La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, al igual que el resto de sus homólogos autonómicos que pertenecen a su partido, ha dirigido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que rechaza la reciente solicitud ministerial de datos sobre los programas de cribado poblacional de cáncer. En el documento, al que ha tenido acceso Gaceta Médica, la titular madrileña califica la iniciativa de «improcedente» y «más política que técnica», y acusa al Ministerio de exigir información a las comunidades sin haber completado aún su propio sistema de recogida de datos. Según Matute, el Ministerio carece de una red funcional de cribados, de un modelo informático operativo y de indicadores homogéneos para evaluar los resultados.
La consejera recuerda que los programas de cribado son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que, en el caso de Madrid y otras regiones gobernadas por el PP, se desarrollan «con plena autonomía, profesionalidad y éxito contrastado». Critica además que la cartera de Sanidad «no disponga de sistemas de información actualizados» ni de normas reguladoras más allá del documento técnico consensuado en el Consejo Interterritorial. En su misiva, reprocha al Ministerio que «sin haber completado su propio trabajo ni validado los instrumentos necesarios, pretenda ahora que las comunidades adelanten el suyo». Una decisión que, según afirma, «parece responder más a fines políticos que técnicos».
Madrid denuncia falta de coherencia y acusa al Ministerio de «fiscalizar» a las CCAA
Matute subraya que la exigencia de datos llega en un momento en que el propio Ministerio reconoce dificultades para implementar el sistema informático de registro de los 22 indicadores previstos en el documento de consenso estatal. Denuncia que este mecanismo aún «no está disponible ni operativo», por lo que remitir la información solicitada «no es viable ni homogéneo». También destaca la paradoja de que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del propio Ministerio, haya mantenido paralizado durante casi dos años el programa de cribado de cáncer de mama en Ceuta y Melilla.
La consejera considera «llamativo» que la ministra exija diligencia a las autonomías mientras su departamento «no demuestra la misma capacidad para resolver los problemas estructurales de la sanidad española». Entre ellos, cita la falta de médicos, la ausencia de financiación suficiente para las leyes y proyectos impulsados por el Gobierno central y la incapacidad para aprobar un Estatuto Marco actualizado. A su juicio, el Ministerio opta por «fiscalizar y manosear de forma maliciosa» el trabajo autonómico en materia de cribados, generando «inquietud innecesaria» entre pacientes y sociedades científicas.
Defensa de la autonomía y crítica al uso partidista de la salud pública
En la parte final de la carta, Matute confirma que la Comunidad de Madrid no remitirá los datos solicitados «en los términos planteados», al no existir obligación legal ni acuerdo formal en el Consejo Interterritorial. Reitera la disposición de la Consejería a mantener «la máxima transparencia y colaboración institucional», pero advierte de que esa cooperación debe basarse en el «respeto competencial» y en objetivos reales de mejora asistencial. La consejera concluye su escrito acusando a la ministra de «utilizar la salud pública con fines partidistas», y reclama un enfoque basado en la evidencia científica y en la confianza entre administraciones».
