El rechazo del Comité de Huelga al mediador planteado para tratar de reconducir el conflicto del Estatuto Marco ha dado un nuevo impulso a la ofensiva política que las comunidades autónomas gobernadas por el PP mantienen desde hace tiempo contra el Ministerio de Sanidad de Mónica García. Lo que en apariencia era una vía para desatascar la crisis con los médicos acabó saltando por los aires cuando los representantes de la huelga ni siquiera llegaron a sentarse con el Ministerio por su desacuerdo con la figura elegida para intermediar. Ese episodio dejó a Sanidad aún más expuesta y ofreció a los consejeros populares un nuevo argumento para denunciar la falta de control del Ministerio sobre uno de los conflictos sanitarios más delicados de la legislatura.
Más allá de ese episodio concreto, el choque por el Estatuto Marco encaja en una dinámica más amplia. En distintos Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de Salud, las CCAA del PP han ido convirtiendo cada discrepancia con el Ministerio en un pulso político de mayor envergadura: primero con las mascarillas, después con la falta de profesionales, más tarde con las plazas MIR, el enfrentamiento por los datos de los cribados de cáncer de mama y, finalmente, con la huelga médica. La suma de todos esos episodios ha erosionado el clima del CISNS y ha consolidado la imagen de un órgano cada vez más atravesado por la confrontación partidista.
Estatuto Marco
El conflicto del Estatuto Marco ha sido el último gran campo de batalla. La presión de las CCAA del PP fue subiendo de peldaño en peldaño. En lo que se refiere a los acontecimientos más recientes, primero reclamaron por carta un pleno extraordinario del CISNS para abordar el impacto asistencial de la huelga médica, después lograron que el Ministerio incluyera ese asunto como primer punto del orden del día del Interterritorial y, finalmente, mantuvieron un frente común para exigir a Sanidad una salida que pusiera fin a los paros. Ese recorrido convirtió el conflicto laboral en una crisis política de primer orden dentro del sistema sanitario.
La situación escaló todavía más cuando, tras el fracaso de la mediación, algunos consejeros populares pasaron a cuestionar de forma abierta la continuidad de la ministra. La ofensiva verbal culminó con peticiones de dimisión y acusaciones de incapacidad para resolver la crisis, en un movimiento que evidenció que el Estatuto Marco ya no se estaba librando solo en la mesa negociadora con los médicos, sino también en el terreno de la erosión política al Ministerio.
Plazas MIR
Antes de que el Estatuto Marco monopolizara la tensión, el debate sobre las plazas MIR ya había servido como otro foco de desgaste entre el Ministerio y las comunidades del PP. La discusión sobre la planificación de plazas y la respuesta del equipo ministerial a las críticas autonómicas reflejó un malestar de fondo sobre cómo se estaban gestionando los instrumentos de ordenación de profesionales desde el nivel central, en un contexto en el que varias autonomías venían reclamando más capacidad de maniobra y una respuesta más pegada a sus necesidades asistenciales.
Ese choque no tuvo la misma intensidad simbólica que el del Estatuto Marco o el de los cribados, pero sí contribuyó a alimentar el relato de las comunidades populares sobre un Ministerio poco receptivo a sus advertencias. En ese sentido, las plazas MIR funcionaron como otro capítulo de una acumulación de fricciones que fue preparando el terreno para enfrentamientos posteriores mucho más duros.
Datos de los cribados
El gran precedente del actual nivel de confrontación fue la crisis por los datos de los cribados de cáncer de mama. El Ministerio reclamó información a las comunidades y acusó a varias de ellas, especialmente a las gobernadas por el PP, de no facilitar los datos en tiempo y forma. Desde el otro lado, los consejeros populares denunciaron que se les pedía esa información sin criterios homogéneos y con procedimientos que consideraban inadecuados, hasta convertir una discusión técnica en un enfrentamiento político abierto.
La tensión alcanzó un punto crítico cuando las CCAA del PP plantaron a la ministra en el Interterritorial en plena crisis, una escena que visualizó como pocas el deterioro de la relación entre ambas partes. Después llegaron las respuestas cruzadas: Mónica García calificó de inadmisible la actitud de los consejeros y pidió que rectificaran, mientras desde Madrid y otras autonomías populares se insistía en que no iban a compartir datos "por WhatsApp" ni sin una metodología clara. El resultado fue la consolidación de un patrón que luego se ha repetido en otros frentes: el CISNS como escaparate del choque político con el Ministerio.
Falta de profesionales
Otro momento relevante en esa escalada se produjo cuando las comunidades del PP salieron del CISNS de junio de 2024 descontentas por considerar que el Ministerio no había aceptado analizar a fondo el problema de la falta de profesionales. El déficit de médicos y sanitarios, uno de los asuntos más sensibles para las autonomías, volvió así a convertirse en un motivo de reproche al departamento de Mónica García, al que los consejeros populares venían afeando una respuesta insuficiente ante una cuestión estructural con impacto directo en listas de espera, cobertura asistencial y planificación de plantillas.
Ese episodio fue importante porque conectó el malestar político con una de las mayores preocupaciones reales de los servicios de salud. No se trataba ya solo de un desacuerdo procedimental en el Interterritorial, sino de un cuestionamiento de fondo a la capacidad del Ministerio para liderar una solución coordinada al déficit de profesionales, un tema que luego reaparecería tanto en el debate sobre el MIR como en el del Estatuto Marco.
Mascarillas
La reunión del CISNS de enero de 2024 sobre el uso obligatorio de mascarillas fue otro de los primeros escenarios en los que quedó clara la dificultad del Ministerio para alinear a las autonomías y, en particular, para contener la resistencia de varias CCAA gobernadas por el PP. Aquella cita terminó sin acuerdo y con un plazo adicional de 48 horas para que las comunidades aportaran sus medidas, dejando ya la impresión de un Interterritorial tensionado y sin una posición común firme en un asunto con alto componente político y sanitario.
Aunque el debate sobre mascarillas respondía a un contexto distinto, sirvió para anticipar una dinámica que después se repetiría: el Ministerio tratando de fijar una posición común y varias comunidades populares utilizando el CISNS para marcar distancia, presionar y exhibir públicamente su desacuerdo con la estrategia de Sanidad.
Un pulso político en ascenso
La crisis del Estatuto Marco no ha surgido, por tanto, en un vacío. Ha prendido sobre un terreno ya muy erosionado por meses de choques en el CISNS, en los que las CCAA del PP han ido perfeccionando una estrategia de presión política constante sobre el Ministerio de Sanidad. Lo nuevo ahora es que el rechazo al mediador ha dado a esa ofensiva un elemento adicional de desgaste: la imagen de que ni siquiera una vía diseñada para enfriar el conflicto ha conseguido abrir un espacio mínimo de entendimiento.
Con la huelga médica todavía viva, la ministra cuestionada por los consejeros populares y el Interterritorial convertido en escenario recurrente de confrontación, el choque por el Estatuto Marco amenaza con consolidarse como la culminación de una secuencia política mucho más amplia. Una secuencia en la que mascarillas, falta de profesionales, plazas MIR, datos de los cribados y ahora la mediación fallida han ido empujando al CISNS desde la coordinación sanitaria hacia la disputa política permanente.
