El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros un requerimiento legal que obliga a las comunidades autónomas a remitir los datos de los programas de cribado de cáncer. La medida, anunciada por la ministra de Sanidad, Mónica García, busca garantizar la equidad y reforzar la vigilancia en salud pública ante el incumplimiento de algunas autonomías que no han aportado los indicadores pactados. El Ministerio considera que esta información es clave para evaluar el alcance de los programas de detección precoz y mejorar su eficacia a nivel nacional.
García explicó que el requerimiento se ampara en las principales leyes sanitarias (la Ley General de Sanidad, la de Cohesión y la de Salud Pública) que obligan a las administraciones a cooperar y compartir información. Subrayó que no se trata de invadir competencias, sino de cumplir la ley, y advirtió que si las comunidades no responden en el plazo de un mes, el Gobierno recurrirá a la vía contencioso-administrativa. La ministra defendió que disponer de datos homogéneos es esencial para diseñar políticas de prevención eficaces y construir un sistema común de vigilancia sanitaria.
Madrid acusa al Ministerio de «huida hacia delante»
La reacción de la Comunidad de Madrid no se hizo esperar. La Consejería de Sanidad denunció que «la ministra continúa en una huida hacia delante después del interterritorial», acusándola de no asumir sus responsabilidades y de mantener una actitud de enfrentamiento con las autonomías. Según el Departamento liderado por Fátima Matute, Mónica García «sigue sin reconocer que quien tiene que trabajar es ella» y que ahora, «por carta y por escrito, apela a la lealtad institucional, algo de lo que adolece por completo, con continuas filtraciones y desplantes hacia todos los consejeros de las comunidades autónomas».
En este sentido, la Consejería madrileña fue más allá al cuestionar la viabilidad técnica del requerimiento. Aseguró que «la herramienta para el volcado de datos sigue sin estar desarrollada», lo que impide a las comunidades cumplir con las exigencias ministeriales. Según explicaron, el plan funcional (el documento técnico que define qué se va a medir y cómo se va a analizar) «sigue sin estar disponible, pese a estar aprobado», lo que deja a las comunidades sin un marco claro para entregar la información. «¿Dónde le damos los datos al ministerio las CCAA? ¿Dónde se los volcamos?», preguntan desde la Consejería de la región de forma retórica, subrayando la falta de una infraestructura real para intercambiar la información.
También, insisten en que los indicadores de los cribados «no están aterrizados ni definidos entre todas las CCAA y el ministerio para que se puedan medir de manera homogénea y comparar». A su juicio, la red de cribados de cáncer impulsada por el Ministerio «no es útil ni válida», ya que no es una red oficial que cuente con la participación de todas las comunidades autónomas. Además, denuncian que el Ministerio continúa reclamando datos mientras «sigue sin presentar el informe de listas de espera», que acumula ya más de dos semanas de retraso respecto a la fecha de publicación del año anterior.
Matute reclama las listas de espera: «ya va tarde»
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha declarado que «lo que tiene que hacer la ministra es trabajar, dejar de reclamar cosas y, por ejemplo, publicar las listas de espera, que ya va tarde». Además, ha señalado que «es algo que además parece ser que le interesa mucho y donde vamos a demostrar nuevamente que en la Comunidad de Madrid tenemos las menores listas de espera de toda España».
Andalucía y Castilla y León, en la misma línea
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha defendido que su comunidad «no ha negado nunca datos sobre cribados, ni sobre ningún otro tipo de información sanitaria». Ha explicado que las estadísticas e informes del Ministerio se elaboran a partir de los datos que las autonomías envían desde la creación del Sistema Nacional de Salud. En el caso concreto de los cribados, ha recordado que Castilla y León participa en la red nacional y envía información de manera voluntaria desde hace años. Los últimos datos publicados son de 2022, pero, según ha puntualizado, la comunidad ya ha remitido los de 2023, «que sorprendentemente aún no se han hecho públicos por la comunidad encargada de difundirlos».
Vázquez ha detallado que las consejerías autonómicas han recibido una nueva carta de la ministra de Sanidad solicitando otra vez los datos de cribados, «sin tener en cuenta los criterios técnicos acordados en la ponencia de cribados», elaborados conjuntamente por técnicos del Ministerio y de las comunidades. Según el consejero, la ministra «ha cambiado de opinión» y ahora pide «cualquier dato disponible», sin relación con los indicadores requeridos hace una semana, que las autonomías ya habían considerado «fuera de lugar». A su juicio, la titular de Sanidad «utiliza el tema de los cribados para generar una polémica estéril, que no beneficia al Sistema Nacional de Salud, crea alarmismo injustificado en las mujeres y demuestra falta de rigor y lealtad institucional«.
En la misma línea, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado a la ministra de mentir al afirmar que su comunidad no facilita información. «Andalucía nunca se ha negado a facilitar los datos», ha asegurado, añadiendo que, eso sí, no lo harán «de cualquier manera ni por canales extraoficiales». Ha asegurado que la comunidad está dispuesta a remitir los datos disponibles y comunes (como los de cobertura, participación y tasa de detección), pero ha insistido en que «la ministra no ha hecho sus deberes» al no haber cerrado la ponencia de cribado ni establecido criterios homogéneos para todas las autonomías.
Sanz ha denunciado que el Gobierno incumple su obligación de poner en marcha la aplicación necesaria para volcar los datos y ha criticado el «electoralismo barato» de la ministra, a la que ha instado a «trabajar desde la lealtad institucional». Ha anunciado que Andalucía enviará en los próximos días los indicadores incluidos en la estrategia nacional de cáncer del Sistema Nacional de Salud y ha recordado que la comunidad «siempre ha actuado con transparencia y disposición a colaborar». Finalmente, ha pedido a la ministra que convoque un Consejo Interterritorial extraordinario con dos puntos: cerrar la ponencia de cribados y abordar la falta de profesionales sanitarios, «el gran reto del sistema y responsabilidad exclusiva del Gobierno de España».
Un conflicto entre legalidad y viabilidad técnica
La decisión del Gobierno abre un nuevo frente de tensión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, especialmente con Madrid, que acusa al Ejecutivo de exigir datos sin haber habilitado los mecanismos técnicos necesarios para proporcionarlos. La ministra, por su parte, sostiene que las leyes obligan a compartir la información y que la transparencia es esencial para proteger la salud pública.
En el fondo del conflicto subyace una cuestión más estructural: la falta de una herramienta informática común para homogeneizar los datos de cribados de cáncer en todo el territorio. Sin esa base técnica, las comparaciones entre comunidades resultan incompletas y la planificación sanitaria pierde eficacia. En cualquier caso, si la herramienta y los indicadores no están realmente definidos, el riesgo es que la medida se quede pueda ser insuficiente para que los datos puedan tratarse de la manera más rigurosa posible.
