La Comisión de Sanidad del Senado ha tramitado una "enmienda de modificación" firmada por el Partido Popular y "suscrita" por el Partido Socialista (PSOE), Junts Per Catalunya, PNV y el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal. La Mesa la ha aprobado y, con esa enmienda ya incorporada, se ha debatido la moción para reclamar que "Vigo, Ciudad Real y Girona" vuelvan "de manera definitiva y a partir de la siguiente convocatoria" al esquema de sedes de las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada, apelando a la "descentralización, accesibilidad y equidad" en el acceso. Vox, sin embargo, no ha firmado la enmienda.
En la presentación de la iniciativa, la senadora del PSOE, María del Carmen Silva, subrayó el carácter "no localista" de la moción y defendió que la decisión sobre sedes debe incorporar criterios de "equidad territorial", "accesibilidad" y "cohesión". Explicó que Vigo fue sede desde 2021 —inicialmente por la pandemia— pero que, una vez superada esa situación, "se demostró con los hechos" que reunía "condiciones organizativas, logísticas y de seguridad" para seguir siéndolo. Aportó además un dato de impacto: en la última convocatoria, "549 aspirantes gallegos" hicieron el examen en Vigo, "casi el 30% del total de Galicia", evitando "desplazamientos innecesarios" y "costes añadidos", y celebró el acuerdo alcanzado a partir de la enmienda del PP para incluir también a "Girona y Ciudad Real".
El senador de Vox Fernando Carbonell, pese a reconocer que Vigo "ha demostrado" capacidad organizativa e infraestructuras suficientes, centró su intervención en lo que, a su juicio, la moción "no dice": las incidencias del último MIR. Citó "retrasos", "incidencias técnicas" y "quejas generalizadas", y sostuvo que "la prioridad no es dónde se hace el examen", sino "cómo se organiza, cómo se gestiona y con qué garantías se desarrolla". Para Fernando Carbonell, el debate sobre sedes llega "más a una lógica de oportunidad política" que a una "verdadera política sanitaria".
La senadora del PSOE, María del Carmen Silva, replicó que estaba "sorprendida" porque la enmienda de Vox "nada tiene que ver" con lo planteado y señaló que, si el grupo estaba tan preocupado por "cómo se realizan" las pruebas MIR, podría haber presentado una enmienda en esa dirección. Añadió que la enmienda de Vox buscaba que desapareciera una parte del petitum vinculada a la "cohesión territorial" y apuntó que Vox estaba "incómodo" por "no haber firmado la transaccional" pese a haber tenido "la oportunidad".
En el debate, la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, avanzó que su formación votaría a favor por "equidad" en el acceso a una prueba estatal que "condiciona la vida profesional" de miles de jóvenes sanitarios, y respaldó la transaccional que incorpora "Ciudad Real" y "Girona". La senadora del PNV Nerea Ahedo expresó su apoyo, aunque dijo sentirse "con el corazón partido" entre la descentralización y el respeto a las decisiones autonómicas, y valoró que el texto hable de "valorar" incluir.
El senador de Junts Per Catalunya, Francesc Ten i Costa, justificó el voto favorable por la inclusión de "Girona" y aprovechó para reclamar que los exámenes puedan responderse en catalán. Finalmente, el senador del PP, José Manuel Aranda, reivindicó que la inclusión de sedes fue impulsada por su grupo y, aunque respaldó el acuerdo, dedicó su intervención a denunciar el "caos del MIR 2026", citando dimisiones, impugnaciones y dudas sobre las garantías del proceso. Finalmente, la iniciativa salió adelante con 29 votos a favor y uno en contra.
El PP ya catalogó la supresión de estas tres ciudades como "una discriminación"
El Partido Popular ya había llevado al Congreso una iniciativa para reclamar una "auditoría externa, exhaustiva e independiente" sobre la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada 2025/2026, tras considerar que el proceso había estado "plagado de incidentes" y que se habían vulnerado principios básicos de "transparencia y previsibilidad". En esa misma iniciativa, los populares denunciaron también la supresión de estas tres ciudades (Vigo, Girona y Ciudad Real) como sedes FSE, al entender que esta decisión perjudicaba a los aspirantes al obligarles a desplazarse a otros territorios para realizar la prueba: "Constituye una discriminación y perjudica directamente a los aspirantes, que tendrán que desplazarse más lejos para poder examinarse".
