explicó. También, recordó la confianza de los ciudadanos: «Cuando un ciudadano tiene un problema grave, confía 100% en su sanidad pública», poniendo como ejemplo el papel del sistema durante la pandemia.
Para concluir, García reivindicó el papel del Estado como garante de la salud y anunció que Sanidad prepara una ley de gestión pública e integridad del sistema sanitario «para que no se pueda trocear, descapitalizar ni mercadear con un valor tan esencial como es la protección de la salud».
La ministra cerró su comparecencia asegurando que el Gobierno no cederá ante la opacidad ni la negligencia: «La prevención del cáncer es el alma mater de nuestro sistema sanitario y no permitiremos que la desidia de unos pocos ponga en riesgo la salud de todos».
