El Ministerio de Sanidad ha formalizado un contrato destinado a evaluar las consecuencias en salud mental que la DANA dejó en la población afectada, según consta en el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo es disponer de información sólida que permita planificar recursos asistenciales y diseñar medidas de control para futuras emergencias climáticas. El anuncio, emitido por la Junta de Contratación del Ministerio, detalla que el estudio busca vigilar el impacto psicológico a medio y largo plazo y garantizar una toma de decisiones basada en datos científicos.
La licitación, tramitada mediante procedimiento abierto acelerado, se justificó por el interés público de realizar esta evaluación «en el tiempo más cercano posible al año de su ocurrencia» y por el retraso generado hasta disponer del límite de gasto de 2026. Este tipo de procedimiento permite acortar plazos dada la urgencia de conocer el alcance real que los fenómenos meteorológicos extremos pueden tener sobre la salud mental de las comunidades afectadas. La vigilancia propuesta incluye la recogida sistemática de datos y la identificación de necesidades asistenciales futuras.
El contrato fue adjudicado el 29 de octubre de 2025 a la empresa IDEARA SL, con sede en Vigo, tras recibir una única oferta. El valor del contrato asciende a 773.769,63 euros y su ejecución se centrará en la recogida de datos y análisis que permitan dimensionar correctamente los efectos psicológicos de la catástrofe. La propuesta técnica (con un peso del 45% en los criterios de adjudicación) se combinó con la oferta económica, que representaba el 55% de la valoración final. El proyecto se desarrollará en la Comunidad de Madrid.
De este modo, El Ministerio de Sanidad señala que el estudio permitirá disponer de información suficiente para fundamentar decisiones sobre las medidas de control oportunas y planificar los servicios necesarios a medio y largo plazo, tanto en esta como en futuras catástrofes. Además, se detalla el procedimiento de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con un plazo de 15 días hábiles. La formalización fue enviada al Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de diciembre y publicada posteriormente en el BOE, cerrando así un proceso con múltiples referencias previas en boletines nacionales y europeos.
