El Ministerio de Sanidad ha sacado hoy a audiencia pública el Proyecto de Orden por la que se actualizan los anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, norma que regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria. Este instrumento tiene como objetivo compensar a las comunidades autónomas por la atención prestada a pacientes residentes en otras regiones, cuando son derivados a centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) para recibir tratamientos especializados.
La propuesta supone una revisión en profundidad de los procesos asistenciales contemplados en el Fondo, con la inclusión de 930 procesos con ingreso hospitalario derivados. Estos cambios responden a la necesidad de actualizar la cartera de servicios a la realidad sanitaria actual y a los avances en los tratamientos de referencia. Según expone el Ministerio en el texto del proyecto, esta medida busca garantizar la equidad territorial en el acceso a la atención altamente especializada y asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario en su conjunto.
Actualización de los anexos y cobertura de tratamientos
El proyecto detalla la actualización de los anexos que establecen qué tratamientos y procesos hospitalarios quedan cubiertos por el Fondo de cohesión sanitaria. En los nuevos anexos se incluyen tanto procedimientos quirúrgicos como terapias complejas que requieren la concentración de recursos en centros altamente especializados.
La actualización tiene como base criterios de calidad, eficiencia y resultados clínicos, de manera que se refuerce la atención en patologías de baja prevalencia o de alta complejidad. Con ello, Sanidad pretende que los pacientes derivados puedan recibir la mejor atención disponible, independientemente de su lugar de residencia.
En el plano económico, la actualización del Fondo de cohesión sanitaria supone reforzar los mecanismos de compensación entre comunidades autónomas por la atención prestada a pacientes desplazados. Por ejemplo, cuando un residente en Castilla-La Mancha requiere un trasplante hepático en un hospital de referencia de Madrid, los costes del ingreso, la cirugía y el seguimiento posterior no recaen en la comunidad receptora, sino que son compensados a través del Fondo.
Lo mismo ocurre con procedimientos como las cirugías cardíacas complejas, determinados tratamientos oncológicos o terapias avanzadas en enfermedades raras, cuyo coste unitario puede superar fácilmente los 40.000 euros por proceso. De este modo, el sistema evita desigualdades financieras entre regiones y garantiza que la atención de alta especialización no dependa de la capacidad presupuestaria de cada autonomía, sino de un marco solidario común financiado por el Estado.
Plazo de audiencia pública hasta el 22 de octubre
El Ministerio de Sanidad ha abierto la fase de audiencia pública para que ciudadanos, asociaciones profesionales y entidades interesadas puedan presentar alegaciones y observaciones. El plazo se mantendrá abierto hasta el 22 de octubre de 2025, fecha en la que concluirá este trámite de participación ciudadana.
La orden se enmarca en el esfuerzo del Gobierno por reforzar la cohesión y la equidad en el Sistema Nacional de Salud. Con la incorporación de estos 930 procesos, se busca mejorar la respuesta a la demanda creciente de asistencia especializada y garantizar que los desplazamientos de pacientes entre comunidades autónomas no supongan una barrera en el acceso a la sanidad.
