La Comisión de Sanidad del Senado de esta mañana estuvo protagonizada por un duro enfrentamiento centrado en la gestión de la última convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE). Bajo la petición del Grupo Parlamentario Popular, la ministra de Sanidad, Mónica García, compareció para dar cuenta de lo que la oposición calificó como "irregularidades" en las pruebas del MIR 2026, mientras que el Gobierno defiende un modelo en expansión que ha alcanzado cifras record como las de la última convocatoria.
Frente a la ofensiva del PP, la ministra Mónica García apuntó a la magnitud del sistema y la garantía jurídica. García no solo rechazó las acusaciones de caos, sino que presentó la convocatoria como "un hito de expansión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Es el año en el que más plazas de formación se han ofertado en la historia de nuestro país".
Señaló que "las plazas han crecido en un 40% y esto se traduce en miles de profesionales que se están formando cada año más y más en nuestro país". Según García, este aumento exponencial de la oferta es lo que ha obligado a modernizar los procesos, lo que a su vez ha podido generar ciertas inquietudes en un examen de tal trascendencia.
Retrasos, incidencias e incertidumbre
"Entiendo que haya habido momentos de incertidumbre. Todos los que nos hemos presentado a un MIR sabemos de lo que supone. Ahora bien, esa incertidumbre no se corresponde realmente con la realidad de las informaciones o desinformaciones que ha habido", replicó la ministra, minimizando las críticas de la oposición.
Uno de los puntos que centró el debate fue el incumplimiento de los plazos administrativos. La senadora del PNV, Nerea Aedo, aunque en un tono más técnico, coincidió con el PP al señalar que "las listas provisionales de admitidos fueron tarde, se presentaron al de 2 meses y medio tarde y fuera de plazo. Las definitivas también fueron tarde", denunció Aedo.
Aranda, por parte del PP, fue más allá al denunciar que estos retrasos permitieron situaciones anómalas, "en unas listas definitivas en las que se permitió presentarse a personas que no estaban admitidas porque era imposible recurrir al recurso de alzada".
La ministra García, en su turno de réplica, admitió la existencia de estos retrasos, pero los justificó por el volumen de trabajo y la minuciosidad necesaria para garantizar la limpieza del proceso. "¿Ha habido retraso en las publicaciones de las listas? Sí, obviamente ha habido retraso", reconoció, asegurando que "no volerá a ocurrir". No obstante, explicó que "este año se han gestionado 36.000 aspirantes para 12.000 plazas" y "se han atendido unas 1000 incidencias que requirieron una revisión individualizada de expedientes".
García reconoció que se trata de una situación que "genera inquietud en un momento tan decisivo para sus trayectorias profesionales". Este volumen de trabajo obligó a los funcionarios a "revisar los expedientes de manera individualizada, con lupa". Este escenario de "ensanchamiento" del sistema, que cuenta ahora con casi un 20% más de aspirantes que en ediciones previas, ha tensionado la infraestructura administrativa de Sanidad. Según la titular de la cartera, el incremento exponencial de la oferta de plazas ha exigido la modernización de unos procedimientos que ahora buscan "ser más robustos, más seguros y más acordes con la dimensión actual". "Estamos poniendo todas las medidas para que el año que viene no se produzcan", afirmó ante la Comisión de Sanidad.
Sobre las preguntas anuladas por errores de sintaxis o gramática, que el PP calificó como "un espectáculo de desorganización", la ministra defendió la opacidad del sistema de sobres cerrados como la mayor garantía de igualdad, ya que "nadie tiene acceso a las preguntas hasta que no se abren los sobres. Es un proceso muy garantista", insistió García, añadiendo que "cualquier incidencia con la bibliografía de las preguntas se subsanó en menos de 24 horas".
La ministra Mónica García defendió la robustez del sistema aportando cifras sobre el crecimiento de la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Destacó que "no solo han crecido las plazas médicas", sino que el esfuerzo ha sido integral. "Hemos aumentado un 100% las plazas de salud mental y hemos aumentado también casi un 100% las plazas de enfermería de especialistas". Para García, "es la respuesta real a la descapitalización sufrida en años anteriores".
Respecto a la polémica reducción de sedes, la titular de Sanidad aclaró que se trató de una vuelta a la normalidad tras las medidas excepcionales de la pandemia. No obstante, aseguró que el Ministerio ha sido flexible, porque "los gobiernos que nos han pedido que se mantenga su sede, se ha mantenido... tan sencillo".
García fue tajante al defender la limpieza del examen frente a las dudas sobre posibles filtraciones. Explicó que "es tan garantista el procedimiento que nadie tiene acceso a las preguntas hasta que no se abren los sobres... los comités evaluadores la primera vez que ven el examen es el mismo día que los estudiantes". Además, restó importancia a los errores bibliográficos, afirmando que se subsanaron en menos de 24 horas.
Para demostrar el control sobre el proceso, la ministra reveló que se detectaron y anularon intentos de fraude tecnológico. "Todas las personas que han entrado con dispositivos que podían ser engañosos han sido eliminadas del examen, se encontró una persona con unas gafas inteligentes, pues ya está, no pudo hacer el examen".
El PP califica la convocatoria de "desastre y espectáculo"
Según el portavoz del Partido Popular, Enrique Ruiz Escudero, el proceso selectivo de este año ha estado marcado por la improvisación desde su inicio, calificándolo de "caótico, improvisado y desastre. Han sido los calificativos más magnánimos a esa convocatoria".
Para el principal grupo de la oposición, el prestigio de un sistema que nació en la década de los 60 ha quedado herido. Escuredo subrayó que "la desorganización no fue puntual, sino estructural", recordando la reducción de las sedes de examen como uno de los errores iniciales, de una convocatoria que "se inició ya con un sistema de reclamaciones por los opositores, por las academias de formación, por los grupos políticos, por las asociaciones y por los sindicatos médicos".
El senador del PP afeó especialmente que, "en el año con más aspirantes, eliminaran seis sedes, aunque finalmente fueron tan solo tres". La sesión parlamentaria dejó clara la fractura total entre el Ministerio de Sanidad y el Partido Popular. Mientras el senador popular Jose Manuel Aranda, cerraba su intervención afirmando que "nada ya puede empeorar en el sistema MIR del año 2026", la ministra García se despedía reivindicando su voluntad de transformar el sistema.
El senador Enrique Ruiz Escudero puso el foco en la Orden 928/2025 que dio inicio al proceso, denunciando que "nació viciada por la falta de escucha a los sectores implicados. Se inició ya con un sistema de reclamaciones por los opositores, por las academias de formación, por los grupos políticos, por las asociaciones y por los sindicatos médicos". Según el PP, "cambios aparentemente menores como el adelanto de dos horas" en el horario de las pruebas, contribuyeron a una sensación de "improvisación generalizada".
Uno de los puntos más críticos fue la gestión de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Aranda denunció que la orden de formación y acreditación de hospitales salió apenas 23 días antes de la sesión. "Se me hace muy extraño, señora ministra, que puedan acreditar ustedes desde el día 31 de marzo a los hospitales... cuando ya estaban adjudicadas o eran ya los hospitales previamente sin acreditar que iban a coger esos especialistas", explicó Aranda.
El Partido Popular también puso el foco en la crisis interna del ministerio previa al examen, concretamente en la dimisión del Comité de Expertos en julio. "El Comité de Expertos dimitió prácticamente en bloque en julio. He de decirle que se les rebajaron en 66% el número de colaboradores y en un 40% los incentivos", apuntó Ruiz Escudero. Además, denunció que, en julio, estos profesionales aún no habían cobrado sus emolumentos correspondientes al año anterior, lo que habría provocado la salida en bloque de los evaluadores.
Para el PP, esta cadena de sucesos, dimisión de expertos, errores en los exámenes y cambios en la Dirección General de Ordenación Profesional, conforma un "fallo sistémico que ha dejado a miles de jóvenes en una situación de vulnerabilidad. El Ministerio ha ofrecido un espectáculo de desorganización y justificar como ha justificado usted los fallos por el sistema, creo que demuestran ni más ni menos que una falta de planificación", subrayó Aranda.
La respuesta de la ministra fue apelar a la responsabilidad y a la normalidad del procedimiento, asegurando que "se han cumplido escrupulosamente los plazos de adjudicación e incorporación". Además, García aprovechó para anunciar que ya se está estudiando la posibilidad de realizar las pruebas en lenguas oficiales, respondiendo a las peticiones de grupos como Junts.
En cuanto al contenido de las pruebas, el PP subrayó que el MIR 2026 ha sido "el proceso con más errores técnicos de la última década, por errores de sintaxis, por errores gramaticales por defectos en las imágenes".
Finalmente, el senador popular denunció irregularidades en el baremo de méritos, señalando que "cerca del 40% presentaron incidencias después por valoraciones inadecuadas". Según el PP, la gestión de las listas definitivas "fue tan deficiente que se permitió presentarse a personas que no estaban admitidas originalmente", ya que, según los populares, los retrasos administrativos impidieron que se resolvieran los recursos de alzada a tiempo para el examen.
