La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido en el Pleno de la Asamblea que el Gobierno regional protegerá el "carácter confidencial, individual y voluntario" de la objeción de conciencia ante la práctica del aborto y ha lanzado un mensaje directo a los sanitarios: "Los profesionales pueden estar tranquilos con esta consejera y este gobierno".
La posición de Matute llegó durante su respuesta a una pregunta de Vox sobre qué fórmulas ha pensado el Ejecutivo autonómico para salvaguardar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales si finalmente aplica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En su intervención, la consejera sostuvo que la Comunidad acatará la medida judicial, pero insistió en que lo hará dentro del marco constitucional y "garantizando los derechos fundamentales" de los profesionales.
"El Gobierno de la Comunidad de Madrid no va a poner en riesgo ni un solo de sus derechos y, sobre todo, un derecho fundamental que está en el artículo 16 de la Constitución", afirmó Matute. A partir de ahí, detalló que cualquier actuación del Ejecutivo madrileño se apoyará en "el respeto absoluto y en la protección del carácter confidencial, individual y voluntario de la objeción de conciencia", una objeción que, además, recordó, "puede ser sobrevenida".
La consejera añadió que ese proceso se hará "sin señalamientos" y "sin ninguna consecuencia laboral" para quienes rechacen practicar interrupciones voluntarias del embarazo. "La objeción, además, no es algo administrativo, es un derecho fundamental del individuo, de mis compañeros y lo voy a defender", subrayó.
Matute enmarcó esa defensa en una doble idea: por un lado, garantizar los derechos de los profesionales. Por otro, asegurar la asistencia a las mujeres. Según dijo, el Gobierno regional organizará el sistema "desde el rigor técnico, no desde el sectarismo ni desde la imposición política" y tratará de asegurar "la atención integral de las mujeres", pero "sin perjudicar a lo más valioso" del sistema sanitario "ni presionar a esos profesionales para que ejerzan libremente sus derechos".
El debate sobre el aborto ocupó buena parte de la sesión parlamentaria. En una primera pregunta, formulada por la diputada socialista Lorena Morales, el foco estuvo en las medidas del Gobierno regional para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública madrileña. La parlamentaria del PSOE acusó al Ejecutivo autonómico de obstaculizar ese acceso, defendió la necesidad del registro de objetores y criticó que más del 99% de las interrupciones se realicen en clínicas acreditadas. También, denunció la situación económica de esos centros y reclamó educación sexual, anticonceptivos y aborto legal "para no morir".
En su respuesta, Matute evitó entrar en detalles organizativos sobre la red pública y llevó el choque al terreno político. Aun así, sí dejó una idea de fondo sobre la posición del Gobierno madrileño: "En Madrid protegemos a las mujeres, trabajamos por sus derechos, con planes de natalidad, de maternidad". Además, reivindicó un aumento del 3% en los nacimientos y cifró en 54.000 esa evolución, aunque reprochó a la izquierda que no dedique "ni una sílaba ni un solo euro" a esa línea de actuación.
La consejera también rechazó el relato de bloqueo en la Comunidad de Madrid y aseguró que "miles de mujeres vienen de otras comunidades autónomas", algo que, a su juicio, demuestra que "no hay bloqueo" y que donde se hacen mal las cosas es en otras autonomías. "En Madrid no jugamos con la salud de las mujeres. No convertimos la sanidad en un campo de batalla", afirmó.
La intervención de Vox instó a Matute a fijar más claramente la posición del Ejecutivo madrileño sobre la objeción. La diputada Raquel Barrero había criticado que el registro no es una herramienta organizativa, sino "una herramienta para señalar", y cuestionó si el Gobierno madrileño iba a anteponer una defensa real de la libertad frente a lo que calificó como "formalismo ideológico". Fue entonces cuando la consejera respondió con su formulación más explícita sobre la confidencialidad del proceso y la tranquilidad de los sanitarios.
Con ello, el Gobierno regional trató de situarse en un equilibrio entre el cumplimiento de la resolución judicial y la defensa del personal sanitario objetor. Matute insistió en que la Comunidad no permitirá que se vulnere "ni uno solo de los derechos de aquellos que hacen grande nuestra sanidad" y contrapuso esa postura tanto a las "soluciones simplistas" como a las "soluciones coercitivas o inquisitoriales".
Ayuso reivindica listas de espera, hospitales y nuevos centros para 2026
En la pregunta dirigida a la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre sus objetivos en materia sanitaria para 2026, la jefa del Ejecutivo madrileño optó por responder reivindicando resultados del sistema sanitario regional. Aseguró que la sanidad pública madrileña encabeza por cuarto año consecutivo los datos de menor lista de espera para una intervención quirúrgica y defendió que la espera para especialistas se sitúa por debajo de la media española.
Ayuso también puso el foco en la alta complejidad asistencial y en las infraestructuras. Citó como ejemplo que el Hospital 12 de Octubre ha intervenido a tres bebés en tres ciudades distintas en apenas 24 horas, destacó que seis hospitales madrileños están entre los diez mejores de España y recordó que la Comunidad está construyendo 34 centros de Atención Primaria, además de la futura Ciudad de la Salud.
La presidenta aprovechó, además, su réplica para defender la atención sanitaria a inmigrantes en términos de salud pública y para cargar contra Vox por su planteamiento sobre la prioridad nacional. Reivindicó "ley y orden" e "igualdad ante la ley y las oportunidades", al tiempo que sostuvo que Madrid es una región abierta e internacional "donde caben todos los acentos".
