Juan Fernando Muñoz es el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, un puesto desde el que lidera la modernización tecnológica del SNS y su adaptación a los retos que aceleró la pandemia. Bajo su responsabilidad se agrupan los grandes proyectos de salud digital y sistemas de información: desde la elaboración y gestión de los sistemas que ordenan la información sanitaria hasta la identificación de la población protegida y el acceso a la información clínica y terapéutica, además del control de la información sanitaria en el marco competencial del Ministerio.
Con formación técnica y directiva —licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Dirección de Sistemas y TIC y programa de alta dirección en políticas públicas—, Muñoz pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado. Su trayectoria en la Administración le ha situado durante más de dos décadas en puestos clave vinculados a las TIC: fue subdirector general adjunto y posteriormente subdirector general de Tecnologías de la Información del Ministerio de Sanidad, y director general de Salud Digital y Sistemas de Información del SNS. En esta entrevista, aborda el desarrollo de la futura Ley de Salud Digital, el encaje con el Espacio Europeo de Datos de Salud, la gobernanza del dato y de la IA, y los mecanismos para garantizar interoperabilidad, derechos del paciente y seguridad jurídica sin incrementar la carga burocrática de los profesionales.
Pregunta. Tras la fase de consulta pública, ¿qué aspectos del anteproyecto están valorando reformular a la luz de las alegaciones recibidas?
R. La consulta pública ha sido extraordinariamente útil. Hemos recibido aportaciones muy constructivas de comunidades autónomas, sociedades científicas, entidades del sector privado y organizaciones de pacientes. En esta fase estamos trabajando en tres líneas de ajuste:
Primero, reforzar la articulación entre la Ley de Salud Digital y el Reglamento Europeo del Espacio Europeo de Datos de Salud (EHDS), en el marco competencial español, clarificando los roles de la autoridad nacional de salud digital, el organismo nacional de acceso a datos y las entidades correspondientes de las comunidades autónomas, así como la conexión con MyHealth@EU, el nodo de intercambio de información de salud para uso primario y HealthData@EU, que canaliza las peticiones de acceso a colecciones de datos españoles de salud desde y hacia a otros estados miembros de la UE para el uso secundario. Esto es esencial para maximizar la interoperabilidad y evitar duplicidades normativas.
Segundo, introducir mejoras en materia de gobernanza e incorporación de tecnologías digitales, incluida la IA, a la asistencia sanitaria, teniendo en cuenta elementos de interoperabilidad y uso de los datos, participación de pacientes y profesionales, transparencia y explicabilidad.
Tercero, modular las obligaciones del Reglamento sobre los prestadores privados de asistencia sanitaria y tenedores de datos de salud, para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas equilibrando seguridad, innovación y carga administrativa.
P. ¿Qué resistencias están detectando —si las hay— por parte de las CCAA, el sector privado o los colectivos profesionales? ¿Piensan incorporarlas al texto final?
R. Lo que estamos detectando no son resistencias, sino preocupaciones legítimas que debemos atender:
- Las CCAA piden flexibilidad para desplegar sus autoridades de salud digital, organismos de acceso a datos y modelos de gobernanza del dato e IA específicos, dentro de un marco nacional común y coordinado.
- El sector privado pide claridad regulatoria, técnica y semántica y evitar cargas desproporcionadas para pequeñas entidades prestadoras de asistencia sanitaria.
- Los profesionales sanitarios insisten en que la transformación digital del sistema debe reducir burocracia y no incrementarla, facilitando la labor del profesional con niveles de calidad adecuados.
Todas estas cuestiones están siendo incorporadas. Nuestro objetivo es una ley que ordene y armonice, pero que también sea aplicable en los tiempos exigidos por el reglamento, razonable y viable para todos los actores del sistema sanitario, que permita un retorno de la inversión realizada que se refleje en el tejido productivo español, al que el sector de la salud aporta de forma significativa.
P. La ley aspira a ordenar un ecosistema digital fragmentado. ¿Habrá incentivos económicos o condicionalidad en la financiación para garantizar la interoperabilidad real en todo el territorio?
R. La interoperabilidad es un requisito estructural del Reglamento del EHDS, y la Ley de Salud Digital debe permitir su cumplimiento.
Desde 2021 hemos demostrado que la condicionalidad ligada a proyectos colaborativos funciona: así ya se ha avanzado y reforzado la Historia Clínica Digital interoperable, la receta electrónica en todos los territorios y el Espacio Nacional de Datos de Salud. Con la estrategia de Salud Digital y su proyectos colaborativos se ha puesto de manifestó la potencia de un sistema sanitario desconcentrado en su gestión lo que nos ha permitido que cada Servicio de Salud contribuya y traccione a otros en aquellos aspectos de transformación digital e innovación en los que ha destacado
Necesariamente para lograr la interoperabilidad habrá condiciones técnicas obligatorias, establecidas de manera consensuada con las CCAA, y la financiación estatal y europea siempre estará vinculada al cumplimiento de estándares de interoperabilidad, calidad del dato y gobernanza segura.
El objetivo es acelerar la cohesión del SNS, aprovechando las capacidades de aquellas CCAA con mayor avance en cada área.
Por otro lado, también se han venido implementando subvenciones e incentivos para el desarrollo de aquellas áreas menos desarrolladas al amparo de los fondos MRR que han servido para que muchos agentes se hayan ido preparando: proveedores de sw clínico, proveedores de salud, tenedores de datos,…
P. ¿Qué modelo de gobernanza prevén para evitar que la autoridad nacional de salud digital quede limitada a un papel coordinador?
R. El modelo de gobernanza que proponemos parte del propio Reglamento europeo y de la experiencia de la Estrategia de Salud Digital, como un marco de trabajo federado, cooperativo y con funciones claras, con un modelo de gobernanza incardinado en el CISNS a través de la CSD.
La autoridad nacional de salud digital deberá tener competencias en: coordinación estatal y europea, verificación de estándares técnicos y semánticos en el área del uso primario, e interlocución directa con la autoridad de vigilancia del mercado de sistemas de HCE, con la AEPD y Comisión Europea.
La clave es asegurar que este órgano tenga capacidad real de alineación, supervisión y seguimiento, pero respetando plenamente las competencias de las CCAA y la naturaleza descentralizada del SNS. En realidad, todo nuestro trabajo desde la creación de esta Secretaría General se ha desarrollado bajos estas premisas aunando coordinación real con respeto competencial,
P. ¿Cómo evitar que los derechos digitales del paciente se traduzcan en mayor carga burocrática para los profesionales sanitarios?
R. Éste es uno de los pilares de la ley. El reconocimiento de nuevos derechos debe ir acompañado de nuevas herramientas que liberen tiempo a los profesionales.
La solución pasa por el desarrollo de agentes de IA como transcripción automática en consulta, la automatización de tareas repetitivas, la integración de datos en la historia clínica minimizando duplicidades, los estándares semánticos que maximicen la interoperabilidad de la información y los sistemas de soporte a la decisión que simplifiquen, apoyen y no compliquen la labor clínica.
La transformación digital debe apoyar la reducción de la burocracia y reforzar la relación entre profesional y paciente y la IA, en especial la Generativa, tiene que ser un firme aliado en este propósito.
P. ¿Habrá un calendario escalonado de implantación con hitos obligatorios para CCAA y proveedores tecnológicos?
R. Sí, el propio Reglamento, en su artículo 105 establece un plan de aplicación progresiva de sus componentes, tanto en uso primario como secundario. La implantación progresiva es imprescindible para garantizar la madurez técnica y semántica, facilitar la adaptación de todos los agentes del sector sanitario, asistenciales, tecnológicos y de gestión, y ofrecer seguridad jurídica a todos.
En esencia, en 2029 se empieza la aplicación de la primera parte de las categorías prioritarias (Patient Summary, e-P/e-D) y los sistemas de historia clínica que las gestionan, en el uso primario, así como los organismos de acceso a datos y la mayor parte de los tipos de datos de salud en el uso secundario.
En 2031 se completa la totalidad de las categorías prioritarias (imagen, pruebas diagnósticas, informe de alta) y los sistemas de historia clínica que las gestionan, en el uso primario, y los datos genómicos, genéticos y ómicos en el uso secundario.
La ley establecerá los plazos adecuados para asegurar que los elementos necesarios para dar cumplimiento a los hitos del Reglamento estén disponibles a tiempo por parte de la administración central y de las comunidades autónomas.
P. En materia de inteligencia artificial, ¿por qué enfoque optarán: autorización previa, evaluación continua o autorregulación supervisada?
R. En el contexto sanitario, la respuesta no puede ser binaria. La Estrategia de IA del SNS propone un modelo híbrido, alineado con el AI Act:
- Autorización y certificación previa para sistemas de alto riesgo (diagnóstico, priorización, soporte terapéutico), en base a la normativa sectorial aplicable.
- Valoración de los algoritmos.
- Autorregulación supervisada, basada en gobernanza federada, para garantizar transparencia, trazabilidad y supervisión humana cuando el nivel de riesgo no requiera mayor control.
Es decir: combinación de control previo, vigilancia y reglas claras para proveedores y servicios de salud.
P. ¿Se plantean incluir un sistema público de certificación o sello de calidad para soluciones digitales sanitarias?
R. Está en marcha la creación del Sello SNS de IA, recogido en la Estrategia de IA del SNS, como un sello de calidad y utilidad de algoritmos IA en el SNS. No se trata de un sistema de certificación, para el cual ya existe un organismo notificado, sino de un marco de evaluación de cumplimiento técnico, asistencial y normativo, que sirva como un mecanismo de transparencia dentro del SNS, facilitando la identificación de oferta y demanda, una herramienta de apoyo a la compra pública y un instrumento para apoyar el desarrollo e implantación conjunta de soluciones, reduciendo así asimetrías entre territorios, acelerando la adopción de soluciones que funcionan.
No sustituye al marcado CE ni al cumplimiento del AI Act, sino que complementa ambos y aporta seguridad a profesionales, gestores y pacientes.
P. ¿Cómo equilibrarán el acceso a los datos para investigación con la creciente preocupación social por la privacidad?
R. Este equilibrio es el corazón del Reglamento del EHDS, y será también un pilar central de la Ley de Salud Digital.
El modelo es claro:
- Acceso en entornos seguros, sin posibilidad de descarga de datos de carácter personal, a usuarios identificados, durante tiempo limitado.
- Datos seudoanonimizados o anonimizados, según las necesidades concreta de cada caso de uso.
- Finalidades estrictamente reguladas: investigación, innovación, formación, salud pública y evaluación de políticas.
- Trazabilidad absoluta de accesos.
- Supervisión por el organismo nacional de acceso a datos y alineación con AEPD.
- Participación de pacientes y transparencia para la ciudadanía.
La premisa es sencilla: la información sanitaria es un bien público, pero los derechos fundamentales son irrenunciables.
P. Más allá del cumplimiento normativo, ¿qué ambición tiene esta ley?
R. La ambición es convertir la Ley de Salud Digital en una palanca estructural de transformación. Queremos un SNS: más cohesionado, interoperable, seguro, predictivo y preventivo. Que sea más capaz de utilizar el dato para tomar decisiones y este más preparado para integrar IA de forma ética y responsable. No buscamos solo adaptar la normativa: buscamos preparar el sistema sanitario para la década 2026–2035.
P. ¿Cuándo prevé el Ministerio aprobar la iniciativa?
R. Nuestro objetivo es impulsar el texto durante 2026, respetando los tiempos parlamentarios, y garantizar que España llegue a los hitos europeos del EHDS con un marco jurídico claro, coherente y operativo.
