El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto para recuperar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud de las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, una medida con la que el Gobierno busca revertir la exclusión administrativa abierta en 2012 y reforzar la cobertura sanitaria pública.
La decisión ha provocado una inmediata reacción del Partido Popular, que reivindica que "la sanidad española debe atender a quien lo necesite" y que "nadie debe quedarse sin atención sanitaria", al tiempo que marca distancias con el contenido de la norma. Fuentes del PP sostienen a Gaceta Médica que una cosa es "garantizar asistencia" y otra "convertir la irregularidad en un derecho", y acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "confundir deliberadamente ambas cosas" por partir, a su juicio, de una política migratoria que considera "normal" la presencia de personas en situación irregular en España.
En ese mismo argumento, el PP vincula la aprobación del decreto con la situación del sistema sanitario y denuncia que el Gobierno pretende "ampliar derechos" mientras "bloquea y tensiona un sistema sanitario que ya está al límite, con listas de espera disparadas, profesionales saturados y comunidades autónomas asumiendo en solitario el peso de la gestión". Los populares enmarcan esta medida en "dos de los grandes problemas del sanchismo": "La falta de control sobre la inmigración irregular y el deterioro progresivo de nuestros servicios públicos".
Las mismas fuentes insisten en que "España siempre será un país que atiende a quien lo necesita", pero advierten de que "lo que no puede hacer un gobierno responsable es normalizar la irregularidad y, además, convertirla en un derecho mientras colapsa el sistema sanitario de todos". A ello añaden dudas sobre la financiación de la medida y cargan contra el Ejecutivo por impulsar "nuevas prestaciones sin planificación ni financiación", preguntándose si ha consultado "a sus socios parlamentarios este nuevo gasto para las comunidades autónomas".
El PP eleva además el tono político al exigir a Sánchez y a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "dejen de utilizar el Ministerio de Sanidad como herramienta electoral y la Sanidad como campo de batalla". En su mensaje, reclaman centrar el debate en "los problemas reales del sistema": "Más profesionales, financiación suficiente y planificación para garantizar una sanidad pública de calidad en toda España".
Frente a esas críticas, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la aprobación del real decreto en su cuenta de X con un mensaje rotundo: "Recuperamos la universalidad en nuestra sanidad. Acabamos con la exclusión administrativa abierta en 2012. Frente a la ola del odio, garantizamos el derecho a la salud para todos. Solo podemos cuidarnos si lo hacemos como sociedad". La titular de Sanidad enmarca así la medida como una recuperación de derechos y como una respuesta política frente a los discursos de exclusión.
Abascal carga contra "el decretazo"
Desde Vox, la reacción llegó de la mano de su presidente, Santiago Abascal, que denunció en Astorga "el decretazo por el que se va a facilitar aún más la ayuda y la asistencia sanitaria total a todos los inmigrantes ilegales". Según trasladó su partido, el líder de Vox situó esta decisión en un contexto "en el que faltan médicos, en el que faltan sanitarios, en el que hay listas de espera, en el que aquellos jóvenes que se han formado como médicos o como enfermeras tienen que irse fuera de España a trabajar".
Abascal sostuvo además que, mientras muchos españoles tienen dificultades para acceder a la sanidad, "va a ser más fácil para los ilegales tener un acceso fácil, un acceso rápido y mejor a la sanidad que para los españoles cuando cambian de comunidad autónoma". En su intervención, acusó al Ejecutivo de querer abrir "las puertas de los hospitales de España para toda África" y vinculó esta medida con un "efecto llamada brutal de la invasión migratoria" y con un supuesto "efecto expulsión de los españoles" de barrios, pueblos y ciudades. Como respuesta, defendió "un cambio de 180 grados" en política migratoria, con repatriaciones, deportaciones y procesos de "remigración" para quienes, según dijo, viven de ayudas sociales.
"La sanidad universal es justicia. Y punto"
En este contexto, García endureció su respuesta en otro mensaje dirigido a Santiago Abascal, al que contestó: "No, señor xenófobo y racista. Lo que es un 'crimen' es no atender a pacientes por su origen o su color de piel". En ese mismo texto, García añadió que "lo que es un 'crimen' es lo que hace el ICE en EEUU o tu amigo Netanyahu en Palestina" y defendió que lo que hace el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad es "dar dignidad y seguridad a la gente frente a vuestro odio y vuestras guerras ilegales".
En la misma línea se expresó el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, también en X, en respuesta al líder de Vox. "Crimen es tener inmigrantes currando de temporeros sin contrato y tirar su cadáver en la puerta de un hospital cuando mueren trabajando, como hizo un apoderado de Vox", afirmó. Y remató su mensaje con una defensa cerrada de la norma: "La sanidad universal es justicia. Y punto".
