El debate sobre el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) dio un nuevo giro este lunes, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenara a la Comunidad de Madrid «iniciar de inmediato» los trámites para su puesta en marcha. El auto, dictado como medida cautelar a raíz del recurso promovido por el Ministerio de Sanidad, precisa que no implica la creación automática e inmediata del registro, pero sí la obligación de activar los trámites administrativos necesarios para elaborarlo y aprobarlo. En este sentido, el tribunal consideró que la demora podía prolongar el incumplimiento de una obligación legal expresamente prevista.
En este contexto, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Senado una moción para reclamar la implantación efectiva de ese registro y pedir al Gobierno que garantice su desarrollo en todas las comunidades autónomas, en los términos previstos por la legislación vigente. La iniciativa, firmada por el senador socialista por Madrid José Manuel Franco, se debatirá en el Pleno del Senado del próximo miércoles 18 de marzo, y sitúa el foco de forma específica en la Comunidad de Madrid y en la necesidad de asegurar, según defiende el PSOE, el acceso real de las mujeres a esta prestación sanitaria pública.
En su argumentación, los socialistas sostienen que los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y recuerdan que en España el marco legal se consolidó con la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reforzada después con la reforma aprobada en 2023. Entre las medidas incorporadas en esa modificación legal figura precisamente la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.
De acuerdo con el texto registrado por el PSOE, ese listado, de carácter confidencial, permitiría organizar los servicios sanitarios y evitar que el ejercicio de la objeción de conciencia impida el acceso efectivo de las mujeres al aborto en la red pública. La moción subraya que la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación sanitaria pública y que, sin este instrumento, los centros hospitalarios no pueden planificar de forma adecuada los recursos disponibles para realizar la intervención.
La iniciativa parlamentaria también recuerda que las comunidades autónomas tienen la obligación de crear y mantener este registro, y añade que la mayoría de los gobiernos autonómicos ya han iniciado o implantado este procedimiento, mientras otros no lo han desarrollado plenamente. En ese marco, el PSOE incorpora a su argumentario el reciente pronunciamiento judicial que obliga a iniciar los trámites para la creación del registro conforme al protocolo acordado en el CISNS.
José Manuel Franco enmarcó la presentación de la moción en una crítica directa a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. «El aborto es un derecho y la presidenta Ayuso no puede impedir su aplicación», afirmó el senador socialista. También aseguró que la jefa del Ejecutivo madrileño «sigue negándose a cumplir la Ley del aborto incluso con una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le obliga a hacerlo», y avanzó que el PSOE pedirá al PP que apoye la moción en la Cámara Alta.
«La ministra está engañando una vez más»
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, cargó contra la posición del Ministerio de Sanidad y sostuvo que «la ministra está engañando una vez más». En su intervención, defendió que la Comunidad de Madrid siempre ha preferido que fuera una resolución judicial la que fijara la forma de proceder y no, en sus palabras, «una ley sectaria».
Además, García ha remarcado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid «no entra al fondo del asunto» y que lo acordado es una cautelar. Según afirmó, en la Comunidad de Madrid está garantizado tanto el derecho a la objeción de conciencia de los médicos como la posibilidad de que las mujeres que quieren abortar puedan hacerlo en los supuestos establecidos en la ley, por lo que, a su juicio, «no tiene que venir la ministra para decir lo que ya está sucediendo» en la región.
A su vez, el portavoz autonómico dirigió sus críticas al departamento que encabeza Mónica García al señalar que la ministra debería explicar por qué en Ceuta y Melilla, donde el Ministerio tiene competencias, «no se practica ni un solo aborto en la pública» y los que se practican se realizan en la privada y en otra comunidad autónoma.
Por último, Miguel Ángel García indicó que serán los servicios técnicos de la Consejería de Sanidad los que estudien «la forma y manera» de dar cumplimiento a esa cautelar. Insistió en que la resolución judicial no ha entrado en el fondo del asunto y sostuvo que tanto el Gobierno madrileño como el Partido Popular «siempre cumple y acata todas y cada una de las resoluciones judiciales».
«La Ley se cumple»
La controversia política continuó este miércoles con la reacción pública de la ministra de Sanidad, Mónica García, que acusó a Ayuso de intentar «cercar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo». La ministra respondió que ella se va a «empeñar» en que la presidenta madrileña «cumpla la ley» y añadió que en un Estado de derecho «la ley se cumple» y «los derechos de las mujeres se respetan».
Además, Mónica García elevó el tono en su cuenta de X al vincular este conflicto con la reciente renovación del comité clínico del aborto en la Comunidad de Madrid. «Justo antes de que la justicia la obligue a crear el registro de objetores, Ayuso renueva el comité clínico del aborto con nada menos que tres hombres para decidir sobre los derechos, los cuerpos y la autonomía de las mujeres», escribió. En el mismo mensaje añadió que «cumplir la ley y garantizar derechos no es opcional» y que el Ministerio irá «hasta el final».
En la misma línea se pronunció el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, también a través de X. En concreto, denunció que la Comunidad de Madrid ha nombrado a tres médicos para el Comité Clínico del aborto sin garantizar que no sean objetores de conciencia. A partir de ahí, planteó si esa decisión se ajusta o no a la legalidad.
El secretario de Estado recordó que la ley establece que los integrantes del Comité Clínico no pueden estar inscritos en el registro de objetores en ese momento ni haberlo estado en los tres años previos. Y añadió que, dado que la Comunidad de Madrid aún no ha creado ese registro, será ahora, tras la decisión judicial que la obliga a ponerlo en marcha, cuando el Gobierno de Ayuso deba garantizar que esas personas no figuran como objetoras cuando el sistema eche a andar. «Vigilaremos que así sea», concluyó.
