Una Unidad de la Policía Judicial se personó el pasado viernes en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para proceder a «la clausura y precinto de las plantas -4 y 5», según el comunicado interno remitido por el director científico en funciones, Fernando Peláez, a los trabajadores al que ha tenido acceso Gaceta Médica. La actuación, comunicada a los trabajadores a última hora de la jornada, ha generado desconcierto entre parte de la plantilla, especialmente por la referencia a una planta quinta cuya existencia muchos aseguran desconocer.
Fuentes consultadas por Gaceta Médica resumen así el clima vivido en el centro tras conocerse la clausura y precinto de una desconocida ubicación: «No tenemos ni idea. Todo el mundo está preguntando». En este sentido, las mismas fuentes añaden a este periódico que los trabajadores desconocían la presencia de almacenes y de la planta quinta: «No sabíamos que había almacenes allí. Mucha gente no sabía ni que había planta quinta. Nuestro ascensor acaba en la planta cuarta». En este sentido, también añade que la planta -4 corresponde a una parte del parking (ubicado también en la planta -3), y que los trabajadores «no sabían que había almacenes ahí».
La sorpresa entre los trabajadores coincide con un momento de especial sensibilidad en la gestión del centro. Según fuentes del CNIO consultadas por este periódico, el Patronato acordó, tras una reunión celebrada el 9 de marzo, «que Fernando Peláez, actual director científico en funciones, tenga poder de firma». Una decisión que justificaban como necesaria para «mantener con normalidad las tareas administrativas cotidianas, como la aprobación de pedidos o pago de nóminas», dejando claro que quedaban «excluidas, sin embargo, las grandes contrataciones».
En este contexto, las fuentes consultadas aseguran a Gaceta Médica que, aunque existe un acuerdo marco para poder llevar a cabo compras por parte del centro que finaliza al término de este mes, desde la Dirección no se ha notificado que se «haya parado» la tramitación del «poder de firma» del actual director científico en funciones para poder, entre otras cuestiones, proceder a la prórroga de este tipo de contratos.
Qué ocurrió el pasado viernes
El correo interno enviado por Peláez a la plantilla al que ha tenido acceso este periódico detalla que una Unidad de Policía Judicial clausuró y precintó los almacenes situados en la planta -4 y 5 del edificio del CNIO. En ese mismo mensaje, la dirección trasladaba que la Fiscalía era quien había «requerido» la notificación del hecho y la comunicación de la directriz de «prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo apercibimiento de responsabilidad penal individual» a todos los trabajadores del centro.
El comunicado también contemplaba un procedimiento excepcional en caso de necesidad urgente de material ubicado en la planta clausurada. En concreto, señalaba que, en este caso y «para garantizar la continuidad del servicio público, la Dirección del Servicio deberá solicitarlo previamente a la Dirección del centro», que, tras ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, «podrá autorizar su extracción bajo supervisión e identificación individual del efecto retirado».
Peláez cerraba su mensaje con una llamada a la cautela ante la investigación en curso, dejando claro que «solo las autoridades policiales y judiciales están capacitadas para determinar posibles responsabilidades en su momento».
