El Senado fue escenario de un duro cruce entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y la senadora del Partido Popular, Rosa Romero, a raíz de los fondos destinados a la ley de la ELA. La representante popular reprochó al Gobierno el retraso en la financiación prometida, denunciando que "1128 enfermos han muerto esperando la aprobación de la ayuda". Romero acusó al Ejecutivo de priorizar el gasto en campañas y asesores antes que en los pacientes, y señaló: "si tan fácil era dotar con 500 millones de euros, ¿por qué han esperado un año?".
García defendió que el Gobierno ha cumplido con la ley mediante "una reforma profunda" de la dependencia, que amplía la cobertura a personas con enfermedades irreversibles y cuidados complejos. La ministra lamentó que el PP "utilice a los enfermos con ELA como ariete político" y reivindicó el decreto aprobado en Consejo de Ministros como "un éxito de los pacientes, de las familias y de las asociaciones que lograron el consenso unánime de todos los grupos". Para la titular de Sanidad, la jornada debía ser de celebración, no de enfrentamiento partidista.
Romero insistió en que el Real Decreto llega tarde y sin garantías. Criticó que el Gobierno haya "incumplido la ley durante un año" y que su texto mezcle cuestiones diversas sin un compromiso claro con los enfermos. Además, acusó a la ministra de "usar el Ministerio como trampolín electoral" y de convertir en política partidista la fiscalización sanitaria a las comunidades autónomas. "Ustedes mienten más de lo que hablan. Los enfermos no se fían, y nosotros tampoco", remató la senadora popular.
García replicó señalando que solo dos comunidades gobernadas por el PP han concedido ayudas a pacientes con ELA, pese a tener competencias directas en la materia. Aprovechó su intervención para responder a las críticas sobre los programas de cribado oncológico, aludiendo a la situación en Andalucía: "Hay que tener muy poquita vergüenza para hablar de cribados con la que tienen montada allí". El intercambio cerró un debate tenso que evidenció la falta de entendimiento político incluso en torno a un asunto que afecta a miles de familias que esperan una respuesta efectiva y rápida.
