El Senado ha dado luz verde a una moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (GPIC) que propone medidas para mejorar el diagnóstico temprano del VIH, garantizar el acceso universal a tratamientos y combatir la discriminación hacia las personas afectadas por esta enfermedad.
La propuesta, que ha sido defendida por la senadora Carla Delgado, ha contado con el apoyo de casi toda la Cámara, obteniendo en votación 250 votos a favor, ninguno en contra y solo 7 abstenciones.
Delgado ha destacado durante su defensa la importancia del diagnóstico precoz para poder iniciar los tratamientos con antirretrovirales. “El uso de estos fármacos ha convertido la enfermedad en crónica” ha señalado la senadora. “El hecho de tener VIH no tiene que ser sinónimo de un certificado de defunción”, ha puntualizado.
Pero, ha continuado Delgado, "tenemos que seguir trabajando para que asegurarnos de que todas las personas reciban el tratamiento adecuado en todo el mundo”, ha señalado Delgado. “Porque esta enfermedad sigue siendo un desafío global que afecta a millones de personas en todo el mundo”, ha recalcado.
“Registramos aquí esta moción por parte de Más Madrid e Izquierda Confederal para responder justamente a la realidad actual de esta enfermedad, para que las administraciones públicas nos impliquemos en medidas concretas para prevenir nuevas infecciones, que nos impliquemos en garantizar el acceso equitativo al tratamiento médico, en la mejora de la salud mental y otro conjunto de iniciativas que fomenten la sensibilización social para acabar con el peso de la discriminación aún existente en esta patología”, ha concluido Delgado.
Dos enmiendas del PP: buscar enfoque práctico y diferencial
La senadora del Partido Popular, María Patricio Zafra, ha defendido durante el debate sus dos enmiendas a la moción sobre el VIH, destacando la necesidad de medidas concretas y financiación adecuada para enfrentar la enfermedad y sus consecuencias. En su intervención, Zafra ha criticado que la propuesta original era “calcada” a la presentada por el Partido Socialista la semana anterior. Según ha explicado, las enmiendas del PP buscan aportar un enfoque práctico y diferencial “en beneficio de las personas afectadas”.
“La infección por VIH sigue siendo una enfermedad grave de por vida y sin cura, aunque los avances han permitido que muchas personas puedan llevar una vida plena y de calidad”, ha señalado. Sin embargo, ha subrayado la persistencia de problemas graves como el diagnóstico tardío y la falta de conciencia social sobre el riesgo. “Llegamos tarde para los más de 300 fallecidos y los casi 3.200 diagnosticados en 2023. Llegamos tarde para el 48,7% de pacientes con diagnósticos tardíos y para aquellos que desconocen su estado serológico”, alertó.
Zafra planteó la necesidad de abordar el VIH desde un enfoque integral de salud pública que incluya educación, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento e investigación. “La percepción del riesgo ha disminuido al convertirse en una enfermedad crónica, pero eso ha llevado a un olvido generacional sobre lo que implica esta infección. Es vital recuperar la atención preventiva y educativa, especialmente entre los jóvenes, quienes son un colectivo especialmente vulnerable”, ha afirmado.
La primera enmienda del PP propone campañas informativas dirigidas a jóvenes y grupos de riesgo, orientadas a concienciar sobre la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. En su segunda enmienda, Zafra ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central asegure una financiación estable y suficiente para que las comunidades autónomas puedan implementar estas medidas con garantías. El PP ha mostrado su disposición a alcanzar un acuerdo transaccional que incorpore sus propuestas.
Los otros grupos parlamentarios
Durante su turno de intervención, el resto de grupos parlamentarios presentes en la Cámara han coincidido en la importancia de esta moción para reforzar el diagnóstico, el tratamiento y la lucha contra el VIH.
Así el senador socialista, Pedro Manuel Martín Domínguez ha destacado los esfuerzos realizados por el Gobierno en la lucha contra el VIH, como la implementación del Pacto Social contra la Discriminación (2018), la profilaxis preexposición (2019) y el Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y ETS (2021). También ha subrayado que el enfoque del Ejecutivo ha priorizado la equidad en los tratamientos, la reducción de la carga viral y la prevención, haciendo énfasis en mujeres y personas mayores con diagnósticos tardíos. Martín Domínguez ha celebrado la cooperación con comunidades autónomas y entidades del tercer sector, destacando también la necesidad de incorporar la salud mental y el envejecimiento en la agenda de atención a los afectados. “Queremos avanzar en este asunto en colaboración con la columna vertebral de este país que son las CCAA, y queremos hacerlo de una manera humana, para que además de tratamientos y diagnósticos, se tenga en cuenta la salud mental de los enfermos”, ha señalado Martín.
Por su parte, el senador Fernando Carbonell Tatay del Grupo Mixto (GPMX) ha expresado su compromiso con la mejora de la atención integral a personas con VIH y ha defendido una sanidad pública igualitaria. Ha resaltado además que el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica manejable y ha abogado por normalizar su atención dentro de un modelo sanitario que priorice la salud mental y los cuidados sociosanitarios.
“El VIH es una enfermedad que se ha convertido en crónica y por esa razón debe ser tratada como el resto de patologías que se cronifican”, ha señalado el senador.
Desde el Grupo Plural (GPPLU), su portavoz, Francesc Xavier Ten Costa ha reconocido los puntos positivos de la moción en su exposición, aunque también ha señalado que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas, como la salud pública y la ordenación farmacéutica, enfatizando el caso de Cataluña, donde estas competencias son exclusivas.
Este conjunto de intervenciones refleja un enfoque plural sobre la gestión del VIH, destacando avances en prevención, retos competenciales y propuestas de atención integral.
La senadora Nerea Ahedo Ceza, del Grupo Parlamentario Vasco, en su turno de intervención ha expresado que a pesar de estar de acuerdo con la mayor parte de la moción, ya que “sus objetivos son relevantes, como son garantizar el acceso a innovaciones, eliminar el estigma, promover la profilaxis preexposición y avanzar hacia la universalidad del tratamiento en 2030”, también es cierto “ha continuado que esta propuesta se enmarca dentro de un modelo de intervención en que elementos como la detección precoz, el tratamiento recaen en competencias propias de las comunidades autónomas. “Por eso vamos a abstenernos”, ha puntualizado.
Proposición de ley que protege a los donantes vivos
Por otra parte, el Pleno del Senado ha aprobado una enmienda a la Proposición de Ley propuesta por el Partido Socialista y que ya fue aprobada en el Congreso, para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos o tejidos para su posterior trasplante, de la que se dará traslado al Congreso.
La nueva normativa establece un marco específico de protección social y económica para los donantes vivos, incluyendo permisos laborales retribuidos y subsidios que cubren las necesidades previas, durante y después de la intervención quirúrgica. Según destacaron los parlamentarios, estas medidas buscan fortalecer la confianza en el sistema nacional de trasplantes y fomentar estos actos altruistas.
Pasión Gádor Romero García, senadora del PSOE, ha destacado que la ley dignifica a los donantes vivos al mejorar su situación laboral y personal, además de fomentar la donación al ofrecerles una cobertura integral. Por su parte, María del Rocío Divar Conde del PP ha subrayado que España es líder mundial en donación y trasplantes, con cifras récord en 2023, y ha celebrado el acuerdo alcanzado entre todos los partidos.
La senadora Nerea Ahedo del Grupo Parlamentario Vasco ha hecho hincapié en la importancia de garantizar que los donantes no sufran perjuicios laborales, como el descuento de vacaciones o la falta de bajas justificadas, una situación que aún ocurre en algunos casos. Finalmente, Xavier Ten Costa del Grupo Plural ha considerado que la proposición, aunque tardía, es necesaria para establecer una seguridad jurídica y económica adecuada para los donantes altruistas.
Este acuerdo se considera un paso importante para reforzar el sistema de trasplantes en España y garantizar la protección y dignificación de aquellos que realizan este acto de generosidad.
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