El Ministerio de Sanidad puso ayer en fase de audiencia pública el Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas Graves para la Salud. Con esta iniciativa se da el primer paso hacia la implantación de un marco normativo estable que refuerce la capacidad de anticipación, coordinación y actuación en caso de emergencias sanitarias de gran impacto en España. El texto se inspira en la experiencia de crisis recientes, como la pandemia de COVID-19, y busca que la respuesta sea uniforme en todo el territorio.
El procedimiento de audiencia pública estará abierto hasta el 6 de octubre. Durante este plazo, ciudadanos, organizaciones y entidades sanitarias podrán enviar aportaciones para enriquecer el documento. El Ministerio quiere garantizar que el futuro Plan cuente con un enfoque participativo, sumando distintas visiones y propuestas. La consulta permitirá ajustar el texto a la realidad de los profesionales y del sistema, incorporando la experiencia acumulada en los últimos años.
El Plan define qué se entiende por una emergencia de salud pública y establece mecanismos para su detección, evaluación y gestión. Incluye la figura de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN), que podrá ser declarada por el titular de Sanidad tras el dictamen de la Agencia Estatal de Salud Pública y en coordinación con el CISNS. La declaración deberá comunicarse en menos de 24 horas al Consejo Interterritorial y a la Presidencia del Gobierno. A partir de ese momento, se pondrán en marcha actuaciones coordinadas de carácter obligatorio en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El documento también contempla la creación de la Comisión Estatal de Coordinación (CECO), presidida por el Ministerio de Sanidad, para coordinar recursos y estrategias. Además, se refuerza el papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y de la Comisión de Salud Pública, que deberán asegurar la cohesión territorial y la armonización de los planes autonómicos. Al mismo tiempo, se establece la obligación de que todas las comunidades autónomas elaboren, en el plazo máximo de un año, sus propios planes de preparación y respuesta frente a amenazas sanitarias, incluyendo reservas estratégicas, recursos humanos y materiales.
Madrid acusa al Gobierno de ir «a rebufo»
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid reaccionó al anuncio con cierto escepticismo. Fuentes autonómicas señalaron a Gaceta Médica que «nosotros hemos presentado ya nuestro plan en este ámbito, y el Gobierno va a rebufo, sirviéndose de las comunidades autónomas». Desde el Ejecutivo madrileño remarcan que han sido pioneros en impulsar un documento específico y que el Ministerio llega más tarde con su propuesta estatal.
De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció dos días antes, en el Debate del Estado de la Región, la puesta en marcha de un Plan de Preparación y Respuesta frente a Amenazas de Salud Pública. Esta estrategia regional busca reforzar la vigilancia y la prevención, y detalla la planificación de medidas ante acontecimientos como la pandemia de 2020. El plan será presentado oficialmente en otoño y prevé evaluaciones específicas según el tipo de riesgo: biológico, alimentario, zoonótico, químico, ambiental, intencionado o desconocido.
El plan autonómico se sustenta en la coordinación de todos los agentes implicados. Contempla la activación del Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública (SARSP) y la conexión con el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM, 2019) y el Plan Operativo de Respuesta de la Consejería de Sanidad. El objetivo es minimizar el impacto en la población y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible. Con ello, el Gobierno madrileño busca adelantarse a amenazas como el resurgimiento de enfermedades controladas, la aparición de nuevos patógenos o incidentes que comprometan la seguridad sanitaria.
