La actividad legislativa de un Gobierno tiene varias caras. Los hay, como el último presidido por Mariano Rajoy, que utilizan el veto presupuestario hasta límites inconstitucionales —como en el caso de la Lomce— para no avanzar en acciones que el Parlamento quiere llevar a cabo. Hay otros que abusan del Real Decreto-ley como argumento para acelerar los trámites y consensos que requieren las Proposiciones de Ley en el Congreso de los Diputados. En esta circunstancia puede que se instale el nuevo Gobierno del PSOE habidas cuentas de que no dispone de la mayoría absoluta en la Mesa del Congreso de los Diputados, que es quien dispone los tiempos para el debate legislativo. Y para muestra, la modificación del Real Decreto 16/2012, al menos en su vertiente de universalidad, se hará mediante esta técnica.
En la actividad legislativa se suele menospreciar la labor del Senado. En cierto modo es verdad, ya que el Congreso de los Diputados puede ‘tumbar’ las enmiendas que la Cámara Alta apruebe y regresar a la versión que sale en primera instancia del Congreso. Sin embargo, el Senado puede tener mucha más importancia de la que se le presupone en lo que quede de legislatura. La razón no es otra que la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en esa cámara.
Si se hace un zoom hacia la actividad legislativa que tiene por delante la Sanidad ésta se puede definir como una enmienda a la totalidad de las políticas emprendidas por el Gobierno de Rajoy desde 2012. A pesar de que la ministra de Sanidad sabe que existe el consenso en el Congreso de los Diputados para revertir el copago del Real Decreto 16/2012 y recuperar la universalidad en la asistencia sanitaria, la fórmula elegida ha sido la de Real Decreto-ley. ¿Por qué?
Cuando una iniciativa legislativa (el PSOE tiene una registrada en favor de la universalidad que está parada en la Mesa del Congreso de los Diputados), llegue al Senado tendrá problemas. El más negativo sería que el Grupo Popular ampliase los plazos de presentación de enmiendas, actividad reglamentaria que se ha visto en muchas ocasiones. Otro escollo, aunque menor, sería la aprobación de enmiendas que cambien sustancialmente el texto inicial. El Congreso podría regresar al articulado anterior, sí, pero los plazos para la aprobación de la ley serían más largos que si el Senado no cambiara el espíritu de la iniciativa.
Fuentes socialistas, aunque creen que estas circunstancias se pueden vivir, aseguran que no ven al Partido Popular en una labor muy obstruccionista, aunque como se ha podido comprobar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hay algunos ejes estratégicos que no se arriesgarán a vivir trámites largos. Sin embargo sí que esperan una actividad fuerte en materia de control al gobierno. De hecho creen que serán muy habituales los plenos con preguntas orales, interpelaciones o mociones a los ministros del Gobierno de Sánchez. De hecho, esta percepción del PSOE se confirma con lo que se verá al menos hasta verano por parte del PP. “Lo primero que tenemos en mente en pedir una interpelación urgente con la ministra de Sanidad porque, entre otras cosas como conocer su plan de gobierno, nos parece muy desafortunadas sus declaraciones diciendo que tiene que recuperar el derecho a la salud; esto no se ha perdido nunca y por tanto no hay que recuperarlo”, aseguran fuentes populares. Ahora, ya, también podrán preguntarle por la forma que vaya teniendo el nuevo Real Decreto-ley. Además, en la agenda política el PP no quiere dejar pasar la legislatura sin un Pacto por la Sanidad.
La última de las posibilidades que tiene el PP para no perder el pulso en la actividad legislativa es proponer desde el Senado Proposiciones del Ley. Si se produce una actividad intensa en esta materia el Congreso de los Diputados tendría que habilitar fechas para su discusión retrasando aquellas que el Gobierno quiera llevar a cabo. Y es aquí donde la mesa del Congreso, donde el PP tiene mayoría con Ciudadanos, puede jugar una mala pasada al Ejecutivo Pedro Sánchez.
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