La crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía ha sacudido la política sanitaria nacional y ha reabierto el debate sobre la gestión de los programas de detección precoz en España. El caso de las miles de mujeres andaluzas que no fueron notificadas tras someterse a una mamografía con resultados dudosos ha obligado al Ministerio de Sanidad a exigir información a todas las comunidades autónomas sobre la calidad y cobertura de sus cribados.
Algo que ha provocado el descontento de las distintas consejerías del PP, provocando incluso su salida del pasado Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En este sentido, el asunto ha escalado hasta el Congreso de los Diputados, donde el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha reconocido la necesidad de una revisión a fondo del sistema.
«Estamos viendo una caída muy importante en el cribado de cáncer de mama»
Durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso, Padilla alertó de una tendencia preocupante. «Explotando los sistemas de información que tenemos, hemos visto una tendencia general que es especialmente acusada en algunas comunidades autónomas», afirmó. Según los datos preliminares, mientras los cribados de cáncer de colon muestran una evolución «muy acusada» y los de cérvix se mantienen estables, «estamos viendo una caída muy importante en la cifra de cáncer de mama».
El secretario de Estado insistió en que tienen «que hacer análisis más ponderados de los sistemas de información», aunque apuntó que esperan «los datos que nos den las diferentes comunidades autónomas para ver dónde está ocurriendo esto». Padilla recordó que «un cribado es útil si se lleva a cabo con calidad, pero sobre todo con alta cobertura», y subrayó que el Ministerio «no puede limitarse a mirar hacia otro lado» ante un problema que afecta directamente a la salud pública.
Andalucía, el detonante de una crisis nacional
Padilla explicó que el Ministerio actuó en cuanto tuvo conocimiento del caso andaluz: «Nos pusimos en contacto con las diferentes comunidades autónomas y les solicitamos el envío de la información de los indicadores que se habían consensuado en el seno de la ponencia de cribados». Sin embargo, lamentó que «algunas, especialmente las capitaneadas por el Partido Popular, se han negado en rotundo a dar esa información».
«El problema no es que se la estén negando al Ministerio de Sanidad, se la están negando a la población de sus comunidades», advirtió. La información solicitada no solo afecta al cáncer de mama, sino también a los programas de cribado de colon y cuello de útero, incluidos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Padilla aseguró que Sanidad estudia medidas legales para garantizar la cesión de información, amparándose en la Ley General de Salud Pública de 2011, que obliga a las administraciones a compartir datos esenciales para la coordinación sanitaria.
El refuerzo del cribado neonatal y la equidad territorial
El secretario de Estado destacó también los avances en cribado neonatal, uno de los pilares del actual mandato. «Al principio de esta legislatura, nos encontrábamos con siete cribados neonatales obligatorios; ahora estamos tramitando la ampliación para alcanzar entre 22 y 25», detalló. Padilla puso en valor el trabajo de comunidades «tractoras» como Galicia y Baleares, y reivindicó el papel del Ministerio para «elevar el suelo de equidad» en todo el país.
«El Ministerio no tiene que ser el tractor, sino quien garantiza que, allí donde hay evidencia y experiencia suficiente, las pruebas sean irrenunciables en cualquier lugar de España», apuntó el secretario de Estado. Según Padilla, esta ampliación, que busca evitar daños neurológicos y discapacidades prevenibles, refleja una apuesta por reforzar la coordinación sanitaria y por un modelo de salud pública «basado en datos, calidad y equidad territorial».
