La huelga médica ha vuelto este miércoles al debate político en el Pleno del Congreso de los Diputados, en un duro intercambio entre la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, marcado por el cruce de reproches sobre la gestión del conflicto y el reparto de responsabilidades entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
En su pregunta al Gobierno, Fúnez ha urgido a la titular de Sanidad a dar una salida a una situación que, a juicio del PP, se prolonga sin avances. «Los médicos siguen en huelga, los pacientes no pueden esperar más y España necesita respuestas… nueve meses después, ni soluciones ni liderazgo», ha afirmado la dirigente popular, que ha preguntado directamente a la ministra «cuánto tiempo más va a alargar esta situación».
En su primera respuesta, García ha defendido la actuación de su departamento y ha asegurado que es «la primera vez en 23 años» que existe «voluntad política» para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. La ministra ha situado parte de la responsabilidad en las autonomías gobernadas por el PP y ha sostenido que «una parte sustancial de las mejoras laborales reclamadas por los facultativos son competencia directa de la Consejería de Sanidad». Por ello, ha instado a Fúnez a preguntar a «sus consejeros y consejeras».
La réplica del PP ha elevado el tono político. Fúnez ha acusado a García de actuar «más como candidata que como ministra» y de dedicarse a «hacer oposición a las comunidades autónomas» en lugar de gobernar. Según la diputada popular, el Ministerio ha contribuido a agravar el conflicto al no reconocer a los médicos como «interlocutores válidos» y al romper la negociación en diciembre. También, ha reprochado a la ministra su ausencia en la mesa reanudada hace unas semanas, donde, ha dicho, estuvo representada por el director general, mientras que Alberto Núñez Feijóo sí se reunió con el Comité de Huelga.
La diputada popular ha ido más allá y ha vinculado la falta de acuerdo a la ausencia de respaldo económico y político dentro del propio Ejecutivo. En este sentido, ha señalado que el Ministerio de Hacienda «todavía no ha abierto la boca» sobre la dotación presupuestaria necesaria para sostener la norma en discusión y ha apuntado también al Ministerio de Función Pública. «Los médicos están atrapados entre dos candidatos más pendientes de su futuro político que del futuro de la sanidad española», ha expresado añadiendo que «le falta credibilidad para solucionar este problema».
En este sentido, Fúnez ha centrado una parte de su intervención en cuestionar la fiabilidad de la ministra como interlocutora en la negociación. «Para solucionar este conflicto se necesita credibilidad y es algo que a usted le falta», ha reiterado, después de señalar que el Comité de Huelga habría «rectificado» y «corregido» a García tras sus declaraciones públicas sobre el desarrollo de las reuniones. La diputada ha concluido que la ministra es «más problema que solución» y le ha pedido la dimisión.
En su contrarréplica, García ha acusado al PP de «alentar» la huelga y de «echar más gasolina» al conflicto. La ministra ha insistido en que las CCAA tienen competencias sanitarias desde 2001 y ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presente en el hemiciclo, que se lo trasladara a su diputada. También, ha cargado contra los consejeros autonómicos populares por, a su juicio, no ejercer sus competencias.
El debate derivó después hacia un terreno de máxima confrontación política. García cuestionó la preparación de la portavoz popular en materia sanitaria y amplió sus críticas al conjunto del PP, con referencias a Vox, a la ultraderecha y a la situación política internacional. La ministra llegó a afirmar que «el mejor aval para blindar la sanidad pública es que ustedes no gobiernen».
El choque parlamentario evidenció la distancia entre el Ministerio y el principal partido de la oposición sobre cómo abordar la huelga médica. Mientras el PP responsabiliza directamente a la ministra por la falta de avances y pone el foco en su «falta de credibilidad», Sanidad mantiene que buena parte de las demandas de los facultativos dependen de las comunidades autónomas y acusa a los gobiernos regionales del PP de contribuir a mantener vivo el conflicto.
