La Organización Nacional de Trasplantes está trabajando con el Instituto Nacional de Seguridad Social en la elaboración conjunta de una propuesta normativa con objeto de dar cobertura al donante vivo por igual en todo el territorio nacional, no solo con respecto a la baja laboral que conlleva, sino también a los gastos en los que incurre por el hecho de ser donante.
Este anuncio forma parte del informe emitido por el Gobierno con respecto al cumplimiento de la moción aprobada en el Senado por la que se instaba al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que la donación de un órgano por parte de donante vivo se siga considerando causa de incapacidad temporal. El texto, que recibió el visto bueno de la Cámara Alta, reclamaba ofrecer los apoyos oportunos al donante hasta que este pudiera recuperar su plena capacidad laboral.
El Gobierno recuerda que, en la actualidad, la persona que se somete de forma voluntaria y altruista a pruebas diagnósticas para asegurar su idoneidad y a una intervención quirúrgica mayor, no exenta de riesgos, en la que se extrae un órgano vital que requiere una hospitalización y un periodo de recuperación, ya tiene cobertura sanitaria por incapacidad temporal desde el momento de la hospitalización. No obstante, matiza que no es menos cierto que el donante vivo se ve obligado a ausentarse de su puesto de trabajo para realizarse el estudio clínico previo, someterse a distintas pruebas diagnósticas y acudir al centro hospitalario en los momentos previos a la intervención.
De igual modo, el informe señala que en los supuestos de donación de órganos intervivos no se ha propugnado por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social una interpretación restrictiva. Por tanto, el texto recalca que no se excluye al donante de la situación de incapacidad temporal definida en el artículo 169 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
