La cuarentena prevista para los españoles que viajan en el barco afectado por un brote de hantavirus ha provocado una nueva controversia política después de que el Gobierno haya tenido que aclarar el alcance de las medidas de aislamiento y si estas serán voluntarias u obligatorias.
La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó inicialmente en rueda de prensa que los españoles que permanecen a bordo (13 pasajeros y un tripulante) serán evaluados cuando lleguen a Canarias. Según detalló, después serán trasladados en avión militar a la base aérea de Torrejón y, desde allí, al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
García afirmó entonces que los afectados «permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos». Esa explicación situaba el foco en el dispositivo sanitario y en la cuarentena prevista, sin aludir expresamente a la voluntariedad de la medida.
Defensa introduce el matiz de la voluntariedad
La polémica surgió después de unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que introdujo ese matiz. Robles señaló que, una vez que lleguen a España, los españoles irán al Hospital Gómez Ulla «siempre que voluntariamente quieran», y añadió que quienes acepten deberán firmar un consentimiento informado.
La titular de Defensa precisó también que el aislamiento no se realizará en una unidad de infecciosos como la del ébola, sino en habitaciones individualizadas. Según explicó, el caso es distinto, aunque deberán mantenerse medidas de seguridad para el personal que los atienda y para quienes participen en el traslado, dado que, aunque los viajeros estén asintomáticos, el objetivo es reducir riesgos.
Robles insistió además en que el Ejército del Aire y del Espacio ya prepara el avión medicalizado para efectuar el traslado desde Canarias hasta Torrejón, donde se practicarán los análisis necesarios antes del ingreso en el Gómez Ulla de quienes acepten permanecer en cuarentena.
Sanidad aclara que existen mecanismos legales
Tras esas declaraciones, fuentes del Ministerio de Sanidad trataron de aclarar el alcance de la medida. En primer lugar, señalaron que el Gobierno confía en que esas personas y sus familiares quieran «estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado médico posible».
Sin embargo, añadieron también que, «en todo caso», el Ejecutivo tomará «las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública con todos los instrumentos legales a su disposición».
La propia Mónica García ha insistido hoy en esa idea. La ministra ha explicado que Sanidad apelará al «sentido común» y a la «responsabilidad» de los pasajeros para que entiendan la necesidad de mantenerse bajo vigilancia sanitaria. No obstante, ha recalcado que existen instrumentos legales para adoptar medidas si fuera necesario.
La referencia a la Ley de 1986
García citó expresamente la Ley Orgánica de 1986, de medidas especiales en materia de salud pública, como el marco legal que permitiría adoptar medidas de confinamiento o aislamiento para proteger tanto a los afectados como al conjunto de la población.
«Tenemos los instrumentos legales», afirmó la ministra, aunque insistió en que está convencida de que tanto los pasajeros como sus familias actuarán con responsabilidad y aceptarán permanecer bajo control sanitario.
Además, explicó que Sanidad trabaja junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Comisión Europea para concretar los protocolos definitivos sobre duración de la cuarentena, pruebas diagnósticas y seguimiento clínico. Según García, esa evaluación se está realizando «casi al minuto» y el Gobierno irá informando conforme se definan las medidas.
Padilla refuerza el discurso de García
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha defendido en X que el Gobierno confía en «el sentido común y el cuidado colectivo», pero ha subrayado que dispone de «instrumentos legales suficientes» para adoptar medidas de protección de la salud pública si fuera necesario. Entre ellos, ha citado la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y la jurisprudencia posterior, que, según ha señalado, habilitan al Ejecutivo a actuar. «Tenemos las herramientas para garantizar la seguridad y el cuidado de la población», ha afirmado.
Críticas del PP
La controversia ha llegado también al plano político. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, cuestionó en su cuenta de X el criterio de voluntariedad mencionado por Robles. «¿Voluntaria? ¿Van a dejar la seguridad y la salud pública en manos de la voluntariedad de cada uno? No hay nadie al volante», escribió la dirigente popular.
Por su parte, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, también se ha pronunciado sobre la gestión del Gobierno ante el brote de hantavirus y las discrepancias surgidas en torno a las cuarentenas y el traslado de los pasajeros del MV Hondius. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Feijóo ha señalado que «en una crisis sanitaria, un buen Gobierno no pide tranquilidad, la transmite», en referencia a la polémica generada por las distintas versiones ofrecidas desde el Ejecutivo sobre el operativo sanitario.
El debate se centra así en el encaje entre la apelación inicial a la voluntariedad y el consentimiento informado, defendidos por Defensa, y la posibilidad de aplicar medidas obligatorias de salud pública, como posteriormente aclaró Sanidad.
