La Comunidad de Madrid ha reaccionado a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ordena al Ejecutivo liderado por Isabel Díaz-Ayuso a «iniciar de inmediato» los trámites para poner en marcha el registro de objetores de conciencia en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
En este sentido, fuentes del Gobierno regional han subrayado a Gaceta Médica que el tribunal «sólo acepta la cautelar e insta a iniciar los trámites, pero no entra aún en el fondo del asunto», por lo que recalcan que la resolución no supone un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la actuación de la Administración autonómica.
En este contexto, la Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará recurso. «Recurriremos no obstante en reposición la cautelar, toda vez que la Comunidad de Madrid ya está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo», han señalado las mismas fuentes.
Desde el Ejecutivo madrileño defienden así que la región ya está dando cumplimiento tanto a la protección de los profesionales que deciden acogerse a la objeción de conciencia como a la obligación de asegurar el acceso de las mujeres a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la normativa vigente.
La resolución del TSJM abre ahora una nueva fase procesal, centrada en las medidas cautelares, mientras el procedimiento principal sigue su curso a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Entretanto, la respuesta del Gobierno madrileño anticipa que la controversia jurídica continuará en los tribunales.
