El Ministerio de Sanidad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han formalizado un convenio para reforzar la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) y acelerar la implantación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. El acuerdo, publicado en el BOE mediante resolución de 7 de abril de 2026, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029 y movilizará un total estimado de 9,6 millones de euros.
El convenio parte de una idea central de la salud pública contemporánea: la salud no se juega solo en hospitales y centros de salud, sino también en los barrios, en el urbanismo, en la movilidad, en el acceso a hábitos saludables y en la capacidad de los municipios para crear entornos que favorezcan el bienestar. En esa lógica, el acuerdo refuerza la acción local sobre algunos de los principales determinantes de las enfermedades no transmisibles, como la actividad física, la alimentación, el consumo de tabaco y alcohol o el bienestar emocional.
La resolución recuerda que la Red Española de Ciudades Saludables, creada en 1988, está integrada actualmente por 547 ayuntamientos, seis diputaciones provinciales y un consejo insular, alcanzando casi el 70 % de la población española. Además, 501 ayuntamientos, dos diputaciones y seis cabildos se han sumado ya a la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, lo que supera el 55% de la población del país.
El texto enmarca este paso dentro de la nueva fase 2026-2030 de la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS, que prioriza ciudades más inclusivas, resilientes y sostenibles, con especial atención a la equidad, la innovación, la participación comunitaria, la sostenibilidad ambiental y el bienestar a lo largo de la vida. En paralelo, el convenio mantiene como referencia la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención española, dirigida especialmente a actuar sobre factores de riesgo relacionados con la cronicidad.
Entre los objetivos concretos del convenio figura dotar a la RECS de la infraestructura necesaria para desarrollar sus fines, reforzar los canales de comunicación y difusión de información a la ciudadanía, apoyar la transferencia de experiencias entre entidades locales y desplegar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde una perspectiva intersectorial. El acuerdo incluye de forma expresa actuaciones sobre tabaquismo, alcohol —con especial énfasis en jóvenes—, alimentación saludable, bienestar emocional, salud afectivo-sexual, envejecimiento activo, infancia saludable, redes comunitarias, prevención de lesiones y reorganización del espacio público para fomentar la actividad física y la movilidad segura y sostenible.
El Ministerio de Sanidad asumirá funciones de asesoramiento técnico a las entidades locales, coordinación con la OMS y otras políticas internacionales, formación de profesionales del ámbito local y seguimiento de la implantación de la estrategia. También supervisará instrumentos clave como la creación de mesas intersectoriales y el desarrollo del mapa de recursos comunitarios de promoción y prevención, que se integra en la plataforma Localiza Salud.
Por su parte, la FEMP deberá sostener la infraestructura material y humana de la Red Española de Ciudades Saludables, coordinar grupos de trabajo, impulsar formación técnica, facilitar el intercambio de experiencias y extender el proyecto a un mayor número de entidades locales, incluidas las zonas rurales. El convenio pone un foco específico en el papel de diputaciones, cabildos y consejos insulares como piezas necesarias para llevar estas estrategias a municipios de menor tamaño y con menos capacidad técnica.
Desde el punto de vista económico, el importe total estimado asciende a 9,6 millones de euros, de los que el Ministerio de Sanidad aportará 5,76 millones, el 60% del total, mientras que la FEMP y las entidades locales asumirán 3,84 millones, el 40% restante. La mayor parte del presupuesto, 8,48 millones, se destinará a dos grandes líneas de apoyo: proyectos estratégicos, innovadores y de calidad en promoción de la salud, y actuaciones de las entidades locales adheridas a la estrategia estatal para avanzar en su implementación. A ello se suman partidas para formación y para coordinación y apoyo técnico.
La distribución anual de fondos se extenderá entre 2026 y 2029 y estará condicionada a la existencia de crédito suficiente en los Presupuestos Generales del Estado. El pago del Ministerio se efectuará previa justificación del gasto, validación de las actuaciones y seguimiento por parte de una comisión mixta integrada por representantes de Sanidad y de la FEMP.
Uno de los elementos más relevantes del convenio es que consolida una visión de la salud pública basada en la acción local y en la llamada "salud en todas las políticas". Esto implica que la mejora de la salud de la población no se limita a intervenciones sanitarias clásicas, sino que depende también de decisiones sobre urbanismo, transporte, cohesión social, espacios públicos, participación comunitaria y reducción de desigualdades. Esa orientación atraviesa todo el texto y conecta la política municipal con la prevención de la cronicidad y con la agenda internacional de ciudades saludables.
La vigencia del acuerdo se extenderá hasta finales de 2029 y no contempla prórroga. Durante ese periodo, ambas partes se comprometen a evaluar periódicamente el desarrollo de las actividades y a ajustar la ejecución a los objetivos fijados, sin alterar el marco económico global. Los resultados de las actuaciones serán de titularidad compartida entre el Ministerio de Sanidad y la FEMP.
En términos sanitarios y políticos, el convenio refuerza una tendencia cada vez más visible en salud pública: desplazar el foco desde la respuesta asistencial hacia la prevención y los determinantes sociales. En otras palabras, actuar antes de que aparezca la enfermedad y hacerlo en el lugar donde transcurre la vida cotidiana de la población: el municipio.
