La portavoz en Sanidad de Sumar, Alda Recas, ha llevado al Congreso español la propuesta de integración de los colectivos pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) en el Sistema Nacional de Salud (SNS), con los correspondientes recursos monetarios establecidos por la Estadística del Gasto Sanitario Público. La propuesta ha generado un tenso intercambio de posturas entre los diferentes grupos parlamentarios, entre las que destacan las de PP y Vox que han decidido rechazarla.
La portavoz del grupo parlamentario Sumar expresó su firme apoyo a un sistema público y universal, destacando que la propuesta busca avanzar hacia un modelo sanitario más igualitario. Recas fue clara, alegando que «ha llegado el momento de que todos los grupos parlamentarios» se posicionen «claramente». A ello, añadió si es mejor seguir «dando más y más dinero público a aseguradoras cada vez menos rentables». De este modo, en su intervención hizo un llamamiento a dejar atrás los modelos heredados y a apostar por un sistema sanitario donde la atención primaria sea el eje vertebrador para todos los ciudadanos. También, añadió que la incorporación de los mutualistas debe realizarse de forma progresiva, calculada en un 2% de la población total, lo que permitiría una transición efectiva.
Por su parte, Vox mostró su escepticismo respecto a la propuesta, argumentando que el modelo sanitario actual para los mutualistas ha sido eficiente durante años. En concreto, el portavoz del grupo parlamentario, Tomás Fernández Rios, ha afirmado que si el objetivo es «un sistema sea sostenible a largo plazo», la propuesta «tiene aspectos interesantes», pero «genera dudas». También, Fernández Rios ha destacado que la integración de más de 1,5 millones de beneficiarios podría generar una carga insostenible para un sistema público «ya sobrepasado». A su juicio, este cambio no garantizaría una mejora sanitaria, sino que podría generar inconvenientes en términos de calidad y recursos disponibles: «Añadir más de 1 millón y medio de beneficiarios, necesidad de salud, supondría una carga que ahora mismo ya está sobrepasado la lista de espera». De este modo, Fernández Rios criticaba la falta de claridad sobre cómo se gestionaría esta integración sin afectar la atención de calidad.
En cambio, el PSOE si se lanzo a aceptar la propuesta. Su portavoz, Carmen Martínez, intervino para defenderla, destacando que el Gobierno ha logrado importantes acuerdos en la renovación de los contratos de aseguradoras de Muface. En su intervención, Martínez subrayó que «el Gobierno ha hecho un gran trabajo y ha conseguido un acuerdo razonable que permite seguir garantizando la asistencia durante tres años más», refiriéndose a los recientes acuerdos para continuar con los servicios de asistencia a los mutualistas. Además, apuntó que «la inversión pública en sanidad ha aumentado», acercándose al 7% del Producto Interior Bruto (PIB), y que, en su opinión, el refuerzo del sistema público debe acompañar la integración de los mutualistas de manera progresiva.
En cuanto a la gestión del gasto y la eficiencia, Carmen Martínez defendió que los fondos destinados al sistema público permitirán mejorar la atención, especialmente en cuestiones como las listas de espera. «El informe de la IDF plantea disfunciones y cuestiones a mejorar que habrá que abordar en el corto y en el largo plazo», afirmó, y destacó los esfuerzos del Ministerio de Sanidad en reforzar y modernizar el SNS.
Por otro lado, el portavoz del PP, Rafael Belmonte, criticó la propuesta desde una perspectiva ideológica, acusando al Gobierno de tratar de destruir un modelo que ha funcionado bien durante años. «El problema real es que no es un Gobierno, es un conjunto de intereses partidistas de mantenimiento del poder», señaló, atacando las contradicciones dentro del Ejecutivo. Según Belmonte, la integración de los mutualistas al SNS podría generar incertidumbre y angustia entre los beneficiarios. En toda su intervención, el portavoz del PP dejó clara su postura: «no van a conseguir quitar un modelo que funciona con la libertad de elección».
Respecto a ello, Belmonte insistió en que el modelo mutualista permite a los ciudadanos elegir entre el sistema público o privado, algo que desaparecería con la integración. «La libertad de elección se impondrá siempre», defendió, sugiriendo que el sistema público debe mejorarse sin destruir lo que ya funciona. «No soportan que las personas puedan elegir algo que ustedes no controlen», añadió, criticando lo que percibió como un ataque ideológico al modelo sanitario actual.
En este sentido, el debate ha dejado claro que existen posturas encontradas sobre cómo debe evolucionar el sistema sanitario español. Mientras algunos defienden la integración de los mutualistas como una medida para fortalecer la sanidad pública, otros advierten sobre los riesgos de sobrecargar un sistema ya tensionado. Finalmente, han sido tres votos a favor y 29 en contra los resultados que han evitado que la propuesta se haga efectiva.
