La Junta de Andalucía ha enviado a la Asociación Amama un requerimiento formal para que esta le otorgue en un plazo de 10 días hábiles "toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer relativos a mujeres en las que se hubiera producido una falla de información y un retraso en la realización de la prueba diagnóstica recomendada tras un hallazgo radiológico probablemente benigno". Este escrito, firmado por la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García Sánchez, supone un movimiento institucional de gran calado cuando parecía que se había puesto fin a la 'guerra' por los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía.
El requerimiento, al que ha tenido acceso Gaceta Médica, se dirige directamente a la presidenta de Amama, a quien la Administración andaluza recuerda que en los últimos dos meses la asociación ha realizado diversas manifestaciones públicas sobre incidencias en el cribado, difundiendo cifras de posibles afectadas muy superiores a las comunicadas oficialmente. El SAS sostiene en el documento que las afirmaciones del colectivo generan una "discrepancia" que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada. La Junta subraya que ha suministrado información "completa, precisa y contrastada" en el marco de la Comisión de Participación y Seguimiento del programa de cribado, donde participa Amama, y defiende que el número de mujeres afectadas por fallas de comunicación o retrasos diagnósticos es el que figura en los registros clínicos oficiales.
El texto remite a los artículos 4, 8 y 30.3 de la Ley de Salud Pública de Andalucía y al artículo 18 de la Ley 39/2015 para justificar la obligación de colaboración entre entidades cuando existe un posible riesgo para la salud pública. En virtud de esta normativa, el SAS exige a la asociación que entregue cualquier dato, testimonio o documentación que permita identificar a mujeres que pudieran haber quedado fuera de los circuitos detectados por la Administración. El objetivo, según sostiene la Junta en el requerimiento, es garantizar una "revisión exhaustiva" de los posibles casos no registrados y evitar la generación de "alarma social" por la difusión de cifras "no verificadas".
La Administración también especifica que toda la información aportada será tratada con absoluta confidencialidad y que su uso se limitará a actuaciones de investigación administrativa, análisis técnico-sanitario y mejora de la calidad asistencial. En la parte final del escrito, la directora gerente del SAS agradece por adelantado la "colaboración obligada" que establece la normativa vigente, dejando claro que la Administración espera recibir toda la documentación en diez días hábiles.
La iniciativa de la Junta llega en un contexto en el que parecía que se habían templado las aguas entre el Gobierno central y la Administración andaluza. Las discrepancias sobre los datos del programa de cribado de mama, alimentadas por declaraciones cruzadas y por el debate público generado a raíz del caso de las cerca de 2.000 mujeres afectadas por fallos en la comunicación de sus resultados, han situado este asunto en el centro del debate sanitario.
En este sentido, la ministra de Sanidad, Mónica García, criticó el documento en su cuenta de X. En un mensaje, expresó que esta iniciativa del Gobierno andaluz es "atacar a las víctimas". De este modo, el nuevo choque entre ambas administraciones llega justo después de que el Consejo Interterritorial aprobara indicadores comunes para los cribados de mama, colon y cérvix, una medida destinada a unificar criterios y evitar nuevas discrepancias en la notificación de datos. Sin embargo, la crisis andaluza parece continuar generando ondas políticas.
