Tras la imposición del uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios por parte del Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas han comenzado a reaccionar, mayoritariamente de forma negativa, no sólo a esta medida sino también al desarrollo del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
El departamento capitaneado por Mónica García envió a las comunidades autónomas, el pasado 10 de enero, el documento mediante el cual se oficializaba esta obligatoriedad. Éste hacía referencia a que esta medida pasará a ser una recomendación en caso de que la incidencia de contagio por virus respiratorios registre dos semanas consecutivas de descenso.
Una de las quejas que comparten las autonomías sobre la puesta en marcha de esta medida es que el documento repartido durante la reunión del Interterritorial, previo al emitido por Sanidad el 10 de enero, “no ha sido acordado por el CISNS, ni se da una situación de especial riesgo o alarma para la salud pública que lo justifique”, según han comentado algunas regiones como Galicia o País Vasco.
A lo largo de la semana se han ido sucediendo las distintas reacciones de las autonomías al uso obligatorio de la mascarilla, como la Comunidad de Madrid. La consejera de Sanidad de la región, Fátima Matute, ha explicado a Gaceta Médica que esta medida, de forma aislada, “es absolutamente ineficaz y una nueva improvisación”.
“A ningún consejero le ha gustado que se asimile un estado de emergencia o de pandemia cuando no es real”, ha señalado Matute, añadiendo que, aunque no quita valor a la epidemia de gripe, “no tenemos una situación distinta a otros años”.
Según la titular de la cartera sanitaria madrileña, le trasladó a la ministra que no se podía alarmar a la sociedad poniendo una obligatoriedad de uso de mascarilla que solo está prevista en casos de emergencias sanitarias.
“No quiere decir que estemos en contra del uso de las mascarillas, pero hay que hacerlo de forma cabal, por eso lo primero que le pedimos es que se reuniese a la Comisión de Salud Pública”, ha puntualizado Matute.
En la Comunidad de Madrid, ya se han tomado medidas para contener la epidemia de gripe, como crear un Plan de invierno, recomendar no acercarse a personas vulnerables cuando se tengan síntomas y promover la vacunación.
Cantabria y Aragón
El Gobierno de Cantabria, aunque cumplirá la medida del Ministerio, no la comparte, ya que, según ha explicado el Ejecutivo regional “no tiene el respaldo técnico de la Ponencia de Alertas y la de Vigilancia, cuyos expertos no han dado el visto bueno”.
“Se trata de una decisión unilateral y coercitiva que la ministra ya había tomado hace días y así lo expresó en varios medios de comunicación y que, sin apoyo técnico ni acuerdo con los consejeros, ha puesto en marcha”, ha afirmado César Pascual, consejero de Salud cántabro, quién ha expresado que la decisión ministerial supone la “ruptura institucional del consenso”.
Para Pascual, esta decisión “plantea serias dudas sobre su legalidad, pero sobre todo supone un ataque injustificado y un desprecio a las competencias que tienen las comunidades autónomas”.
Por último, ha opinado que “si la ministra hubiera apostado por el diálogo y no por la imposición, no hubiera sido difícil alcanzar el consenso con las comunidades autónomas, y se hubiera evitado llegar a una situación que rompe con los principios de la lealtad institucional que deben regir las relaciones entre las administraciones”.
En el caso de Aragón en palabras del consejero de Sanidad regional, José Luis Bancalero, la ministra de Sanidad “ha roto el consenso en el seno del CISNS con un ataque gratuito a la forma de trabajar que durante más de 20 años se ha mantenido entre este ministerio y las comunidades autónomas”.
“Mónica García ha actuado de forma unilateral al adelantar a la opinión pública unas medidas sobre el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios”, ha asegurado Bancalero.
Esto, ha continuado el consejero, implica “incumplir el Reglamento de funcionamiento del CISNS, que exige que las decisiones se adopten por consenso”, añadiendo que el documento entregado por García durante la reunión del CISNS “carecía de soporte legal”, ya que “no ha sido acordado por el CISNS, ni se da una situación de especial riesgo o alarma para la salud pública que lo justifique”.
El titular de la cartera sanitaria aragonesa ha señalado que la ministra “pretende imponer en toda España una medida que no está adaptada a la realidad de cada territorio, por lo que no es proporcionada y, en algunos casos llega tarde”.
País Vasco y Galicia
Por su parte, el Gobierno Vasco, aunque ha acatado la media, recurrirá ante la administración de justicia esta orden remitida por el Ministerio porque, según ha afirmado el Ejecutivo regional “ni ha presentado argumento alguno que avale esa decisión, ni ha cumplido con las previsiones legales exigibles en la adopción de esta medida absolutamente excepcional”.
En una nota de prensa, el Gobierno regional ha argumentado que el Ministerio “no ha justificado la urgente necesidad de la medida en sus dos vertientes: una, que la situación sea de especial riesgo o alarma para la salud pública; dos, que la medida, circunscrita a los centros de salud, sea realmente efectiva para atajar el pico de la ola de gripe”.
El Ejecutivo vasco entiende que el Ministerio de Sanidad está utilizando un recurso legal extraordinario, “sin cumplir sus propios preceptos, para imponer su voluntad a la mayoría de las comunidades, en contra del criterio técnico de estas, y vulnerando sus competencias en materia de salud pública”.
“El Ministerio de Sanidad tiene reconocidas competencias en materia de salud, pero las comunidades son quienes asumen la responsabilidad de la gestión y la atención sanitaria”, afirman en la citada la nota de prensa, añadiendo que “es incomprensible que el Ministerio, sin acogerse al cumplimiento de la legalidad y en contra de la opinión de los expertos, haya ignorado las propuestas de consenso que han trasladado algunas comunidades”.
Por último, el responsable de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ha recriminado a la ministra de Sanidad, que haya “puesto fin a 20 años de coordinación, cohesión y cooperación entre el Ministerio y las autonomías con una medida unilateral”.
En unas declaraciones tras conocerse la propuesta de la ministra de hacer obligatorias las mascarillas en los centros de salud, el responsable de Sanidad gallego ha criticado la iniciativa.
“Por supuesto, no estamos en contra del uso de las mascarillas. De hecho, Galicia fue la primera comunidad autónoma que, en esta situación, apostó por su uso extendido en los centros sanitarios y lo hizo como una recomendación”, ha defendido.
Sin embargo, ha manifestado que lo que “molesta” al Gobierno gallego es a la “manera de actuar” del Ministerio. “Esta ministra, en solo unas semanas, ha echado a perder el trabajo de muchos ministros de Sanidad y de muchas autonomías en un marco de consenso, colaboración, diálogo y respeto a la legalidad”, ha expuesto.
En este sentido, Comesaña ha comunicado que, en el encuentro del CISNS, ninguno de los consejeros de sanidad presentes “se mostró a favor de la obligatoriedad de las mascarillas”. Así, ha afirmado que aquellos que decidieron hacerla obligatoria “se mostraron a favor de que lo fuera en sus comunidades y no en todo el Estado”.
