El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para reclamar la puesta en marcha de un 'Plan Nacional contra las Agresiones a los Profesionales Sanitarios en el Sistema Nacional de Salud'. La iniciativa, fechada el 12 de marzo y destinada a su debate en la Comisión de Sanidad, plantea que el Ejecutivo diseñe y active este plan con un horizonte temporal de seis meses.
En su exposición de motivos, el PP justifica la propuesta en el repunte de la violencia contra los profesionales sanitarios y se apoya, entre otros elementos, en los datos del Estudio Nacional de Agresiones a Médicas/os 2025 de la Organización Médica Colegial (OMC), que sitúa el pasado ejercicio como el de mayor número de agresiones a la profesión médica registradas desde que comenzó la serie. El texto subraya que se trata de un "problema de Estado", con especial impacto en Atención Primaria, y recuerda que la mayor parte de los episodios son de carácter psicológico, aunque una parte relevante deriva en agresiones físicas directas.
La proposición también recoge la reclamación de la OMC de impulsar una prevención "estructural", reforzar la protección institucional con apoyo jurídico y psicológico homogéneo, mejorar el acompañamiento posterior a las agresiones y promover campañas de concienciación social que dejen claro que la violencia contra el personal sanitario es inaceptable. Sobre esa base, los populares sostienen que la tolerancia cero frente a estas conductas debe convertirse en un objetivo innegociable dentro del sistema sanitario.
Además de citar los datos de la OMC, el texto parlamentario incorpora referencias a otros observatorios profesionales y a la cifra global de 18.563 agresiones al conjunto de profesionales sanitarios en 2025. El PP enmarca su iniciativa como continuidad de otras propuestas registradas en la actual legislatura para frenar la violencia en el ámbito sanitario y reprocha al Gobierno no haber atendido hasta ahora esos planteamientos.
En concreto, la proposición no de ley insta al Gobierno a diseñar y poner en práctica, en un plazo máximo de seis meses, un plan nacional con el que lograr "avances reales y tangibles" en la prevención y en la reducción al máximo de la violencia psicológica y física ejercida contra los profesionales sanitarios en todo el Sistema Nacional de Salud. La propuesta precisa que ese trabajo debe realizarse de forma conjunta desde los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia y Educación, y acompañarse de una revisión y actualización de la legislación vigente.
El texto añade que el futuro plan debería traducirse en protocolos de actuación que incrementen la seguridad de los profesionales en el desempeño de sus funciones, reforzar su formación específica frente a las agresiones y desarrollar campañas informativas para aumentar la concienciación social. También plantea que el Ejecutivo destine los recursos humanos, económicos, tecnológicos y estructurales necesarios, y que el diseño del plan se consensue con las administraciones autonómicas, provinciales y locales, además de coordinarse con representantes de los profesionales sanitarios, los pacientes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Las agresiones notificadas crecieron un 8,74% en 2025
El Ministerio de Sanidad presentó el 12 de marzo su informe anual sobre agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud correspondiente a 2025, con un total de 18.563 incidentes notificados, lo que equivale a 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales del sistema sanitario público. En comparación con 2024, la cifra aumentó en 1.493 casos, un 8,74%, aunque el ritmo de crecimiento se moderó respecto al ejercicio anterior, cuando el incremento interanual había alcanzado el 15,74%.
La radiografía del informe confirma que la violencia no física sigue siendo claramente mayoritaria. Insultos, amenazas y comportamientos intimidatorios concentraron el 84,5% de las agresiones notificadas, frente al porcentaje restante de agresiones físicas. Por ámbitos asistenciales, Atención Primaria volvió a reunir la mayor proporción de incidentes, con el 51% del total, seguida de la Atención Hospitalaria, con el 47%, mientras que las emergencias extrahospitalarias representaron una parte menor. El análisis también muestra que el 80% de las agresiones afectaron a mujeres y que los grupos profesionales más expuestos continúan siendo el personal facultativo y de enfermería, especialmente entre los 25 y los 55 años, con mayor incidencia entre los 25 y 35.
En cuanto al perfil de la agresión, en el 71% de los casos la persona agresora fue el propio usuario o paciente, frente al 29% correspondiente a familiares o acompañantes. Los hombres representaron el 57% de los agresores en los casos con información disponible. El informe añade que el 53% de los episodios fueron protagonizados por personas no reincidentes, aunque un 27% correspondió a agresores con antecedentes previos. Entre los desencadenantes más frecuentes figuran la atención recibida (29%), las demandas del usuario o paciente (28%) y el acto sanitario o administrativo realizado (15%). Sanidad interpreta, además, que el aumento de notificaciones puede estar influido por una mayor sensibilización de los profesionales, una cultura de denuncia más asentada y la mejora de los sistemas de registro, al tiempo que reitera su mensaje de tolerancia cero y la necesidad de reforzar la coordinación institucional para garantizar entornos asistenciales seguros.
