Ya hay fecha para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) solicitaron para abordar la gestión de los datos de los programas poblacionales de cribado de cáncer. En este sentido, según ha podido saber Gaceta Médica, la reunión se celebrará el próximo miércoles 12 de noviembre. Será entonces cuando el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, y los responsables autonómicos se vean las caras en un pleno monográfico del CISNS con los cribados y la falta de especialistas en el centro de la agenda.
La solicitud formal por parte de las CCAA del PP para celebrar este Interterritorial ha llegado esta mañana hasta el Ministerio después de que ayer, en el Consejo de Ministros, el Gobierno lanzara un ultimátum para intentar recabar los datos. Concretamente, ha sido una carta de los consejeros populares, encabezados por la madrileña Fátima Matute, la que ha transmitido a la ministra su deseo de volver a sentarse para abordar la crisis.
Dos asuntos en el foco: cribados y escasez de profesionales
Según ha podido saber Gaceta Médica, el Pleno de la semana que viene pondrá en el foco los datos y resultados actuales disponibles de los programas de cribados poblacionales de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, empleados para la evaluación y seguimiento de dichos programas, tal y como reclamaban las CCAA del PP. No obstante, las fuentes consultadas subrayan que no se espera un debate monográfico, ya que igualmente se abordarán otros asuntos.
Este debate llega tras semanas de desencuentros entre el Ministerio y las comunidades gobernadas por el PP, que acusaban a Sanidad en la misiva de esta mañana de actuar "de manera unilateral" en la gestión y petición de información sobre los cribados. En su carta a García, las autonomías populares reclamaban que el CISNS abordase "la aprobación, en su caso, de los trabajos y acuerdos adoptados en la Comisión de Salud Pública" sobre estos programas.
Además, la reunión extraordinaria tratará otro tema que Matute catalogó en su carta a la ministra como urgente: la situación de la necesidad de especialistas sanitarios en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Los consejeros autonómicos han venido reclamando un plan nacional de recursos humanos, que contemple la ampliación de plazas de formación sanitaria especializada y medidas efectivas de fidelización del talento.
Sigue el pulso por los datos de los cribados
La escalada se ha intensificado en las dos últimas semanas. El 22 de octubre, Sanidad elevó el tono al negar que acusara a las autonomías de ocultar información y subrayar que "son las propias del Partido Popular las que han dicho que ellas no van a remitir los datos", en el marco del caso andaluz y del requerimiento de indicadores de cribado de mama, colon y cérvix. El 24 de octubre, los consejeros del PP abandonaron el CISNS denunciando "uso partidista" del foro, mientras el Ministerio habló de "deslealtad institucional". Ambas escenas confirmaron que los cribados de cáncer de mama se habían convertido en el eje del choque político y técnico.
Tras ese plantón, las posiciones se endurecieron. El 28 de octubre, la consejera madrileña Fátima Matute fijó línea roja en el intercambio de información ("no vamos a compartir los datos por WhatsApp") y defendió que los programas madrileños "son sólidos, maduros y excelentes". En paralelo, Andalucía defendió su Plan de Choque por los fallos en el cribado de mama: inversión de 12 millones, 119 contrataciones (25 radiólogos, 18 TER, 20 enfermeras y 16 TCAE) y reorganización asistencial, insistiendo el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en que "la detección precoz salva vidas". También, en una entrevista a Gaceta Médica, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, sostuvo que "el sistema de cribados funciona", pero que el Gobierno "lo está utilizando de forma electoralista".
El conflicto entró en fase jurídica el 4 de noviembre: tras el Consejo de Ministros, Mónica García anunció un requerimiento legal con un mes de plazo y advirtió que recurrirán a un contencioso-administrativo si no hay envío de datos; el Ministerio justificó la medida para garantizar equidad y vigilancia. Madrid replicó ese mismo día que "la herramienta para volcar los datos no está desarrollada" y reprochó a Sanidad falta de lealtad institucional. Ahora, todo está a punto para que los consejeros y la ministra puedan intentar llegar a un acuerdo en la reunión del próximo miércoles.
Más asuntos que tratar
Según ha podido saber Gaceta Médica, el Pleno número 300 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) comenzará con una amplia batería de acuerdos de coordinación. Entre ellos destacan el abordaje de la enfermedad de Huntington, dentro de la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del SNS, y la aprobación del procedimiento para emitir certificados de patologías derivadas de la exposición al amianto, conforme al Real Decreto 483/2025 y a la Ley 21/2022. Además, se ratificarán los criterios de reparto y distribución territorial de créditos destinados a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema, con un millón de euros para consolidar la red europea de centros integrales de cáncer (EUnetCCC) y otro millón para el desarrollo del sistema de vigilancia del cáncer a nivel autonómico.
El Consejo abordará también la actualización de la cartera común de servicios de Salud Pública, que incorporará cambios relativos a la información y vigilancia epidemiológica, así como a los programas poblacionales de cribado prenatal, neonatal y de cáncer colorrectal. Asimismo, se incluirá un nuevo procedimiento asistencial que requerirá la designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en el área de neumología y cirugía torácica, junto con la aprobación de nuevas designaciones, redesignaciones y revocaciones de CSUR en el conjunto del SNS.
En el bloque estratégico, el CISNS someterá a aprobación la Estrategia de Inteligencia Artificial del Sistema Nacional de Salud y la Estrategia de Ciberseguridad del SNS, con el objetivo de avanzar en la digitalización y protección de los sistemas sanitarios. La sesión concluirá con la votación de un acuerdo decisorio que regulará la participación de las comunidades autónomas, las ciudades con estatuto de autonomía y el INGESA en los casos de uso del Espacio Nacional de Datos de Salud, designando a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial como encargada del tratamiento de los datos y garantizando la interoperabilidad y seguridad de la información compartida entre administraciones.
