El pleno de las Cortes valencianas aprobó, con los votos a favor de PSOE, Compromís y Podemos, el proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, que recoge la recuperación de la universalidad de la atención sanitaria y apuesta por la gestión pública de la misma. Entre los aspectos novedosos de la norma están el impulso a la equidad farmacoterapéutica, la atención a la salud mental o medidas relacionadas con el impulso a la investigación biomédica y sanitaria. También promueve actuaciones para fomentar la donación voluntaria y gratuita de sangre, órganos, tejidos y células.
Durante el debate parlamentario, PP y Ciudadanos, que se abstuvieron en la votación, aseguraron que esta norma será una de las primeras que cambiarán en caso de gobernar en la próxima legislatura, tras las elecciones autonómicas de 2019. En concreto, el parlamentario de la formación naranja, Juan Córdoba, ha considerado que esta norma suponía “una gran oportunidad para avanzar, modernizar y actualizar la ley más importante de la sanidad de la Comunidad”, pero ha admitido estar “decepcionado” por el resultado y la “falta de diálogo y consenso”.
Por su parte, el diputado popular José Juan Zaplana aseguró que la norma aprobada es una nueva “chapuza” del Gobierno regional. De hecho, recordó que esta ley ya tuvo que ser modificada por los informes de la abogacía y Consejo Jurídico en la fase de anteproyecto y criticó que da competencias a los ayuntamientos que no deben tener según la Constitución.
En el lado de la defensa del texto legislativo se encontraron Compromís, PSOE y Podemos. El parlamentario ‘morado’, Daniel Geffner, destacó que con esta modificación la Comunidad Valenciana dispondrá de una norma “más adecuada para afrontar los retos que tiene por delante la sanidad pública” regional. A su juicio, el texto supone “un avance” porque defiende un modelo de sanidad pública universal. “Defendemos un sistema público de calidad y no de caridad y que debe contar con los recursos necesarios para garantizar atención adecuada acorde con una sociedad avanzada, justa y solidaria”, remarcó el diputado de la formación morada.
En similares términos se ha pronunciado la parlamentaria de Compromís Isaura Navarro, para quien la semana pasada se consiguió “consenso” en torno a esta norma que, destacó, “incorpora un lenguaje inclusivo”. Asimismo, puso en valor que recoge la prohibición de posiciones de dominio para que haya más competencia cuando las empresas se presenten a concesiones sanitarias. “Es una ley que mejora la calidad, participación, da garantías y recupera derechos”, remató.
En el turno de defensa de la consejera de Sanidad Universal, Juan Ignacio Subias (PSOE) explicó que la norma contempla el cambio de modelo sanitario del Gobierno que se diferencia con el que defendía el PP. “Nosotros defendemos un modelo donde apostamos sistema sanitario público de gestión directa y en el que se recuperen los derechos cercenados durante años y que a tanta gente llevó a situaciones exclusión”, apuntó.
De este modo, el socialista reivindicó la necesidad de esta modificación de la ley por ser un compromiso adquirido con la ciudadanía y para adecuarla a “la realidad sociosanitaria”. Además, puso en valor que se ha llevado a cabo de acuerdo con los principios de “transparencia, visión integral, respeto a la autonomía personal. “Hoy aprobamos una ley buena que defiende los intereses públicos y de los ciudadanos”, finalizó.
