El Ministerio de Sanidad ha enviado este 14 de octubre tres cartas oficiales a las consejerías de Madrid, Aragón y Baleares para exigir la creación del registro autonómico de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo. El envío llega tras semanas de polémica política por la negativa de la Comunidad de Madrid a aplicar esta medida, contemplada en la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva, que obliga a todas las autonomías a disponer de este registro para compatibilizar el derecho de los profesionales sanitarios con el de las mujeres a abortar en condiciones seguras y equitativas.
El conflicto se intensificó después de que el Gobierno madrileño manifestara públicamente su rechazo absoluto a implantar el registro, aludiendo a la libertad de conciencia de los profesionales y al derecho a no declarar sobre sus creencias. Una negativa cuyo manifiesto ratifica el procedimiento formal de requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa realizado por el Ministerio, en virtud del artículo 44 de la Ley 29/1998.
Las cartas de Sanidad a las tres comunidades
En las tres misivas, firmadas por la ministra Mónica García y remitidas el mismo día a las consejeras y consejeros de Sanidad de las tres regiones, el Ministerio recuerda que el 16 de diciembre de 2024 el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad el protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia. Según explica Sanidad, este protocolo fue avalado por todas las comunidades presentes, incluida la Comunidad de Madrid, y su acta fue firmada el 4 de abril de 2025.
El texto de las tres cartas es prácticamente idéntico. En ellas se señala que, tras el seguimiento realizado por la Dirección General de Ordenación Profesional y la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, se ha constatado que las consejerías de Madrid, Aragón y Baleares no han desarrollado dicho registro. Se detalla además que los informes de seguimiento, fechados el 20 de febrero, el 27 de mayo y el 25 de septiembre de 2025, acreditan que sí han cumplido con esta obligación comunidades como Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana o País Vasco, mientras que Andalucía y Asturias se encuentran aún en fase de tramitación.
En consecuencia, Sanidad reclama a las tres autonomías que procedan de inmediato a la creación del registro, recordando que la misiva constituye «el trámite previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998» y advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en un contencioso administrativo ante los tribunales si no se cumple el requerimiento en el plazo de un mes.
Mónica García y Ayuso cruzan reproches sobre la ley del aborto
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el envío de los requerimientos y defendió que el Gobierno actuará legalmente si las comunidades no cumplen la ley en un plazo de dos meses. «La ley se cumple. Punto», afirmó, subrayando que Madrid, Baleares y Aragón son las únicas regiones que no han desarrollado el registro y que solo Madrid ha manifestado abiertamente su negativa. García acusó a Isabel Díaz Ayuso de «mandar a abortar a las mujeres a otro lugar» y afirmó que «las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio, vamos a ejercer nuestros derechos aquí y ahora».
La ministra recordó que el protocolo fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial, con el voto favorable de Madrid, y explicó que el requerimiento es el paso previo al proceso judicial. «La señora Ayuso se ha equivocado por partida doble: se ha creído que está por encima de la ley y también por encima del derecho de las mujeres», afirmó, advirtiendo de que el Ministerio acudirá a los tribunales si persiste el incumplimiento. Añadió que el registro «no es una ocurrencia», sino una herramienta legal «para compatibilizar los derechos de los sanitarios y de las mujeres».
Horas después, Isabel Díaz Ayuso respondió desde Madrid durante la inauguración de la nueva Oficina de Empleo en el barrio de la Concepción. «El aborto en España es legal, pero tiene que ser seguro y, sobre todo, poco frecuente», declaró, recordando que uno de cada cinco abortos en España se practica en Madrid. «¿Queremos más? ¿Nos parece poco? Es una cifra atroz y un fracaso como sociedad», afirmó.
La presidenta defendió el respeto y el anonimato de los profesionales que no deseen practicar abortos, «amparados por la Constitución y por la libertad de conciencia». Ayuso acusó al Gobierno de «dinamitar la Constitución», revelando, en un tono más personal, haber sufrido «el drama del aborto dos veces» y reivindicando su libertad como mujer.
