La Alianza Mundial de Profesiones de la Salud (WHPA, por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado en el que alerta de una “preocupante y sostenida escalada de violencia, intimidación y persecución contra los profesionales de la salud en múltiples regiones del mundo, una tendencia que se ha intensificado desde la pandemia de COVID-19 y que ahora amenaza la seguridad de quienes prestan asistencia tanto en entornos de conflicto como en situaciones de disturbios civiles”.
De acuerdo con la denuncia de la alianza, determinados informes de varios países ponen de manifiesto ataques contra los profesionales sanitarios, entre los que se incluye el uso indebido de las instalaciones sanitarias, “ya sea en situaciones de conflicto armado o durante protestas civiles. Los profesionales sanitarios de Siria, Sudán, Irán, Ucrania y Gaza, entre otros, se enfrentan a violencia, arrestos, detenciones y acoso simplemente por tratar a pacientes y cumplir con sus obligaciones éticas”.
WHPA ejemplifica con Irán, donde los recientes disturbios populares han provocado “riesgos para los sanitarios mientras intentan prestar una atención imparcial. En las zonas de conflicto y de disturbios civiles, los hospitales y las clínicas han sido dañados, saqueados o militarizados, y el personal médico ha sido objeto de ataques dentro de las instalaciones sanitarias”.
Howard Catton, presidente de la alianza, quiso expresar su preocupación por la escalada de amenazas a las que se enfrentan los profesionales sanitarios en todo el mundo: “Los profesionales sanitarios nunca deben convertirse en objetivos. Su única misión es atender a los enfermos y heridos, guiándose por principios éticos y normas profesionales. Los profesionales sanitarios se ven obligados a actuar en una situación imposible, en la que prestar una atención ética puede acarrearles el arresto, la violencia o incluso algo peor. Cuando se persigue a quienes prestan asistencia por hacer su trabajo, se socavan los cimientos mismos de los sistemas de salud y se niega a poblaciones enteras el acceso a servicios que salvan vidas”.
De esta forma, la asociación mundial destaca que los sanitarios tienen tanto el derecho como el deber de prestar asistencia, “sin discriminación y sin interferencias de las autoridades estatales o los grupos armados. El derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos son inequívocos en cuanto a la protección de la neutralidad de la práctica médica y la inviolabilidad de las instalaciones sanitarias. Sin embargo, estos principios se están violando sistemáticamente, con consecuencias devastadoras tanto para los trabajadores sanitarios como para las comunidades a las que prestan servicio”.
Por tanto, la alianza hace un llamamiento a todas las partes implicadas en conflictos y a los gobiernos para que “liberen de forma inmediata e incondicional a los trabajadores sanitarios detenidos únicamente por cumplir con sus responsabilidades profesionales y garanticen condiciones de trabajo seguras para el personal sanitario”.
Por otra parte, Catherine Duggan, presidenta de la alianza y directora ejecutiva de la FIP, firmó, en nombre de los miembros de WHPA, una carta abierta en la que se urge a garantizar la protección a los profesionales sanitarios en todas las zonas en conflicto. Los firmantes de la misiva “nos unimos para expresar nuestra grave preocupación y nuestra firme condena de la escalada de violencia dirigida contra los centros y el personal sanitarios en diversas regiones del mundo. En las zonas de conflicto, aunque los profesionales sanitarios puedan encontrarse prestando asistencia a personas afectadas de bandos opuestos, nuestro compromiso sigue siendo con nuestros pacientes: los enfermos, los heridos y los que se encuentran en situación de extrema necesidad”.
En el texto se incide en que los profesionales, “defensores de la cobertura sanitaria universal con independencia de afiliaciones o creencias políticas, abogamos firmemente por el respeto absoluto de la neutralidad en la prestación de asistencia sanitaria. Salvaguardar los centros y el personal sanitarios de cualquier daño no es sólo un imperativo moral, sino una obligación legal consagrada en el derecho internacional humanitario.”
Cualquier uso indebido de las instalaciones sanitarias y las ambulancias con fines militares, continúa Duggan, está prohibido “y es totalmente inaceptable. Colocar los centros y el personal sanitarios en la línea de fuego durante los conflictos no sólo es inaceptable, sino también injustificable. Los hospitales, las ambulancias y el personal sanitario nunca deben ser un objetivo. Recordemos que los profesionales sanitarios nos dedicamos a tratar a los heridos y enfermos sin prejuicios y con absoluta neutralidad. Estamos obligados por nuestros códigos deontológicos a hacerlo, a pesar de los riesgos para nuestra seguridad personal”. Este deber humanitario “fundamental exige un mínimo de respeto, honestidad y paz. De ahí que pidamos a todas las partes implicadas en conflictos que respeten incondicionalmente todos los aspectos del derecho humanitario”, concluye.
