El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, aprobado ayer en Consejo de Ministros y ya en fase de Audiencia Pública, ha reactivado el debate sobre los límites de la colaboración público-privada. En este sentido, el Ministerio de Sanidad publicó un informe hace unos dos meses que radiografía el peso de la sanidad privada en la estructura del Sistema Nacional de Salud, y donde figura que hay otras regiones, como Cataluña o Navarra, donde la sanidad privada tiene más peso que en Madrid.
Con la publicación del Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), el Ministerio advierte de un fenómeno más amplio: el peso de hospitales con dependencia funcional privada dentro del SNS y la transferencia de recursos públicos hacia centros privados. En este contexto, subraya que este fenómeno "se concentra especialmente" en Cataluña y en la Comunidad Foral de Navarra por la "parte sustancial" que representa su red privada en la infraestructura asistencial.
Los datos del informe
Sanidad resume en el informe un cambio estructural: el número de hospitales privados integrados en el SNS pasa de 106 (2011) a 145 (2023), y ya supone el 30,7% del total; además, crecen las camas operativas en centros privados dentro del SNS (del 13,7% al 17,8%) y también los quirófanos (del 8% al 10,7%). En paralelo, el informe señala que, en 2024, Madrid (44,6%) y Cataluña (43,4%) encabezan el aseguramiento privado, mientras Navarra figura entre las de menor proporción (19,5%).
Sin embargo, como se expone anteriormente, el documento señala a Cataluña y Navarra como las comunidades que destacan "especialmente" por una proporción de dotación del SNS en centros con dependencia funcional privada superior a la media, tanto en hospitales como en camas; y también en quirófanos, donde vuelven a aparecer como territorios especialmente relevantes.
Por encima de la media
En Cataluña, la tabla específica de dotación hospitalaria dentro del SNS muestra que en 2023 el 58,1% de los hospitales del SNS tiene dependencia funcional privada (90 de 155). En camas, el peso es del 50,3% en instaladas y del 51,3% en camas en funcionamiento; en quirófanos, alcanza el 41,4%.
En Navarra, el patrón es también significativo en hospitales: en 2023, el 33,3% de los hospitales del SNS aparece con dependencia funcional privada (2 de 6). La proporción es del 17,4% en camas instaladas, del 18,7% en camas en funcionamiento, y del 13,6% en quirófanos.
En cuanto a Madrid, el informe recoge que en 2023 el 14,0% de los hospitales del SNS tiene dependencia funcional privada, es decir, 17 de 121 (más de cuatro veces menor que Cataluña), con un 14,5% de camas en funcionamiento; el porcentaje de quirófanos, en cambio, es del 5,5%.
A ese mapa se añade la tipología de vinculación: Cataluña concentra hospitales en "red de utilización pública" (93), mientras Madrid combina concierto sustitutorio (1), concierto parcial (13) y red de utilización pública (3); y Navarra figura con concierto parcial (2) y red de utilización pública (1).
El choque García-Ayuso
El choque político de ayer entre Isabel Díaz Ayuso y el Ministerio de Sanidad se presentó en clave madrileña tras el anuncio del Consejo de Ministros. Ayuso defendió la colaboración público-privada y afirmó: "Creemos en la colaboración público-privada", además de acusar al Gobierno de tener "una absoluta obsesión" con Madrid y de querer "acabar con la sanidad" de la región.
En respuesta, Mónica García sostuvo que la iniciativa busca "poner coto" a planteamientos "obscenos" sobre la sanidad pública, como verla como "un filón" para empresas privadas, seleccionar riesgos y asumir que hay pacientes que "hay que dejarlos en la lista de espera". Defendió que la norma pretende garantizar que "cada euro" presupuestado para salud se use para salud y no para "engrosar las cajas" de empresas, algunas de ellas, según señaló, vinculadas a "fondos buitre", y afirmó que frena la "obesidad" de la privatización y limita las "garras especuladoras" sobre el sistema.
Además, la ministra cargó contra Ayuso y dijo que lo que quieren es cargarse "su chiringuito" y "su negociete". Aseguró que en los últimos años se le han adjudicado 5.000 millones y que durante la pandemia, tras una transferencia estatal de 3.000 millones a la Comunidad de Madrid, se habrían destinado 1.300 millones a saldar deudas con ese grupo en lugar de reforzar cuidados. También, la ministra respondió desde su cuenta de X con un mensaje directo: "Isabel, se acabó el chollo". En paralelo, defendió que la ley "cierra una etapa y abre otra", al poner fin al marco que abrió la Ley 15/1997, y subrayó que establece por primera vez la gestión pública directa como forma preferente, limita la gestión indirecta a casos excepcionales, refuerza la transparencia y facilita la reversión a la gestión pública.
