El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). El objetivo declarado del texto es garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios, reforzando un marco que el departamento define como universal, equitativo, transparente y orientado a la calidad.
Sanidad justifica la iniciativa en la evolución de las últimas décadas: aunque el SNS ha priorizado mayoritariamente la gestión pública desde su creación, la proliferación de modelos privados se ha asociado, según el Ministerio, a fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional. El anteproyecto extiende su aplicación a todos los centros, servicios y establecimientos del SNS, y expone en el texto principios como la universalidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad, eficiencia, transparencia, equidad, solidaridad, participación, colaboración y buen gobierno.
Gestión directa como regla y gestión indirecta como excepción
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió el texto como "un triunfo de la sociedad civil" y una respuesta a demandas ciudadanas sostenidas durante años. En su intervención tras el Consejo de Ministros, afirmó que la norma busca "blindar" el SNS frente a lo que describió como dinámicas privatizadoras orientadas al beneficio económico, y lo vinculó al lema la sanidad no se vende, la sanidad se defiende.
En el articulado remitido por el Ministerio, la gestión directa queda definida como la prestación realizada por la propia administración sanitaria, por entidades del sector público institucional estatal, autonómico o local, o mediante consorcios sanitarios constituidos entre administraciones o entidades públicas. La gestión indirecta, por su parte, se limita a situaciones "excepcionales" y solo se permitiría cuando no sea posible la prestación directa y se acrediten sostenibilidad financiera, eficiencia, y requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
García subrayó que, con este marco, no se podrá recurrir a la gestión indirecta "por capricho, por ideología o por inercia", y sostuvo que la externalización deberá justificarse demostrando la falta de capacidad para prestarla con recursos propios. El anteproyecto añade un procedimiento de evaluación previa obligatorio, con memoria justificativa, análisis por un comité específico con personas expertas, representantes profesionales y de la sociedad civil, y publicación del informe y la resolución en boletín oficial y sede electrónica, además del informe preceptivo de la Oficina Nacional de Evaluación en concesiones de servicios.
Evidencia internacional, modelo Alzira y fin de fórmulas mixtas
El Ministerio sostiene que el texto se apoya en estudios internacionales, entre ellos un análisis de 38 países de la OCDE que concluyó que no existe evidencia favorable a la privatización en términos de eficiencia. En el ámbito español, Sanidad afirma que la evidencia revisada sitúa a modelos de gestión indirecta como el denominado modelo Alzira con peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus frente a hospitales públicos similares, y asocia la privatización a la reducción de plantillas con riesgo para la calidad y la sostenibilidad del sistema.
En paralelo, el anteproyecto elimina fórmulas contractuales mixtas que vinculaban infraestructura y prestación asistencial. La ministra lo explicitó al señalar que se prohíben las "concesiones de obra" en las que una constructora levanta un hospital y se paga un canon durante décadas, con sobrecostes que calificó de inaceptables, y enmarcó esta decisión como un cierre de etapa ligado a la Ley 15/1997, de 25 de abril.
En su argumentario político, García añadió ejemplos sobre prácticas que, a su juicio, evidencian un problema estructural: desde audios internos en los que se hablaría de inflar listas de espera, hasta citas a horas inusuales para pruebas diagnósticas o reutilización de material para reducir costes. También afirmó que en algunos territorios la externalización de pruebas o procedimientos, como cribados de cáncer de mama, habría puesto en riesgo la prevención y el control, y defendió que "cada euro público debe explicarse en términos de salud".
Transparencia, auditorías y reversión a la gestión pública
El anteproyecto incorpora medidas de buen gobierno, control y rendición de cuentas: obligación de dotar a los centros de instrumentos de gobernanza, fijación de indicadores comunes de salud y calidad acordados en el Consejo Interterritorial, y publicación periódica de información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Se prevé, además, la externalización de auditorías siempre que se garantice la incompatibilidad entre entidad auditora y auditada para evitar conflictos de interés.
García defendió que la norma somete a todos los centros, con independencia del modelo de gestión, a las mismas exigencias de información pública. También, sostuvo que el texto "normaliza y facilita" la reversión a la gestión pública cuando un contrato termina o cuando una administración decide recuperar la gestión directa, incorporando procedimientos claros y apoyo técnico de la Alta Inspección del SNS para quienes quieran revertir servicios externalizados.
El anteproyecto prevé elaborar en un año un informe de evaluación de las experiencias de gestión privada en el SNS desde 1997 por un grupo de personas expertas. Además, deroga la Ley 15/1997 y modifica el artículo 67 de la Ley General de Sanidad; los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, y la nueva normativa se aplicará a los procedimientos futuros.
Choque político con Madrid y críticas por "oscurantismo"
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, criticó el anteproyecto en términos políticos y procedimentales. Aseguró que la Comunidad se enteró "por un medio de comunicación" y acusó al Ministerio de actuar con "oscurantismo", además de calificar la iniciativa como una "ley anti Madrid" y una medida "estrella" con la que, dijo, la ministra "se ha estrellado".
Matute sostuvo que la norma "no tiene ningún efecto" sobre concesiones ya existentes, y cuestionó el mensaje de control sobre concesiones en Madrid. También afirmó que en su comunidad ya se realizan inspecciones, auditorías y se aplica transparencia "desde hace muchísimo tiempo" por mandato legal, y enmarcó la iniciativa como una forma de "tapar" lo que consideró la "ineficiencia" del Ministerio.
En su intervención, la consejera vinculó sus críticas a la huelga de médicos y al debate sobre el Estatuto Marco, reclamando que el Ministerio centre su trabajo en los profesionales sanitarios. García, por su parte, insistió en que la ley no va contra fórmulas sin ánimo de lucro ni contra modelos de colaboración que definió como "sanos", sino contra modelos concesionales que combinan obra y prestación sanitaria con ánimo de lucro, y defendió que la norma pretende reforzar el control democrático y la integridad del SNS.
