El Senado ha aprobado hoy una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular (PP) que insta al Gobierno a tomar medidas urgentes para garantizar el respeto y la transparencia en el proceso de homologación, convalidación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros en España. Este proceso ha sido objeto de numerosas críticas, debido a la falta de transparencia, los retrasos injustificados y la imposibilidad de los ciudadanos extranjeros para ejercer sus profesiones de manera adecuada.
Una medida que beneficia en gran medida al sector sanitario, debido a la falta de profesionales que padecen algunas comunidades autónomas. En este sentido, el PP ha alegado que muchos de estos profesionales se ven obligados a ocupar puestos de trabajo para los que están sobrecualificados, lo que agrava la escasez de especialistas en sectores clave, como el sanitario.
En la intervención de la senadora del PP, Elena Castillo, se expuso la frustración que sienten miles de solicitantes ante la lentitud del proceso: "Actualmente, son miles los ciudadanos extranjeros que están pendientes de estas resoluciones, lo que les impide ejercer su profesión, ocupando puestos para los que están sobrecualificados", señaló. Además, criticó la falta de información clara y la insuficiencia de los canales de comunicación con el Ministerio de Universidades, destacando que, a pesar de las promesas de agilidad, muchos solicitantes siguen sin recibir respuestas concretas a sus dudas.
A pesar de que el Gobierno ha anunciado la implementación de tecnologías de automatización e inteligencia artificial para agilizar el proceso, con el objetivo de resolver más expedientes en menos tiempo, las críticas persisten debido a la falta de criterios claros para la entrada y resolución de los expedientes, lo que ha contribuido a la arbitrariedad y la falta de transparencia en todo el procedimiento. Castillo insistió en la necesidad de una mejora urgente en la atención a los solicitantes y propuso la creación de un sistema de orientación efectivo para reducir la incertidumbre que viven quienes esperan la resolución de sus expedientes.
Desde Esquerra Republicana de Cataluña, el senador Joan Josep Queralt abordó el problema desde una perspectiva territorial, acusando al Gobierno de injusticia jerárquica y territorial en el proceso de homologación: "Lo que me parece claro es que en algunas comunidades autónomas se están resolviendo expedientes mucho más rápido que en otras, lo que muestra una clara desigualdad", afirmó. El senador también señaló que la homologación debe ser gestionada de manera eficiente, sin que los criterios de territorialidad influyan en los tiempos de resolución, y que la transferencia de las competencias de homologación a las comunidades autónomas sería una solución más justa y eficiente.
Por otro lado, la senadora del PSOE, Eva María Redondo, defendió los esfuerzos del Gobierno para mejorar el proceso. Durante su intervención, destacó los avances alcanzados en la resolución de expedientes: "En 2023 se resolvieron más de 27.000 expedientes, y en 2024, la cifra aumentó a 40.000. Este año, esperamos resolver alrededor de 80.000 expedientes, lo que supone un gran esfuerzo por parte del Gobierno para mejorar la capacidad de resolución", explicó Redondo. Además, subrayó que las reformas implementadas, como el Real Decreto de 2022, han permitido una simplificación del proceso y una mayor transparencia, especialmente en la digitalización de la solicitud y la mejora en los tiempos de tramitación.
Sin embargo, Redondo también reconoció que la homologación de títulos es un proceso complejo, que varía dependiendo del país de origen del título y de la normativa aplicable. A pesar de las críticas, defendió que el Gobierno está comprometido en seguir mejorando el sistema y en resolver las dificultades que enfrentan los solicitantes. "Sabemos que la inmigración nos enriquece y, por ello, debemos garantizar que aquellos que desean trabajar en España puedan hacerlo sin barreras burocráticas", concluyó la senadora del PSOE.
La moción presentada por el PP también pide la publicación semestral de informes detallados sobre el estado de los expedientes, diferenciando entre los que han sido evaluados y los pendientes de evaluación. Además, se exige que el Gobierno implemente medidas para garantizar la transparencia de la información publicada en el sitio web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. "Es necesario que los solicitantes puedan conocer en todo momento el estado real de sus expedientes y que el proceso sea lo más transparente posible", insistió Castillo López.
En este contexto, la moción también subraya la importancia de avanzar en el reconocimiento de los títulos universitarios entre países iberoamericanos, tal como se acordó en la Cumbre Iberoamericana de 2024. Una medida aprobada que podrá dotar de más profesionales a las regiones con mayor déficit de sanitarios. La aprobación se hizo efectiva tras registrar 19 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones.
