El Gobierno autoriza el reparto de 172,4 millones de euros a las CCAA para reforzar la Atención Primaria

La mitad de los fondos irán a parar a las CCAA que cumplan ciertos requisitos, como implantar medidas para cubrir puestos de difícil cobertura o priorizar el nombramiento de enfermeras especialistas.

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El Gobierno ha acordado, en Consejo de Ministros, la distribución de créditos correspondientes al ejercicio de 2025, por un total de 172.425.000 euros, destinados al desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. Esta propuesta, del Ministerio de Sanidad, será posteriormente sometida a la aprobación definitiva del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Los fondos, que se reparten entre todas las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para Ceuta y Melilla, tienen como objetivo consolidar el desarrollo del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027. Un plan que constituye "la hoja de ruta estatal para fortalecer el primer nivel asistencial, asegurando su calidad, equidad y sostenibilidad", expone el Ministerio.

"La AP es el eslabón fundamental de nuestro sistema sanitario: no es la puerta de entrada, sino el corazón del sistema. Resuelve el 80-90% de los problemas de salud de la población", ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Por ello, ha indicado que esta área necesita "refuerzo".

Objetivos prioritarios

La dotación presupuestaria busca impulsar la mejora de los servicios de Atención Primaria mediante distintas líneas de acción, como:

  • Ampliación de los procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, con el fin de mejorar la capacidad resolutiva en este nivel asistencial.
  • Optimización de procesos administrativos, reduciendo la carga burocrática que enfrenta el personal sanitario.
  • Impulso de soluciones de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta, facilitando la labor clínica.
  • Renovación de infraestructuras y equipamiento clínico, modernizando los centros de salud y dotándolos de los medios necesarios.
  • Fomento de las Escuelas de Salud para la Ciudadanía y de programas como el de Paciente Experto/a y Persona Cuidadora Experta, que fortalecen el autocuidado y la participación comunitaria.
  • Implementación de programas de detección temprana de violencia de género en el ámbito de Atención Primaria.
  • Interoperabilidad de las historias de salud digitales, integrando la información entre Atención Primaria, Hospitalaria y Sociosanitaria.
  • Fomento de proyectos orientados a garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud y la continuidad asistencial, para personas en situación de sinhogarismo con alteraciones o descompensaciones en su estado de salud, priorizando aquellas actuaciones que aborden la necesidad de un recurso habitacional como un determinante clave de la salud.
  • Vinculación con herramientas de recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios desde la Historia de Salud Digital.

Criterios y condicionantes del reparto

El 50% del crédito se reparte directamente a todas las comunidades y al INGESA en función de la población protegida, la superficie, la dispersión y la insularidad. La otra mitad de los fondos, que seguirán los mismos criterios, se reserva para las comunidades que se comprometan a cumplir, antes del 31 de diciembre de 2025, los siguientes requisitos estratégicos:

  • Publicación de una nueva oferta de empleo público que incluya todas las categorías de Atención Primaria, contribuyendo a la estabilidad del personal sanitario.
  • Implantación de medidas para garantizar la cobertura de puestos de difícil cobertura, alineadas con lo acordado en el seno del CISNS.
  • Nombramiento prioritario de enfermeras especialistas, promoviendo su incorporación efectiva al sistema sanitario y reforzando su papel en la atención integral.
  • Acciones para garantizar la estabilidad del 100% de las unidades docentes acreditadas, asegurando la calidad de la formación de nuevos profesionales.

"Así aseguramos que estos fondos van a parar a CCAA que cumplen unos requisitos mínimos. Es un impulso extra que damos desde el Gobierno sin olvidar que las CCAA tienen la competencia de gestionar todos los planes de AP", ha reseñado la ministra. Las comunidades que no acrediten documentalmente el cumplimiento íntegro de estos compromisos no podrán acceder al tramo condicionado de los presupuestos en 2026, en caso de existir crédito disponible.