El lunes salió a audiencia pública el Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas Graves para la Salud, impulsado por el Ministerio de Sanidad. Este documento, que permanecerá abierto a consulta ciudadana durante un periodo de tiempo, pretende establecer un marco de actuación que garantice la capacidad del sistema sanitario para anticiparse, detectar y responder con rapidez ante futuras crisis de salud pública. El plan incluye protocolos de coordinación entre administraciones, procedimientos para reforzar la vigilancia epidemiológica y medidas de respuesta ante emergencias sanitarias graves, como fue la pandemia de COVID-19.
El objetivo central es que el país cuente con una herramienta que facilite la toma de decisiones basadas en la evidencia científica y que articule de forma homogénea los recursos disponibles, tanto a nivel estatal como autonómico. Además, se prevé que este plan se actualice periódicamente para adaptarse a nuevas amenazas, desde virus emergentes hasta riesgos químicos o biológicos. Con ello, el Ministerio de Sanidad busca reforzar la seguridad sanitaria de la población y evitar los errores que quedaron en evidencia durante la crisis de la COVID-19.
Críticas por la falta de una Ley de Pandemias
Desde las filas del Partido Popular, el anuncio no ha sido recibido con entusiasmo. Fuentes del grupo parlamentario han señalado a Gaceta Médica que el plan, aunque positivo en términos técnicos, no responde a la carencia fundamental que arrastra España desde 2020: la ausencia de una Ley de Pandemias. «Si, salió a Audiencia Pública, pero bueno… Un plan cuando después de la COVID-19 seguimos sin una Ley de Pandemias. Yo creo que un plan está muy bien, pero no recoge lo que realmente se necesita», han afirmado.
De este modo, los populares ponen el acento en que el Ejecutivo no muestra coherencia en sus iniciativas para hacer frente a emergencias sanitarias graves. Según las mismas fuentes, la experiencia del confinamiento, las restricciones de movilidad y las medidas excepcionales adoptadas durante la COVID-19 dejaron patente la necesidad de contar con un marco legal estable que otorgue seguridad. Sin embargo, a su juicio, el Gobierno opta ahora por una respuesta insuficiente.
La crítica se extiende también a la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), cuya Ley fue aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados, pero que aún no está configurada ni operativa. «Sobre todo la cuestión es: con una Agencia por crear ¿Cómo sale ahora un plan? ¿Qué pasa que no vamos a llevar la agencia adelante? A mí me ha chocado que lo sacaran», trasladan desde el PP.
La AESAP, en el centro de la polémica
Las fuentes consultadas recuerdan que la Agencia nació con la misión de ser el pilar de la preparación y respuesta frente a crisis de salud pública. Su creación se aprobó con un mandato expreso: disponer de un centro de coordinación de emergencias capaz de responder de forma ágil y articulada ante amenazas sanitarias graves. Por eso, la publicación del plan sin tener ni reglamento ni estructura definida para la AESAP les genera dudas sobre la coherencia de la estrategia gubernamental.
«Acabamos de aprobar la Ley de la AESAP y ahora qué pasa. Todavía no está configurada la agencia, ni el reglamento ni nada de nada. La Agencia ha nacido con esa competencia. Se supone que el centro de coordinación de emergencia de la AESAP se tiene que adaptar y de pronto ¿un plan? ¿Es que entonces ya no va a tener esas competencias? Si la acabamos de votar hace nada», concluyen los populares.
