El Ministerio de Sanidad ya ha enviado a las comunidades autónomas el documento mediante el cual se oficializa la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros de salud y en los hospitales. La medida, que podrá pasar de ser una imposición a una recomendación dependiendo de las incidencias de contagio por virus respiratorios, no tiene fecha de caducidad ni plantea umbrales cuantitativos, más allá del descenso de la curva continuado durante dos semanas, ha señalado Mónica García, ministra de Sanidad, durante una rueda de prensa.
“Los datos con los que contamos nos dicen que estamos en un rango de incidencias similares a los que teníamos prepandemia, pero en un rango alto. En particular, en lo que se refiere al virus de la gripe, que ha tenido un ascenso agudo en las últimas semanas, que está presentando tensión en hospitales y centros de salud”, ha reconocido la ministra.
La norma, envuelta de polémica más por su gestión que por su fondo, tiene por objetivo, por un lado, frenar la ola de contagios de gripe que tensiona desde hace varias semanas los servicios asistenciales; y, por otro, según ha indicado el Ministerio, “dar cobertura legal a las comunidades autónomas que hayan establecido la obligatoriedad de uso de la mascarilla en los centros sanitarios [como Aragón o Catalunya] y a las que pudieran establecerla”.
“La obligación y la responsabilidad de este Ministerio es la de ayudar, la de coordinar, y la de dar un aval jurídico a todas las comunidades autónomas”, ha confirmado García. Con la intención de unificar criterios, el Ministerio de Sanidad recogió las propuestas de las comunidades y, “a través de una Declaración de Actuaciones Coordinadas” ha emitido una orden comunicada a las comunidades. “El objetivo prioritario es dar un respaldo jurídico a las comunidades autónomas, a la par que reconocemos su singularidad y su capacidad de adaptarse a los diferentes datos epidemiológicos”, ha dicho García.
De este modo, el Ministerio quiere hacerse cargo de la “situación desigual” de contagio que presenta cada territorio, a la vez que “da el aval jurídico”. “Cada comunidad tiene su propia ley de salud pública, pero desde este Ministerio tenemos la competencia y tenemos el artículo 65 de la Ley de Cohesión, que lo que hace es coordinar y, de alguna manera, unificar aquellos criterios en los que nos tenemos que poner de acuerdo”, ha matizado.
Durante la rueda de prensa, García ha recordado en diversas ocasiones que se trata de una “medida básica” que la gente ya venía adoptando en las últimas semanas ante el pico de contagios. Sin embargo, después de seis meses de dejar de ser obligatoria a causa de la pandemia de COVID-19, desde este miércoles y hasta nuevo aviso, el uso de la mascarilla en los centros de salud y en los hospitales será obligatorio si una comunidad autónoma presenta incidencias muy altas.
Cuando una comunidad presente datos de descenso de la incidencia acumulada de infecciones respiratorias agudas durante dos semanas consecutivas, con datos reportados al Ministerio de Sanidad por medio de la Red de Vigilancia, “podrán pasar, si así lo consideran adecuado según el conjunto de su situación epidemiológica, de la situación de obligatoriedad del uso de mascarillas en centro sanitarios a una situación de recomendación”. En el caso de que, a pesar de cumplir dicho criterio, la comunidad autónoma quiera mantener la mascarilla obligatoria, podrá hacerlo “durante la vigencia de la Declaración de Actuaciones Coordinadas”.
Farmacias y residencias
En el caso de los centros residenciales de personas vulnerables y farmacias, la medida se ha quedado en recomendación. Lo que sí que se pide es “tomar precauciones adicionales” como “la provisión y uso de mascarillas para el personal que atiende a personas con síntomas compatibles con infección respiratoria aguda y para las personas que presenten síntomas”. Esto mismo es lo que se recomienda en farmacias.
Que las farmacias queden fuera de la norma, ha explicado la ministra, “es una decisión que se tomó en el Consejo Interterritorial, por recomendación de las comunidades autónomas”.
Las consejeras y consejeros autonómicos de Sanidad se han mostrado, en su mayoría, críticos por la manera en la que el Ministerio dirigido por Mónica García ha gestionado la vuelta de las mascarillas. Para los dirigentes, lo lógico habría sido que, antes de la reunión del Interterritorial, se hubiera reunido la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública.
Aragón y Galicia consideran que la medida es una decisión unilateral del ministerio que rompe el consenso en el seno del Interterritorial. José Luis Bancalero, consejero de Sanidad del Ejecutivo aragonés, cree que la ministra García ha llevado a cabo un “ataque gratuito” a la forma de trabajar que durante más de 20 años” se ha mantenido entre Gobierno Central y comunidades.
