La segunda semana de la huelga indefinida convocada por los sindicatos médicos contra la reforma del Estatuto Marco ha comenzado este lunes con nuevas críticas de la oposición al Ministerio de Sanidad. Responsables autonómicos del PP y representantes de Vox han coincidido en reclamar cambios en la negociación con el colectivo médico, aunque con diferencias en el enfoque y en el alcance de sus reproches.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute (PP), advirtió de que la continuidad del paro tendrá consecuencias sobre la asistencia. En declaraciones a Onda Cero, afirmó que la huelga supondrá «más carga asistencial en los profesionales y una peor asistencia para los pacientes» y cargó contra la ministra de Sanidad, a la que definió como «una ministra sectaria que no escucha a las comunidades autónomas». Matute sostuvo además que el conflicto está generando un deterioro del clima interno en el sistema sanitario y pidió al Ministerio que retire la propuesta actual de Estatuto Marco para abrir una nueva negociación con todas las categorías profesionales.
La dirigente madrileña defendió, no obstante, que los médicos deben contar con un espacio propio de interlocución: «Nos merecemos que podamos tener un ámbito de diálogo específico». A su vez, señaló que los facultativos deben «tener una voz», algo que les debe otorgar el Ministerio. Una afirmación que matizó dejando claro que ello debe interpretarse «sin detrimento de ninguna otra categoría profesional». También reclamó al Gobierno central una memoria que evalúe la viabilidad «técnica, jurídica y económica» de las medidas que se planteen y sostuvo que, en ausencia de ese respaldo, podrían aprobarse cambios «que administrativamente no se van a poder cumplir». En otra intervención, Matute calificó la actual convocatoria como «la peor huelga indefinida de médicos» y acusó al Ministerio de estar llevando «la confrontación no solo a las calles, sino entre categorías profesionales y administraciones».
Por su parte, Antonio Sanz (PP), consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, criticó con dureza la gestión del conflicto por parte del Ministerio. A su juicio, resulta «absolutamente insostenible e inaceptable» la «dejación de responsabilidades de la ministra de Sanidad» y la «actitud de soberbia del Ministerio». Sanz aseguró que la huelga está teniendo «muy importantes consecuencias para la asistencia sanitaria» y reprochó a la ministra que, según dijo, no se haya sentado con los médicos pese al impacto del paro sobre los ciudadanos y los servicios autonómicos de salud.
El dirigente andaluz cifró en 77 millones de euros el coste acumulado de las dos huelgas para el sistema público andaluz y en «más de medio millón de actos asistenciales» la actividad perdida como consecuencia de los paros. «Mostramos nuestro apoyo» a los médicos en sus reivindicaciones, afirmó, aunque insistió en denunciar «la actitud de soberbia, de prepotencia y la falta de diálogo» del Ministerio. En su opinión, los ciudadanos «no pueden pagar las consecuencias de la nefasta gestión y de la dejación de responsabilidades que la ministra está teniendo con la sanidad pública en España».
Vox también visualizó este lunes su apoyo a los facultativos, aunque aprovechó para dirigir sus críticas tanto al Gobierno como al PP. La diputada en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino-Aranda, aseguró que su formación está «junto a nuestros profesionales médicos que están reivindicando un estatuto médico propio que dignifique sus condiciones laborales y que puedan hablar directamente con el Ministerio de Sanidad». La parlamentaria reprochó además al PP madrileño que no respaldara en la Cámara autonómica una iniciativa de Vox para instar al Ministerio a aprobar ese estatuto específico. «El Partido Popular en Madrid no apoyó esta iniciativa de Vox», lamentó.
En una línea similar, la portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster, afirmó que su partido lleva tiempo acompañando a los médicos en sus movilizaciones. «Como en todas las convocatorias de huelga de los médicos y facultativos, estamos aquí con ellos para dar apoyo», señaló. Según dijo, los facultativos no están reclamando privilegios, sino «unas condiciones laborales que les permitan ofrecer a los pacientes la mejor calidad asistencial, la calidad asistencial que ellos quieren dar a los pacientes».
García Fuster cargó expresamente contra PSOE y PP por igual. «Es imposible y es inhumano el trato que están recibiendo por parte de la administración pública, pero no solamente del Partido Socialista, sino también del Partido Popular», afirmó. A su juicio, los médicos «llevan años siendo maltratados por parte de la administración pública» y sus propuestas para impulsar un estatuto médico propio «han sido parados y han sido frenados por el Partido Popular» en comunidades como Madrid, Cantabria o Canarias.
La portavoz de Vox elevó además el tono al afirmar que «sin médicos no hay sanidad pública» y que los facultativos están sufriendo «una sobrecarga asistencial espectacular». También sostuvo que su partido seguirá respaldando sus reivindicaciones: «Vox va a estar siempre a su lado, al lado de los médicos, facultativos y al lado de todos los profesionales sanitarios». En otro momento de su intervención, reclamó al PP madrileño que «se tenía que bajar de su atalaya de soberbia y escuchar ya no solo a Vox, sino las reivindicaciones de los médicos».
De este modo, el inicio de la segunda semana de huelga indefinida ha reactivado el frente político en torno al Estatuto Marco. Mientras el PP pone el acento en la falta de diálogo del Ministerio y en el impacto asistencial del conflicto, Vox combina su respaldo a un estatuto médico propio con una ofensiva contra socialistas y populares, a quienes responsabiliza conjuntamente del deterioro de las condiciones laborales de los facultativos.
