La Proposición No de Ley (PNL) presentada ayer por el Grupo Parlamentario Popular (PP) en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados fue aprobada gracias al voto ponderado. Esta iniciativa plantea la modernización, reordenación y desarrollo de la Atención Primaria y Comunitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS), destacando su papel esencial para garantizar el bienestar físico, mental y social de la población, siguiendo los principios de la Declaración de Alma-Ata. La PNL solicita al Gobierno convocar un pleno monográfico del Consejo Interterritorial para abordar la falta de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, crear 1.000 plazas formativas anuales, y asegurar la financiación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 para evitar plazas vacantes y mejorar la formación, incluso en Ceuta y Melilla.
El texto también subraya la importancia de un consenso real con las Comunidades Autónomas y la coordinación con profesionales y pacientes para impulsar estas reformas, ante un déficit crítico estimado en 4.500 especialistas. Además, plantea revisar los criterios de acreditación para agilizar la formación y resolver carencias en infraestructuras y recursos humanos, buscando un sistema sanitario más accesible, equitativo y sostenible, alineado con las necesidades actuales y futuras del país.
Durante la presentación de la iniciativa, Elvira Velasco Morillo, diputada del PP, expuso que «la Atención Primaria es un pilar fundamental para garantizar el derecho de la población a la protección de la salud«. En este sentido, subrayó que «la falta de profesionales en Medicina Familiar lleva años siendo una prioridad para las comunidades autónomas«, pero criticó que el Gobierno central «no ha cumplido los acuerdos para aumentar las plazas formativas«. Destacó también que «este miércoles aún quedaban 508 plazas vacantes en Medicina Familiar, lo que demuestra la inacción del ministerio». Por ello, pidió convocar «un pleno monográfico del Consejo Interterritorial y adoptar medidas concretas para evitar que las plazas queden desiertas y mejorar la formación, especialmente en Ceuta y Melilla».
Tomás Fernández Ríos, diputado de VOX, valoró que «la Atención Primaria es el eje estructural de nuestro Sistema Nacional de Salud, resolviendo más del 80% de los procesos clínicos«. Sin embargo, advirtió que «afronta una crisis multifactorial con un déficit de más de 4.500 especialistas, infraestructuras deficientes y disparidades territoriales». Enfatizó que «no basta con aumentar plazas, se necesita una transformación estructural profunda y unificada que devuelva al Estado la autoridad para garantizar un sistema sanitario eficiente y digno para todos».
Por su parte, Joseba Andoni Aguirretxea Urresti, del PNV, señaló que «la competencia de organización sanitaria recae en las comunidades autónomas, que deben decidir cómo modernizar la Atención Primaria«. Además, apuntó que en el País Vasco «han propuesto reducir la especialización de cuatro a tres años para acelerar la incorporación de profesionales». También mencionó que se ha solicitado «acelerar la homologación de títulos extranjeros» y «autorizar un periodo transitorio de tres años que habilita a médicos sin especialidad para ejercer en periodos de mayor demanda». Asimismo, defendió que «se ha solicitado la transferencia de la capacidad de acreditación de las unidades docentes para médicos residentes, lo que permitiría una mayor autonomía en la formación».
Alda Recas, portavoz de SUMAR, afirmó que coinciden «en la importancia de fortalecer la Atención Primaria, pero no basta con aumentar plazas«. Señaló que «es imprescindible retener talento mediante mejores contratos y condiciones laborales». Enfatizó que, aunque ha habido «un incremento en fondos», también es necesaria «una mayor vigilancia para evitar desviaciones». Denunció que «la precarización en algunas comunidades, como Madrid, pone en riesgo la fidelización de profesionales». Finalmente, subrayó que la Atención Primaria «debe gestionarse con un enfoque integral, garantizando equidad y participación comunitaria».
María Isabel Moreno, del PSOE, mostró un tono crítico y afirmó que «como andaluza, expreso el abandono que sentimos«. Denunció que «el PP apuesta por un modelo sanitario privado que solo salva a quienes tienen dinero«. Afirmó que «se han despedido 18.000 sanitarios en Andalucía, con cierres de plantas hospitalarias y falta de recursos en Atención Primaria«. Concluyó que «este deterioro es alarmante y no apoyaremos esta proposición porque banaliza la situación real y da la espalda a millones de ciudadanos que sufren la falta de atención adecuada».
La votación final de la Comisión de Sanidad mostró la división política existente. Al final, la PNL terminó saliendo adelante por voto ponderado como dijo el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, con un resultado en la votación final de 17 votos a favor, 17 en contra y una abstención.
