El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, aprobado ayer en Consejo de Ministros y ya en fase de Audiencia Pública, ha reactivado el debate sobre los límites de la colaboración público-privada. El choque político de ayer entre Isabel Díaz Ayuso y Mónica García se presentó en clave madrileña tras el anuncio del Consejo de Ministros. Ayuso defendió la colaboración público-privada y afirmó: «Creemos en la colaboración público-privada», además de acusar al Gobierno de tener «una absoluta obsesión» con Madrid y de querer «acabar con la sanidad» de la región.
Madrid eleva el pulso y apunta a los tribunales
Hoy, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, acusó a la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de buscar un traslado del conflicto a otras regiones. «Lo que quiere hacer Mónica García es exportar el caos sanitario al resto de Comunidades Autónomas. El caos que tiene en su propio Ministerio. La única gestión real es la de Ceuta y Melilla. El caos que tiene con esas huelgas de médicos generalizadas a cuenta de ese Estatuto Marco y, por tanto, no vamos a consentir que Mónica García, que ha demostrado ser la ministra más incompetente del Ministerio de Sanidad, exporte ese caos a las Comunidades Autónomas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo con éxito», reflexionó el portavoz.
En su defensa del modelo madrileño, reivindicó resultados y recursos como base de su posición. «En Madrid tenemos la mejor sanidad de España». En este sentido, dejó claro que «una de las mejores sanidades del mundo» se encuentra en la región madrileña y «es gracias a los profesionales, pero también a los medios que pone el Gobierno regional. Más de 11.000 millones recogidos en los presupuestos de la Comunidad de Madrid». En ese marco, reiteró la continuidad de la línea política regional: «Por supuesto seguiremos trabajando con la colaboración público-privada para poder prestar la mejor sanidad a los ciudadanos».
El portavoz cuestionó, además, el recorrido parlamentario del anteproyecto y amplió el foco al modelo de otras comunidades, dejando claro que no cree que se apruebe en el Congreso teniendo en cuenta que el modelo también «está en Cataluña, por ejemplo, donde tienen una dependencia muy alta de hospitales de gestión privada». Y añadió un dato para sostener su tesis comparativa: «Del presupuesto de la Comunidad de Madrid, el 90% es de gestión directa y tan solo el 10% es sanidad pública de gestión indirecta».
Por último, Miguel Ángel García situó el choque en el terreno competencial y avanzó un escenario de litigio: «La ministra de Sanidad se está metiendo en competencias que son exclusivas de la Comunidad de Madrid, de incapacidad y auto organización». En este sentido, cerró el asunto con una advertencia directa: «Por tanto, si sale adelante esta ley, que lo dudo mucho, por supuesto que tendría la correspondiente respuesta en los tribunales por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid».
García y Padilla responden en X
La ministra de Sanidad, Mónica García, reaccionó en su cuenta de X con un mensaje directo contra la presidenta madrileña, asegurando que «Ayuso está nerviosa porque se acaba el chollo». La ministra defendió que se pone fin a una etapa en la que, a su juicio, se ha «convertido la sanidad pública en un negocio» y se han inflado listas de espera «para cuadrar las cuentas de sus amiguetes». Además, dejó claro que su formación respaldará la Ley de Gestión Pública «hasta el final porque nos va la vida en ello», enmarcando el debate en la defensa del sistema sanitario público.
Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, también utilizó X para lanzar un reproche irónico, cuestionando que «lo de reutilizar catéteres o priorizar pacientes según rentabilidad no lo lleva a los tribunales». Con esa frase, el secretario de Estado puso el foco en prácticas que considera problemáticas dentro de la gestión sanitaria.
Sanidad sitúa la ley como un dique contra la privatización
En respuesta, Mónica García sostuvo ayer que la iniciativa busca poner coto a planteamientos que, a su juicio, degradan la sanidad pública. Enmarcó el debate en la idea de que no se puede tratar el sistema como «un filón» para empresas privadas, ni normalizar la selección de riesgos. También criticó la lógica de asumir que hay pacientes que «hay que dejarlos en la lista de espera».
La ministra defendió que la norma pretende garantizar que cada euro presupuestado para salud se use para salud. En ese argumento, contrapuso el gasto sanitario con la posibilidad de que termine, según dijo, en «engrosar las cajas» de empresas, algunas vinculadas a «fondos buitre». Y remató su planteamiento con una metáfora: frenar la «obesidad» de la privatización y limitar las «garras especuladoras» sobre el sistema.
García endureció el tono contra Ayuso y afirmó que lo que quieren es cargarse «su chiringuito» y «su negociete». Aseguró que en los últimos años se le han adjudicado 5.000 millones y que durante la pandemia, tras una transferencia estatal de 3.000 millones a la Comunidad de Madrid, se habrían destinado 1.300 millones a saldar deudas con ese grupo. También respondió desde su cuenta de X con un mensaje directo: «Isabel, se acabó el chollo».
