El Tribunal Supremo anuló en su totalidad el Real Decreto 366/2024, de 9 de abril. Una sentencia que impidió que se traspasaran al País Vasco las competencias en materia de homologación de títulos extracomunitarios a un título universitario oficial español. Una decisión que ha dejado 200 expedientes, entre ellos una parte relativa a profesionales sanitarios, sin resolver y que, a día de hoy, siguen a la espera de una alternativa para poder llevar a cabo su homologación.
Esta sentencia fue aplaudida por la Organización Médica Colegial (OMC), donde su presidente, Tomás Cobo, valoró el dictamen al considerar que “esta medida iba exactamente en dirección contraria al propósito de la profesión médica europea”. También afirmaron desde el Consejo General de Enfermería (CGE) que el veredicto aplicaba el principio de igualdad en estos procedimientos.
Sin embargo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no ha solucionado todavía la situación de esos 200 expedientes y hoy, en el pleno del Congreso, se ha abordado esta cuestión, siendo la diputada de EH Bildu, Marije Fullaondo, la que ha expresado su descontento hacia la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. En concreto, Fullaondo ha catalogado como “contundente” la respuesta anterior de la ministra hacia este problema.
Fullaondo ha demandado a la ministra Morant que se pongan “en marcha los mecanismos del traspaso definitivo de la transferencia a la mayor brevedad”. Ello, resaltando que lo hagan “mediante los mecanismos que consideren oportunos, pero es necesario hacerlo ya”. A su vez, ha recalcado que los expedientes que se quedaron en el limbo después de la decisión del Supremo “deberían hacerse de oficio por parte del Ministerio, de modo automático, prácticamente. Sin que tenga que volver a pensar un proceso burocrático que ya ha pasado dos veces”.
Reunión bilateral
Para terminar su intervención, Fullaondo ha resaltado que “son 200 personas que en muchos casos llevan más de tres o cuatro años esperando la homologación, y 200 personas a las que los servicios públicos vascos esperan para cubrir puestos profesionales”. Por su parte, Morant ha respondido alegando que están “intentando arreglar" dicha situación. A ello, añadió que “ayer mismo hubo una reunión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno del País Vasco, precisamente para ver el trasfondo jurídico y político para insistir en ese traspaso de competencias de las homologaciones al Gobierno vasco”.
En este sentido, Morant ha dejado claro que es su intención y que, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tienen “la voluntad plena de hacer lo posible”. A su vez, ha destacado “el compromiso del Gobierno de España de que estos primeros expedientes no queden en un limbo”. En este sentido, ha informado de que su intención “es traspasar los expedientes directamente al Ministerio y que simplemente con una ratificación de los solicitantes pueda tramitarlos el Gobierno de España”. Para terminar, ha recalcado que están “completamente comprometidos con todas aquellas personas que han llegado a nuestro país y que quieren trabajar en nuestro país”, recalcando que para el Gobierno “la inmigración nos enriquece”.
Malestar del Consejero de Sanidad del País Vasco
El consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez Ruiz, expresó su malestar al conocer la anulación del Real Decreto 366/2024, de 9 de abril. Martínez aseguró que “el fallo del Tribunal Supremo es una mala noticia con preocupantes e inquietantes consecuencias para el sistema de salud en Euskadi”. También, criticó “La desconexión entre los ritmos administrativos y las necesidades asistenciales", que considera que está "generando una brecha cada vez más difícil de cerrar”.
A su vez, insistió en que la población vasca no entiende por qué resulta tan difícil encontrar un médico de familia para Berriz o un pediatra para Llodio. Además, aseguró que la propuesta del Gobierno Vasco no solo incumbe a los atascados, sino también a los médicos que se encuentran en el ejercicio de su profesión. En este sentido, Martínez tendría preparadas fórmulas para aprovechar mejor el talento disponible. En cualquier caso, el ministro de Salud considera que “la Justicia no puede ralentizar los tiempos de la Salud”, algo que se ha producido con la sentencia del Tribunal Supremo de hace un par de semanas.
